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Odebrecht pagó coimas en la Argentina por US$ 35 millones entre 2007 y 2014

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La constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por US$ 35 millones en la Argentina entre los años 2007 a 2014. En ese período se quedó con contratos de obra pública por la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF, además de, entre otros, el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

Odebrecht es una parte clave de la investigación del Lava Jato, que tiene en jaque a la clase política brasileña. El presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, lleva preso ya más de un año. Y su “delación premiada” es la que podría arrastrar a los funcionarios de los gobiernos de Lula Da Silva, Dilma Roussef y el propio presidente Michel Temer. En ese contexto, la compañía aceptó pagar una multa de US$ 3.500 millones en Brasil, Estados Unidos y Suiza. “Odebrecht S.A. anuncia la firma de acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con la Procuraduría General de Suiza para resolución de la investigación sobre la participación de la empresa en la realización de actos ilícitos practicados en beneficio de las empresas pertenecientes al grupo económico”, señaló la compañía en un comunicado.

Según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que trascendió ayer, la empresa reconoce haber pagado coimas sólo en Brasil por 349 millones de dólares a través de su constructora y otros US$ 250 millones con una filial, la petroquímica Braskem.

El mismo documento detalla luego los pagos hechos en otros países, incluyendo Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Con esas coimas, la compañía obtuvo contratos por 12.000 millones de dólares entre 2001 y 2016, señala la misma información.

La mayor coima pagada por la empresa fuera de Brasil fue en Venezuela: fueron “aproximadamente 98 millones de dólares en pagos corruptos para funcionarios de gobierno e intermediarios para obtener o mantener contratos de obras públicas”, señaló el Departamento de Justicia.

En el caso de la Argentina, el mismo infome dice que fueron 35 millones de dólares para obtener contratos por US$ 278 millones en el período 2007-2014, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.Voceros de la empresa en Buenos Aires se negaron a hacer comentarios sobre el tema.

En esos años, Odebrecht realizó la ampliación de la capacidad de Transporte Firme de Gas a lo largo de 15 provincias. Construyó la planta de potabilización de agua de Paraná de las Palmas, para AySA, y una Planta de Reformado Catalítico en la refinería de YPF en Ensenada. El ministro de Planificación Julio De Vido y el secretario de Obras Públicas José López eran quienes verificaban esos contratos. Jorge “Corcho” Rodríguez, más conocido por haber sido novio de Susana Giménez, era el articulador de esos contactos políticos.

Los proyectos de más visibilidad de la empresa en esos años, sin embargo, fueron la construcción de una vía ferroviaria para la mina de Potasio de Río Colorado, Mendoza, de la brasileña Vale, y el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La vía ferroviaria de la mina mendocina nunca se hizo, porque Vale canceló el proyecto por la caída del precio de los minerales. Eso provocó un escándalo en su momento por la cantidad de despidos que hubo, entre ellos los de la constructora.

El soterramiento del ferrocarril Sarmiento es una obra gigantesca, de más de 3.000 millones de dólares. Allí el contratista principal era IECSA, la constructora de Angelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri. Odebrecht tenía una parte menor del consorcio, pero al no conseguirse la financiación para llevar adelante el proyecto, la brasileña gestionó créditos en el banco estatal brasileño BNDS y se quedó con el proyecto. El primer anuncio de la obra corrió por cuenta de Cristina Kirchner, en agosto de 2008. El ex ministro de Transportes Florencio Randazzo se sacó numerosas fotos en las obras durante su gestión. En la actual gestión, Mauricio Macri cambió la forma de financiación de la obra, que ahora paga el Estado, y Calcaterra retomó el control del proyecto.

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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación

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El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.

El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.

La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.

Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.

Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.

Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.

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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro

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El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.

Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.

La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.

El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.

Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.

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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.

Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.

El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.

A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.

Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.

Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.

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