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Nacionales

La mujer de Máximo Kirchner nunca declaró sus bienes

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Un decreto firmado por su suegra, la entonces presidenta Cristina Kirchner, la depositó en el Gobierno nacional en 2014. No solo eso: le crearon un cargo en el Ministerio de Salud y a pocas cuadras de su casa. Un traje a medida que aprovechó hasta diciembre de 2015. Durante ese tiempo, Rocío García, la mujer de Máximo Kirchner, nunca presentó sus declaraciones juradas. Su patrimonio es un misterio. Apenas se sabe que tiene vigente su monotributo y que no paga bienes personales.
Mediante el decreto 1057/2014, Rocío García había sido designada como Coordinadora de Articulación Local de Políticas Socio Sanitarias para la ciudad de Río Gallegos. Hasta diciembre, el sueldo se lo pagaba el Ministerio de Salud de la Nación.
Por ese cargo, estaba obligada a presentar sus declaraciones juradas, pero no lo hizo. El dato acaba de ser confirmado por la Oficina Anticorrupción ante un pedido de informes de la diputada Margarita Stolbizer. “Según nuestros registros la Dra. Garcia adeuda a la fecha la presentación de las declaraciones juradas INICIAL 2014, ANUAL 2014 y BAJA 2015”, dice la nota firmada por el director de Planificación de Políticas de Transparencia de la OA, Néstor Baragli.
Lo llamativo es que no aparecía en un listado de incumplidores, donde sí están Ricardo Forster, Abel Fatala, y hasta el primo de Néstor Kirchner, Carlos Santiago. ¿Por qué? El área de Recursos Humanos del Ministerio de Salud nunca la había incorporado entre los funcionarios obligados a presentar la declaración jurada.
Garcia ahora podría ser denunciada ante la Justicia. “Tenía un cargo nacional con rango de secretaría de Estado. Debería haber presentado su declaración jurada. Si el Ministerio de Salud la intimó vamos a presentar una denuncia por omisión maliciosa”, adelantó a Clarín Silvina Martinez, abogada de Stolbizer.
Ese delito prevé una pena 15 días a 2 años de prisión e inhabilitación perpetua, aunque hay pocos antecedentes de condenas.
Garcia recién fue incorporada al listado de funcionarios obligados el 24 de mayo pasado ante los primeros reclamos. Y ahora está en marcha el proceso para intimarla formalmente, dijeron fuentes de la OA. El primer intento fracasó: el domicilio que figura en los registros no era correcto.
El patrimonio de García, de profesión odontóloga, es un misterio. Ni siquiera hay datos en la última declaración presentada por Máximo Kirchner ante la OA.
Según registros comerciales, mantiene vigente el monotributo, en la categoría D, que permite una facturación anual de hasta $96 mil. Y no está inscripta en bienes personales o ganancias. Pero sigue siendo directora titular de los accionistas clase C de la sociedad Hotesur.
Con el cambio de gobierno, la mujer de Máximo se refugió, como tantos otros kirchneristas, en la gobernación de Santa Cruz, con Alicia Kirchner. Actualmente es la ministra de Salud de esa provincia. Pero no trascendió que haya presentado su declaración jurada. “En Santa Cruz el oficialismo no tiene obligaciones sino únicamente derechos. Derecho a quedarse con lo público, a tomar los fondos de la provincia como propios o a no rendir cuentas ni dar explicaciones” se quejó Mariana Zuvic.
El otro dato llamativo es que la gobernación de Santa Cruz todavía no le hizo aportes. El último registro es de diciembre de 2015.

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La mesa política se enciende por la reforma laboral

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El Gobierno argentino, bajo la administración de Javier Milei, ha llevado a cabo una reunión de su mesa política centrada en la reforma laboral, que busca asegurar el apoyo necesario de los gobernadores para su aprobación en el Congreso. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro, que tuvo lugar en la Casa Rosada y reunió a los principales funcionarios encargados de la estrategia legislativa.

Participaron del encuentro figuras clave como el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; y el ministro de Economía, Luis Caputo. El encuentro se extendió por más de dos horas y tuvo como objetivo evaluar las posturas de los gobernadores y definir un plan para convencerlos de respaldar la reforma.

Una de las principales preocupaciones de los mandatarios provinciales es la modificación de la escala del Impuesto a las Ganancias, que podría afectar la recaudación coparticipable. En este sentido, el Gobierno ha comenzado a considerar la posibilidad de ofrecer compensaciones a aquellos gobernadores que se muestran reacios a ciertos aspectos del proyecto. Esta propuesta busca equilibrar los intereses y garantizar un respaldo más amplio.

Sin embargo, dentro del propio oficialismo existen diferencias sobre la mejor manera de proceder. Algunos en la Casa Rosada abogan por soluciones específicas para abordar las inquietudes de cada gobernador, mientras que otros son más escépticos y consideran que los beneficios de la reforma se traducirán en mejoras económicas en las provincias, lo cual justificaría el cambio.

