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Piden investigar a Cristina por insolvencia fraudulenta

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Cristina Kirchner será investigada por “insolvencia procesal fraudulenta”, por la cesión de bienes por 77 millones de pesos que hizo en 2016 a favor de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. El fiscal Carlos Stornelli dio lugar a una denuncia formulada contra la ex Presidenta, que pone bajo sospecha su jugada financiera familiar, y según la cual desprenderse de su patrimonio, “fue una estrategia para insolventarse frente a las medidas cautelares en diversas causas”.

En campaña para lograr una banca en el Senado, la ex mandataria debe presentar su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su carácter de candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Después de la millonaria cesión de bienes a sus hijos, será su declaración de bienes más austera desde que llegó al poder.

La ex jefa de Estado cuenta con embargos judiciales en tres causas diferentes, que suman 10.145 millones de pesos. Además, tiene una inhibición general de bienes a su nombre, y dos de sus empresas familiares se encuentran con interventores y veedores informantes de la AFIP.

Ahora se inicia una nueva investigación se inicia respecto a los bienes de la ex mandataria. En esta oportunidad no por el incremento de su fortuna desde que llegó a la Casa Rosada (según las declaraciones juradas, en 2003 el matrimonio Kirchner tenía sólo 6.851.810 pesos, y se retiró del poder con 77 millones), sino por desprenderse de su patrimonio, donando todo a sus hijos procesados junto a ella por asociación ilícita y lavado de dinero.

Ayer, el fiscal Carlos Stornelli firmó un requerimiento de instrucción para que se investigue a la candidata a senadora por “insolvencia fraudulenta”, y se analice el “presunto traspaso de bienes, cuentas bancarias y acciones societarias por parte de la ex Presidenta para evitar responder a los embargos trabados en los expedientes penales”.

La causa que ahora impulsa el fiscal se inicia con la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lome, en la que se plantea que esta cesión de bienes “buscaría sólo eludir las medidas judiciales dispuestas en diferentes causas”.

Al respecto, Stornelli pidió que los demás juzgados en los que está siendo investigada Cristina informen si “cedió, donó, vendió o de cualquier forma dejó de poseer bienes muebles, inmuebles, dinero, títulos y acciones a fin de no responder con el embargo” que dictó el juez Claudio Bonadio en la causa conocida como dólar futuro.

El año pasado, cuando Bonadio procesó a la ex Presidenta por “administración infiel con perjuicio al Estado”, le trabó un embargo de 15 millones de pesos. Entonces, argumentó que no tenía con qué responder a dicha medida cautelar: toda su riqueza fue cedida en partes iguales a sus hijos. Con la decisión del fiscal, se investigará si esta maniobra fue una “insolvencia fraudulenta”.

Antes de retirarse de la Casa Rosada, Cristina declaró un patrimonio de 77.303.100,23 pesos: 13 millones más que el período anterior. Sus bienes se componían de 26 inmuebles (casas, terrenos fiscales, departamentos) valuados en 15.516.730 pesos.

Tenía posesión de un vehículo Honda de 155.000 pesos. Además, siete plazos fijos por 39.878.273 pesos. Y, según declaró, en efectivo sólo tenía 120.000 pesos. Sus participaciones en las tres firmas familiares Hotesur (dueña del hotel Alto Calafate), Los Sauces SA (investigada por lavado de dinero) y Co Ma SA fue valuada entonces en 13.338.673 pesos.

No es la primera vez que la determinación de desprenderse de su patrimonio despierta sospechas en la justicia. La diputada Margarita Stolbizer denunció sus sospechas en la causa Hotesur, y eso impulsó que el juez Julián Ercolini embargue más de 5 millones de dólares que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad de la sede porteña del Banco Galicia.

 

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La Legislatura y el CURZA avanzan para concretar actividades y tareas conjuntas

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Autoridades y docentes del Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue se reunieron con el vicegobernador Pedro Pesatti para avanzar en diferentes propuestas en conjunto.

Teresa Varela, profesora y codirectora del doctorado en Estudios Políticos y Culturales de esa casa de estudios, manifestó tras el encuentro que “la idea principal es tratar de fortalecer vínculos entre ambas partes”.

“Deseamos ofrecer todos nuestros espacios y recursos humanos para generar propuestas en conjunto de formación y capacitación a los empleados de la Legislatura rionegrina”, añadió.

Varela, quien además es la directora del CEAP (Centro de estudios y análisis político), dijo que “vinimos a contarle a Pesatti en qué consiste nuestro doctorado, el primero en el país de estas características”.

Mencionó que dicha especialización “tiene como fin ser un espacio de formación para nuestros graduados y graduadas” y resaltó que al ser presencial y virtual brinda la posibilidad que participen estudiantes de otros puntos de Argentina e, incluso, del exterior.

Agregó luego que con la Legislatura “podemos generar actividades en conjunto, como la publicación de libros, charlas y conferencias”.

El próximo paso será la elaboración de un borrador del convenio, que comprenderá -entre otras cosas-el armado de un manual de historia política para las escuelas secundarias.

No quedó fuera de la reunión el abordaje de la situación presupuestaria que atraviesa la UNCo, como todas las universidades públicas del país.

Al respecto, la Magister Mahuén Gallo, docente del departamento de Estudios Políticos y becaria del CONICET, brindó algunos detalles de las actividades que desarrollan, en el marco de un paro de 48 horas que se propuso desde el Frente Intersindical Universitario.

