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La jueza Liliana Piccinini respaldó la incorporación de mujeres a la Corte
La vocal del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini, expuso en el Senado de la Nación, invitada por responsables de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, para opinar sobre diversos proyectos de ley que proponen modificaciones en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El encuentro tuvo lugar en el Salón Arturo Illia y fue presidido por los senadores Alejandra Vigo (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), titulares de las respectivas comisiones.
Durante su intervención en la jornada de debate sobre la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro respaldó la incorporación de mujeres en el máximo tribunal, señaló la necesidad de una mayor representación federal y propuso una serie de reformas estructurales para mejorar la eficiencia del sistema judicial.
La magistrada, en pos de conseguir mayor representatividad de la composición, se preguntó: “¿por qué no un mínimo de 5 y un máximo de 9? con eso consensúan el federalismo, el número y la paridad”.
Al referirse a la pregunta recurrente sobre la presencia de mujeres en la Corte, expresó: “¿Por qué mujeres en la Corte? Bueno, mujeres en la Corte por las mismas razones que explicó nuestra amiga de AMJA, porque son los motivos que llevaron a que la mujer pueda votar”. En ese marco, compartió una reflexión personal respecto a las mujeres que habitaban en ese entonces un Territorio Nacional, que todavía no había sido declarado provincia: “Mi mamá y mi abuela no podían votar porque eran consideradas ‘débiles mentales’. Por esas razones las mujeres votamos y por esas razones las senadoras están acá presentes”.
La jueza Piccinini destacó los aportes institucionales impulsados por las dos ministras designadas en período democrático: Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay. “Las únicas ministras que generaron política institucional de la Corte fueron Highton de Nolasco y por supuesto Argibay”, sostuvo, y mencionó entre esos aportes “la mediación, que ahora todo el mundo está acostumbrado a la mediación, pero fue una lucha terrible”, así como el sistema multipuerta, que comprende “las oficinas de atención por violencia doméstica, las oficinas de atención a las personas, las casas de justicia, que son otros modos de brindar acceso efectivo a justicia”.
Agregó: “Quizás en mi supina ignorancia desconozca políticas institucionales de los miembros de la Corte que hayan llevado algún resultado en cuanto a mejorar la eficiencia y la eficacia del Servicio de Administración de Justicia. Tengo apuntadas nada más que esas políticas institucionales de las mujeres en la Corte”.
En cuanto a la composición numérica del tribunal, la vocal del STJ puso en duda la posibilidad de garantizar representación federal en la Corte actual: “Va a ser bastante dificultoso integrar una Corte de cinco con representación federal”. Señaló que “quizás con siete se alcance, y seguramente se alcanza con nueve la representatividad federal”, y cuestionó el límite constitucional vigente al preguntarse: “¿Por qué razón, ya desde la Constitución del 1853 y seguimos así, pusieron un número cerrado? No se puede legislar entre un no menos de cinco y no más de nueve”.
También propuso una serie de reformas estructurales orientadas a fortalecer la organización del Poder Judicial nacional. “Todas las provincias, las cortes provinciales, tenemos leyes orgánicas y en esas leyes establecemos cuáles son las facultades de la presidencia y cuáles no son del cuerpo, son del pleno”, explicó, y sugirió avanzar hacia un modelo similar en la Nación.
En ese sentido, cuestionó la ausencia de plazos en el funcionamiento de la Corte Suprema: “Yo soy un animalito que funciona con tracción a plazos. ¿Por qué la Corte no tiene plazos?”, se preguntó. Señaló además que “hay causas penales que están siete años en la Corte” y que esa demora impacta en el sistema de justicia de las provincias: “Seguimos cargando con los pecadillos del Poder Judicial de la Nación”.
Finalmente, la jueza Liliana Piccinini expresó su preocupación por el descrédito que enfrenta el Poder Judicial: “Nos duele, nos preocupa, ya no sabemos qué hacer para que la gente visualice el trabajo que hacemos”, y defendió el compromiso de quienes integran los poderes judiciales provinciales.