La reunión del viernes fue la primera del año y se dio sin la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además de la reforma laboral, se mencionó que quedan pendientes otros temas, como la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal, que podrían ser postergados para las sesiones ordinarias que comenzarán el 1° de marzo.

En un contexto político donde las tensiones son palpables, el Gobierno busca consolidar su agenda de reformas mediante un enfoque colaborativo con los gobernadores, lo que podría ser clave para la implementación de su plan económico en los meses venideros. La próxima fase de negociaciones será determinante para el rumbo de estas iniciativas legislativas y su impacto en la agenda política del país.

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Caputo justifica la apertura del mercado automotriz en medio de críticas

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El ministro de Economía, Luis Caputo, ha respaldado la reciente apertura del mercado automotriz, afirmando que esta medida beneficiará a “todos los argentinos”. Su defensa llega en respuesta a las declaraciones del diputado Miguel Ángel Pichetto, quien cuestionó la importación de 7.000 autos eléctricos que llegarán desde China en los próximos días. Caputo defendió la iniciativa asegurando que responde a un acuerdo con la industria automotriz local.

En una publicación en redes sociales, el ministro destacó que solo dos modelos de automóviles se fabrican actualmente en Argentina: el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos. “Argentina produce esencialmente camionetas, y el 70 por ciento de esa producción se exporta”, explicó Caputo, buscando aclarar la situación del sector ante las críticas. Su argumento se centra en la necesidad de diversificar la oferta de vehículos en el mercado nacional.

Caputo indicó que la importación de vehículos híbridos y eléctricos sin arancel fue una medida acordada con el sector automotriz y que tiene un límite de 50,000 unidades al año. De este total, solo la mitad puede provenir de marcas chinas, lo que representa menos del 5 por ciento de los patentamientos estimados para 2025. Esta información busca mitigar las preocupaciones sobre la competencia desleal que algunos sectores han manifestado.

El ministro también resaltó que la apertura ha logrado que los precios de los autos en Argentina se alineen más con los de sus países vecinos, en algunos casos incluso más bajos. Esto, según Caputo, no solo favorece a los consumidores sino que también promueve el desarrollo de infraestructura eléctrica necesaria para futuros proyectos de fabricación de vehículos eléctricos en el país.

A pesar de las afirmaciones de Caputo, Pichetto argumentó que la llegada de los autos chinos significará una “pérdida de dólares” para financiar importaciones que, a su juicio, “destruyen el trabajo argentino”. En sus declaraciones, el legislador enfatizó que competir con una industria apoyada financieramente por el Banco Central chino resultará en grandes desafíos para la producción local.

La controversia en torno a la apertura del mercado automotriz revela las tensiones entre política industrial y liberalización del comercio. Mientras que el gobierno aboga por un acceso más amplio a tecnología y precios competitivos, críticos como Pichetto advierten sobre las posibles repercusiones para el empleo y la producción nacional. La respuesta del gobierno y la oposición continuará siendo un tema de gran relevancia en la agenda económica del país.

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Santilli: “La reforma laboral es para que se pueda tomar más empleo”

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El ministro del Interior de Argentina, Diego Santilli, se reunió este jueves con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para discutir la propuesta de reforma laboral que el Congreso planea tratar en las próximas sesiones extraordinarias. Durante el encuentro, Santilli subrayó la importancia de esta reforma para generar más empleo y dar previsibilidad al sector productivo en el país. Cornejo, un aliado cercano al gobierno, coincidió en que la reforma es fundamental para la creación de nuevos puestos de trabajo.

El ministro destacó que la iniciativa tiene como objetivo facilitar la incorporación de más trabajadores a la economía formal, lo que beneficiaría tanto a empresas como a empleados. “No creo que ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”, afirmó Santilli. Esta declaración refleja un enfoque optimista del gobierno sobre el apoyo que recibirán las reformas en diversas provincias.

Durante la charla, Cornejo enfatizó que esta reforma puede contribuir a una mayor previsibilidad en el mercado laboral y facilitar la creación de empleo. “Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca y, a partir de ese crecimiento, el Estado pueda mantener sus políticas públicas esenciales”, comentó el gobernador.

Este encuentro se enmarca en una serie de reuniones que Santilli ha estado llevando a cabo con gobernadores provinciales con el fin de consolidar apoyo para la reforma laboral. La intención es construir una agenda de trabajo conjunta que incluya a ambas administraciones, nacional y provincial, en la implementación de políticas que impulsen el empleo y el crecimiento económico.

Además, Santilli tiene programadas reuniones en los próximos días con otros mandatarios, como el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, y con Gustavo Sáenz en Salta. Estas visitas son parte de una estrategia más amplia para garantizar un respaldo contundente al proyecto de reforma entre los gobernadores de diferentes partes del país.

La reforma laboral ha generado diversas opiniones en el ámbito político y económico, y su éxito dependerá en gran medida del consenso logrado entre los distintos sectores. Con el respaldo de Cornejo y otros gobernadores, el gobierno espera avanzar en la discusión y lograr la aprobación de cambios que impacten positivamente en el empleo y la economía argentina en general.

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