Nacionales
Lascurain quedó detenido en una causa por la mina de Río Turbio

Juan Carlos Lascurain, uno de los industriales que más apoyó al kirchnerismo y presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) durante ese período, se entregó hoy ante el juez Luis Rodríguez por una obra de la mina de Río Turbio que fue pagada y nunca fue iniciada.
Luego de conocerse su disposición a entregarse y antes de que se librara la orden de captura, Lascurain fue buscado por una delegación de la Policía Federal, según informaron fuentes judiciales a Clarín.
Lascurain es el primer empresario importante en tener prisión preventiva en la era macrista. Es, además, el presidente de la empresa Fainser que debía haber hecho una ruta en Río Turbio que “no se construyó”. Lascurain fue presidente de la UIA entre el 2008 y el 2010. Mantuvo una relación fluida con el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, con el ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada y con el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, entre otros. Tenía un discurso económico desarrollista y apoyó a kirchnerismo. Luego presidió la asociación de empresarios metalúrgicos ADIRA.
Se trata de los 7 kilómetros del trazado de la “Avenida de los Mineros” entre Río Turbio y la localidad de 28 de Noviembre. Por la misma causa, el juez federal Rodríguez también detuvo anoche al intendente de esa ciudad, Atanasio Pérez Osuna, y al legislador kirchnerista provincial Matías Mazú, entre otros.
El fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de estos tres imputados que “cobraron un anticipo de 50 millones de pesos” por una obra de 500 millones que nunca se inició.
El primer requerimiento de instrucción lo hizo el fiscal Guillermo Marijuan pero luego por conexidad con la causa madre de Río Turbio la tomó Stornelli, explicaron fuentes judiciales a Clarín. En su requerimiento Stornelli, dijo que se firmó en la época K un “convenio específico que tuvo por objeto la asistencia financiera por parte de YCRT a la Municipalidad, para la ejecución de la obra de readecuación de la avenida Y.C.F de la localidad de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz, en tanto que la obra programada nunca tuvo comienzo de ejecución, las obras de readecuación jamás se iniciaron, no obstante la firma adjudicataria recibió importantes desembolsos hacia fines del año 2015, sin contraprestación”.
“Entre los meses de noviembre y diciembre de 2015 fueron libradas tres órdenes de pago, mediante cheques del Banco Nación, Sucursal Buenos Aires, en favor de la firma FAINSER SA, por la suma total de cincuenta millones de pesos, que fueron recibidos por la adjudicataria”, agrega el escrito de Stornelli. Lascurain es presidente de FAINSER SA.
En esta causa, conexa a la principal por los desvíos de la mina de Río Turbio por la que está detenido el ex ministro de Planificación Julio de Vido, se investiga la obra de determinación de precios del proyecto de la Avenida de los Mineros.
Es un camino que une la rotonda de ingreso a la localidad de Río Turbio con la localidad de 28 de Noviembre.
La denuncia por esta obra había sido radicada por el actual interventor de YCRT, Omar Zeidán, quien le apuntó a la empresa constructora FAINSER SA, encargada de la obra, que tiene como apoderada a Romina Mercado, hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner
La Policía Federal detuvo el lunes a la noche en el centro porteño al intendente kirchnerista de Río Turbio y ex interventor de YCRT, Atanasio Pérez Osuna, luego que el juez federal Rodríguez ordenara su captura preventiva en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en las obras de remodelación de la mina de carbón de esa localidad santacruceña.
Pérez Osuna, que fue detenido en un hotel de la calle Montevideo al 300, en la Ciudad de Buenos Aires, es un ex interventor de los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), y su captura fue pedida por una causa conexa a la principal en la que se investiga el trazado de una avenida de 7 kilómetros que no se habría terminado y que tenía un presupuesto estipulado de casi 500 millones de pesos.
El juez Rodríguez ordenó también la prisión preventiva del ex coordinador general de YCRT Miguel Ángel Larregina y del diputado provincial del Frente para la Victoria Matías Mazú, según informaron fuentes judiciales. También se investiga en esta causa el pago de YCRT para la construcción de un edificio al Club Hípico Los Gauchos.

Nacionales
El Gobierno modificará la Ley de Identidad de Género

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles en Casa Rosada que el Gobierno nacional modificará la Ley de Identidad de Género. Según detalló, estarán prohibidos los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años.
Esta decisión fue comunicada por el vocero presidencial, quien explicó que la medida busca establecer nuevas regulaciones en torno a la identidad de género en el país. También se derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo.
“La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad si no también a los menores de 18 años”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
Y continuó: “De esta forma hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que lo autorice”.
El vocero sostuvo que dichas intervenciones exponen a los niños es un grave riesgo a su salud tanto física como mental ya que implican “una interrupción en su proceso de maduración”. Además, aseguró en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles.
“Países pioneros en cambio de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo”, señaló.
“Esta medida, lejos de afectar a un sector particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección”, agregó.
Los principales cambios
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
El PMO es la canasta básica de prestaciones que deben garantizar todas las coberturas a la población. La modificación de dos artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N° 26.743, llega tras la marcha la marcha LGBTQI+ del sábado pasado en repudio del discurso del presidente Javier Milei durante la reunión en Davos.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas.
Mientras que al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, ampliaron en Salud.
Este cambio en la legislación generó diversas reacciones en la sociedad, especialmente entre organizaciones que defienden los derechos de las personas trans y la salud de los menores.
El fundamento de esta medida, según explicaron desde el Gobierno, está en un informe técnico sobre ambos artículos. “Habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad –plantearon a partir de ese texto, que no fue difundido aún–. Teniendo en cuenta que el deber del Gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
Nacionales
Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.
Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.
La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.
Nacionales
Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.
“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).
“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.
En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.
El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.
El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
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