Mahiques impulsa cambios y coloca a Ramírez en la IGJ

El nuevo ministro de Justicia de Argentina, Juan Bautista Mahiques, ha realizado cambios significativos en su cartera, comenzando por la designación de Alejandro “Chule” Ramírez como el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ramírez asumirá el cargo en sustitución de Daniel Vítolo, mientras que Gabriela Zangaro será la nueva líder de la Oficina Anticorrupción, anteriormente a cargo de Alejandro Melik.

Mahiques, quien asumió la cartera el jueves, ha pedido la renuncia de todos los funcionarios políticos, marcando así un nuevo rumbo en la gestión judicial. Con el enfoque en la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, esta reestructuración busca brindar un nuevo impulso a las funciones del ministerio.

Alejandro Ramírez es un abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde también se desempeña como profesor. Su experiencia incluye representación de Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), participando en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

Gabriela Zangaro, la nueva responsable de la Oficina Anticorrupción, trae consigo una sólida trayectoria en el ámbito judicial. Desde 2003, ha ocupado el cargo de jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad de Buenos Aires. Su formación académica, que incluye un doctorado en Derecho Penal, y su experiencia en la Asociación de Magistrados aportan un fuerte componente a su nuevo rol.

Sebastián Amerio, quien fue el número dos del saliente Mariano Cúneo Libarona, también ha sido nombrado para liderar la Procuración del Tesoro, un organismo clave para la representación legal del Estado. Estos cambios reflejan un enfoque en la continuidad y la experiencia en posiciones clave dentro del gobierno.

Con estos nuevos nombramientos, Mahiques busca no solo modernizar la administración de justicia, sino también garantizar un control más riguroso y eficaz en las instituciones que manejan la transparencia y la integridad en el ámbito público. La expectativa es alta respecto a cómo estos cambios impactarán en la percepción pública sobre la justicia en Argentina y su capacidad para combatir la corrupción.