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Ley de Alquileres: qué piden modificar las inmobiliarias

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Para las inmobiliarias hay un problema claro detrás de la Ley de Alquileres y tiene que ver con el “contexto inflacionario tan difícil de controlar que atraviesa nuestro país”, dicen. Para ellas esto es “el germen principal de todos los problemas” y, en ese sentido, proponen modificar dos artículos de la norma vigente con el fin de reactivar el mercado y generar un alivio a la asfixia económica que padecen inquilinos y propietarios.

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Fundación de Estudios para Desarrollos Inmobiliarios (FEDI), la Asociación Empresarios de la Vivienda (AEV) y la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) enviaron a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una iniciativa particular con “con la voluntad de colaborar en la resolución de la problemática de las locaciones de vivienda en la Argentina” y para “que exista mayor oferta de inmuebles en alquiler habitacional”. Según ellos, de incorporarse estas modificaciones, traerían “en el corto plazo un alivio para el sector locativo habitacional” y generarían “un incremento paulatino de la oferta de viviendas y la baja de los valores locativos”.

“Entendemos que la adopción de estas dos medidas concretas contribuirán en lo inmediato a tender a normalizar nuevamente la oferta de unidades de vivienda en locación y subsecuentemente la estabilización de los valores correspondientes, minimizando los riesgos de cálculos fantasiosos”, afirman desde las cámaras y entidades inmobiliarias e insisten en que su propuesta tiene que ver con “sumar en la búsqueda de una solución aún en este contexto inflacionario tan difícil de controlar”.

Entre las modificaciones que impulsan, el primer artículo propone la reducción como mínimo a cuatro meses el período de actualización de los cánones locativos y sustituiría al articulo 14 de la ley 27.551 de la siguiente manera: “En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales sobre el cual pueden realizarse ajustes como mínimo cuatrimestrales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan a error al locatario. A los fines dispuestos en el párrafo anterior los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.

El otro punto que se sugiere implica la “reducción a dos años del plazo legal mínimo de un nuevo contrato de locación” y tiene como fundamento técnico que “ha quedado demostrado que la actualización anual del canon locativo para vivienda es un periodo muy extenso en un contexto inflacionario desequilibrado, que ha generado una gran presión en el valor locativo inicial, una aceleración en los precios, retracción de la oferta y una suba de precio muy abrupta al momento de aplicar el índice de actualización contemplado en la ley, llegando hoy a más del 100% anual, generando insatisfacción y perjuicio patrimonial para ambas partes contratantes y llevando al limite de la imposibilidad de su cumplimiento”.

Las cámaras inmobiliarias y agentes del sector insisten en que “surge con palmaria claridad que las medidas sugeridas podrán contribuir a corto plazo a llevar una solución temporal en materia de alquileres”, aunque advierten que “resultan también necesarias otras acciones, principalmente aquellas que impulsen a aumentar la oferta locativa”. Asimismo expresan que a la vez que se resuelva lo vinculado a alquileres es necesario desarrollar medidas tendientes al fomento de la construcción, la refacción, la remodelación o inversión en unidades habitacionales nuevas o usadas que puedan ser destinadas al mercado para vivienda.

El miércoles 23 en la Cámara de Diputados se debatirá la reforma de la Ley de Alquileres. La propuesta es impulsada por la oposición y hay dudas sobre el quórum. Además, desde la Federación de Inquilinos Nacional llamaron a movilizarse hacia el Congreso ese día.

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Más presión sobre el costo de vida: la nafta y el gasoil aumentaron un 7,5%

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Las petroleras aplicaron un nuevo aumento de los precios de la nafta y el gasoil.

La suba de los combustibles llega al 7,5% en promedio a nivel nacional. Es consecuencia del incremento en los impuestos a los combustibles (que impacta en casi 4%), la devaluación contra el dólar (2% mensual) y el peso de los biocombustibles.

La actualización de los impuestos será mensual hasta junio, inclusive.

El Gobierno busca recaudación tributaria por casi $ 4 billones solo por esta vía, un 0,5% del Producto Interno Bruto o casi el 10% del ajuste fiscal que quiere hacer Javier Milei.

Los ejecutivos petroleros consideran que la nafta súper debería rondar u$s 1,20 a u$s 1,23 por litro, para lo que todavía restan más aumentos.

Además de la nafta, marzo llega con subas en colectivos, empleadas domésticas, prepagas, tarifa de luz, colegios privados, alquileres, trenes y taxis.

Estos nuevos ajustes incidirán en la inflación que, aunque muestra signos de desaceleración, aún se muestra en los dos dígitos.

La suba en los combustibles es lo que más preocupación genera, y eso se ve traducido incluso en las búsquedas de Google.

Catamarca y Chubut son las provincias en las que estos conceptos levantaron mayor interés en las últimas horas. CABA, Buenos Aires, y Córdoba, las que siguen.

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Milei llamó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

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El presidente Javier Milei inauguró el viernes el período de sesiones ordinarias del Congreso con un fuerte discurso “anticasta” de más de una hora, varias veces interrumpido por aplausos y cánticos libertarios, en el que convocó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma en Córdoba de un nuevo pacto fundacional para el país.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a la que se dirigió desde un atril, como nunca antes había hecho un mandatario argentino, el jefe de Estado afirmó que el llamado “Pacto de Mayo”, que consta de “diez puntos que tienen por objetivo la reconstrucción de las bases de la Argentina”, estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y de un nuevo acuerdo fiscal.

Para avanzar con los lineamientos propuestos, el líder de La Libertad Avanza aseguró que la semana próxima convocará a los gobernadores a la Casa Rosada.

Milei propuso que la firma de este “contrato social” se lleve a cabo el 25 de mayo en Córdoba, provincia a la que definió como “el corazón productivo de nuestra Patria”.

Los 10 puntos propuestos por el Presidente son:

  • La inviolabilidad de la propiedad privada.
  • El equilibrio fiscal innegociable.
  • La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
  • Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
  • La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
  • Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
  • Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
  • Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
  • Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
  • La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Imputaron a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

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