Describió que “se llevaron a cabo clases públicas en el CURZA (Viedma), donde hubieron más de 10 comisiones de distintas carreras, que establecieron los siguientes pasos en defensa de la universidad pública”.

Contó Gallo que el CURZA “data de 1972 y tiene una fortaleza territorial impresionante en nuestra provincia y Neuquén”.

Finalizó diciendo que “alberga a una gran mayoría de primera generación de estudiantes, lo que significa que son los primeros universitarios de sus familias, dando cuenta de lo importancia que es eso para la movilidad social ascendente”.

Participaron de la reunión Luciano Raggio, Director del Departamento de Estudios Políticos (Curza); Pedro Dall’ Armellina, Hernán Pose Doctorando y Antonela Garilli, todos integrantes del Departamento de Estudios Políticos y del Centro de Estudios y Análisis Políticos.

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Provincia brinda talleres para fortalecer los Consejos Locales de Seguridad

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Se desarrollaron talleres en Villa Regina y en Choele Choel con el objetivo de constituir un espacio de intercambio de saberes, experiencias y capacitación permanente desde una perspectiva de seguridad ciudadana, promoviendo metodologías de intervención en el campo de la seguridad pública de acuerdo las características de cada localidad.

A través de un trabajo en cojunto entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno provincial continúa implementando el programa de fortalecimiento para los Consejos Locales de Seguridad mediante diferentes capacitaciones.

En este contexto, el primer taller se hizo en Villa Regina, encabezado por la presidenta del IPAP, Juana Benitez y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo. También participaron el director de la delegación de Prevención del Delito de General Roca, Dario Buonaventura, el coordinador académico del IPAP, Hugo Villca, la referente de la cartera de Prevención del Delito, Mónica Navarrete, la presidenta del Concejo Deliberante de Villa Regina, Patricia Lacialanda, como así también, los miembros del Consejo Local, referentes municipales, autoridades policiales, jefes zonales y representantes de organismos públicos, privados, ONG.

En el caso de la ciudad de Choele Choel, el taller se llevó adelante con una gran convocatoria. Se contó con la participaron del Secretario de Promoción Ciudadana, Javier Lefinau, además de las autoridades policiales, municipales, referentes de Justicia, Juzgado de Faltas, Concejo Deliberante, Sociedad Rural, Bomberos, Hospital Local, personal del Ministerio de Educación provincial, entre otros integrantes del Consejo de Seguridad de la localidad.

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Buscan crear un régimen especial de contribución por mejoras derivadas de obras públicas

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Los legisladores, Facundo López y Gustavo San Román (JSRN) presentaron un proyecto de ley que crea un Régimen especial de contribución por mejoras en la Provincia de Río Negro.

Las obras públicas aumentan el valor de los inmuebles, como por ejemplo la pavimentación o cloacas. En este sentido, este proyecto buscar ser una herramienta de planificación de políticas públicas permitiendo que el Estado recupere la valorización, siempre y cuando se respeten los principios constitucionales básicos en materia tributaria.

“La obra pública es un elemento esencial de la actividad estatal, ya que constituye una herramienta fundamental para abordar las diversas necesidades que afectan a las regiones y comunidades, que se enfrentan a una serie de desafíos vinculados a su crecimiento, planificación, desarrollo e integración. La obra pública también juega un papel clave en el desarrollo social, especialmente cuando forma parte de políticas de inclusión y cobertura de servicios esenciales, destinadas a las personas más vulnerables desde el punto de vista económico y social”, señala el texto.

Según el texto del proyecto, “la obra pública es un pilar esencial de la actividad estatal, siendo fundamental para abordar diversas necesidades regionales y comunitarias relacionadas con el crecimiento, la planificación, el desarrollo y la integración. Además, desempeña un papel crucial en el desarrollo social, especialmente cuando se incluye en políticas de inclusión y cobertura de servicios esenciales para las personas más vulnerables económicamente y socialmente”.

La propuesta legislativa establece que quienes se beneficien de la valorización de un inmueble debido a la realización de una obra pública específica deberán contribuir con la provincia. Sin embargo, para incluir una obra en este régimen, la Legislatura de Río Negro deberá aprobar una ley que declare su utilidad pública y determine el porcentaje de esta contribución.

Si se aprueba el proyecto que deberá se tratado primero en Comisiones, los fondos recaudados, incluidos los intereses y las sanciones aplicadas bajo este régimen, se destinarán a un fondo específico para financiar nuevas obras en la provincia.

Según datos publicados por el Gobierno Provincial la ejecución de obras públicas en los municipios ha registrado una demanda que se distribuye de la siguiente manera: 24% Obras de pavimento e infraestructura vial; 22% Infraestructura educativa; 15% Infraestructura urbana; 8% Infraestructura eléctrica; 7% Infraestructura deportiva; 7% Infraestructura hospitalaria; 6% Gas; 4% Cloacas; 4% Agua potable; 3% Seguridad.

Es importante destacar que diecisiete países de América Latina ya cuentan con legislación que permite la Contribución por Mejoras.

Brasil es un caso destacado, ya que su Constitución y Código Tributario mencionan explícitamente este tributo y lo regulan detalladamente. El Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) sigue esta misma línea.

A nivel provincial, la contribución por mejoras ha sido legislada en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras. Además, a nivel municipal, este instrumento es ampliamente utilizado, legislado y aplicado a través de ordenanzas especiales o incorporado en los códigos fiscales municipales.

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