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Macri prepara su reforma laboral con el petróleo como caso testigo

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El presidente Mauricio Macri se puso al frente de una negociación con sindicatos petroleros para reducir los costos laborales de esa industria –que paga los salarios más altos– con vistas a dinamizar inversiones en el negocio hidrocarburífero. La apuesta del mandatario, sin embargo, no se reduce a la energía.
Macri quiere extrapolar los lineamientos generales de ese acuerdo –que contempla la flexibilización de las condiciones de trabajo para elevar la productividad y competitividad– a otras industrias, como la automotriz y la de la construcción. Así lo explicitó esta semana el ministro de Energía, Juan José Aranguren, a los titulares de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, de Pan American Energía (PAE), Marcos Bulgheroni, y de la francesa Total, Jean Marc Hosanski. En concreto, las principales petroleras del país están negociando con Guillermo Pereyra, líder del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de la Cuenca Neuquina, una adenda al Convenio Colectivo de Trabajo para introducir un marco laboral específico para los reservorios no convencionales.
La meta, en términos programáticos, es apalancar las millonarias inversiones que demandará la explotación de Vaca Muerta. En la praxis política, en cambio, se apunta a mostrar un acuerdo con un sindicato poderoso –como el de Pereyra–, que está dispuesto a acompañar un programa de mejora de la competividad argentina. Esa es la agenda que obsesiona a Gustavo Lopetegui, uno de los dos coordinadores de la Jefatura de Gabinete. “El Presidente quiere firmar este acuerdo a más tardar a fines de octubre. La idea es replicarlo en otros sectores”, señaló Aranguren el miércoles en una reunión mantenida con ejecutivos petroleros y representantes sindicales. “El eje es mejorar la producitivdad para el largo plazo”, comentó también el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una reunión con economistas de diversos espacios en las últimas horas.
Documento. Hay un documento que se está discutiendo en Energía. Es un acuerdo de 32 páginas que prevé un fuerte ajuste en los costos de operación en los yacimientos no convencionales, tanto los de Vaca Muerta (shale gas y shale oil) como los de tight gas (de arenas compactas). En los hechos, se eliminarán o reducirán remuneraciones adicionales que cobran los operarios petroleros y se reestructurarán formaciones operativas en pos de ganar eficiencia (se prevé una baja de las dotaciones de personal para equipos de perforación y completación de pozos). En el futuro inmediato, la iniciativa implicará un recorte del personal empleado por la industria y un ajuste de los salarios.
“El foco está en el largo plazo. Con el precio internacional del petróleo en torno a los US$ 50, la explotación de petróleo en Vaca Muerta sólo será rentable si logramos perforar con costos inferiores a los US$ 35 por barril”, explicaron desde una petrolera que participa de las negociaciones.
Macri descuenta que Pereyra –que esta semana fue reelecto por cuatro años al frente del gremio neuquino (que conduce desde 1984)– terminará firmando el nuevo convenio colectivo. “Al final de su carrera no se perderá la chance de quedar como el sindicalista moderno que destrabó con un gesto patriótico el desarrollo de Vaca Muerta”, confió un colaborador que lo conoce bien. Las partes volverán a verse el viernes que viene en Energía para intentar cerrar los puntos sobre los que aún existe discusión. No hay certezas sobre la viabilidad de la aplicación del acuerdo. “Por más que Pereyra firme, no será fácil que las bases del gremio acepten un recorte de sus salarios ni que haya despidos”, comentó un ejecutivo del sector.
Cambios. Pereyra aceptó eliminar las “horas taxi” que cobran los trabajadores por el traslado entre la ciudad y los yacimientos. La adenda prevé contratos de trabajo a plazos determinados con posibilidad de suspensión o cancelación en caso de que el proyecto lo demande. Se busca instalar un esquema similar al utilizado en la industria de la construcción con la libreta de aportes: las empresas sólo pagarán las horas trabajadas. Además, se regulará la “multifuncionalidad” en las operaciones en equipos de torre y en las actividades de operación y mantenimiento, que podrá ser exigida por los empleadores.

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Más presión sobre el costo de vida: la nafta y el gasoil aumentaron un 7,5%

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Las petroleras aplicaron un nuevo aumento de los precios de la nafta y el gasoil.

La suba de los combustibles llega al 7,5% en promedio a nivel nacional. Es consecuencia del incremento en los impuestos a los combustibles (que impacta en casi 4%), la devaluación contra el dólar (2% mensual) y el peso de los biocombustibles.

La actualización de los impuestos será mensual hasta junio, inclusive.

El Gobierno busca recaudación tributaria por casi $ 4 billones solo por esta vía, un 0,5% del Producto Interno Bruto o casi el 10% del ajuste fiscal que quiere hacer Javier Milei.

Los ejecutivos petroleros consideran que la nafta súper debería rondar u$s 1,20 a u$s 1,23 por litro, para lo que todavía restan más aumentos.

Además de la nafta, marzo llega con subas en colectivos, empleadas domésticas, prepagas, tarifa de luz, colegios privados, alquileres, trenes y taxis.

Estos nuevos ajustes incidirán en la inflación que, aunque muestra signos de desaceleración, aún se muestra en los dos dígitos.

La suba en los combustibles es lo que más preocupación genera, y eso se ve traducido incluso en las búsquedas de Google.

Catamarca y Chubut son las provincias en las que estos conceptos levantaron mayor interés en las últimas horas. CABA, Buenos Aires, y Córdoba, las que siguen.

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Milei llamó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

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El presidente Javier Milei inauguró el viernes el período de sesiones ordinarias del Congreso con un fuerte discurso “anticasta” de más de una hora, varias veces interrumpido por aplausos y cánticos libertarios, en el que convocó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma en Córdoba de un nuevo pacto fundacional para el país.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a la que se dirigió desde un atril, como nunca antes había hecho un mandatario argentino, el jefe de Estado afirmó que el llamado “Pacto de Mayo”, que consta de “diez puntos que tienen por objetivo la reconstrucción de las bases de la Argentina”, estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y de un nuevo acuerdo fiscal.

Para avanzar con los lineamientos propuestos, el líder de La Libertad Avanza aseguró que la semana próxima convocará a los gobernadores a la Casa Rosada.

Milei propuso que la firma de este “contrato social” se lleve a cabo el 25 de mayo en Córdoba, provincia a la que definió como “el corazón productivo de nuestra Patria”.

Los 10 puntos propuestos por el Presidente son:

  • La inviolabilidad de la propiedad privada.
  • El equilibrio fiscal innegociable.
  • La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
  • Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
  • La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
  • Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
  • Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
  • Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
  • Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
  • La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Imputaron a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

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