La jueza cerró su exposición con un agradecimiento a quienes organizaron el encuentro y con una última inquietud dirigida al ámbito legislativo: “Si alguna vez se vio alguna inconveniencia con ese número cerrado, bueno, los proyectos podrían tener en ese marco algún consenso, como lo tienen con la cuestión de género, y a través del número también se puede resolver la representación regional”.
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Palmieri celebró el Presupuesto 2026: alivio para los bolsillos rionegrinos
La presentación del presupuesto provincial de 2026 generó expectación en Río Negro. El proyecto, enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura, ronda los 3,3 billones de pesos.
Para explicar la propuesta, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ART), Alejandro Palmieri, sostuvo que se trata de un esfuerzo fiscal con impacto concreto para los ciudadanos: “Básicamente no hay aumento en ninguno de los impuestos que administra el gobierno provincial”.
Reducción de impuestos clave
Uno de los puntos más destacados del plan es la disminución del componente de “ingresos brutos” que gravan las boletas de servicios públicos como electricidad y gas. Palmieri explicó que la alícuota pasará del 2,5 % al 1 %, lo que representa una baja del 60 % en ese impuesto para usuarios residenciales.
El funcionario aclaró que, aun cuando eso representa menos recaudación para la provincia —estimó unos 6.300 millones de pesos menos para 2026— significa un alivio económico directo para las familias rionegrinas, especialmente frente al reciente contexto de eliminación de subsidios nacionales.
Impuestos inmobiliario y automotor por debajo de la inflación
Palmieri también aseguró que los impuestos más pesados para la ciudadanía —el inmobiliario y el automotor— se actualizarán de forma moderada: el ajuste previsto para 2026 rondará el 25 %, por debajo de la inflación esperada para los últimos 12 meses (alrededor del 31 %). Esto, según sus palabras, constituye “una decisión política relevante” que busca preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes.
Obra pública y prioridades del presupuesto
El presupuesto 2026 no sólo contempla una rebaja fiscal: también incluye un importante paquete de inversiones en obra pública. Según fuentes oficiales, la iniciativa prevé la realización de más de 380 obras en diversos rincones de la provincia, con foco especial en áreas de educación, salud y seguridad.
La idea del gobierno —según sus voceros— es que cada peso recaudado se transforme en servicios concretos y mejoras tangibles para la ciudadanía.
Qué implica para los ciudadanos
Para muchos rionegrinos, este presupuesto podría traducirse en facturas de luz y gas más livianas, menos presión fiscal por la vivienda o el auto, y —si se concretan las obras— mejoras en infraestructura, servicios básicos y calidad de vida.
No obstante, el equilibrio fiscal que propone el gobierno requerirá que el esfuerzo presupuestario se traduzca en una gestión eficaz. El debate ahora pasa por la Legislatura, donde el proyecto deberá ser analizado y aprobado antes de fin de año.
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Gatti contra el control de precios: “Viejas recetas del kirchnerismo y el sorismo”
El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, se refirió con dureza al proyecto presentado en la Legislatura provincial por el bloque Vamos Con Todos, que propone la creación de una Comisión Especial de Costos para “transparentar los precios y tarifas” de bienes y servicios esenciales.
Gatti afirmó que la iniciativa “vuelve a insistir con mecanismos que ya fracasaron en la Argentina” y que “responden a las mismas lógicas del kirchnerismo y del sorismo que durante años castigaron a productores, comerciantes y consumidores”.
En ese sentido, señaló: “El control de precios es el viejo sistema soviético, obsoleto y, sobre todo, absolutamente inútil para el propósito que persigue, y ha fracasado en el mundo y en la historia rotundamente. Pero ellos, que siguen intentando construir la cuadratura del círculo, lo van a seguir proponiendo”.
El Ministro también cuestionó los efectos económicos de estas propuestas: “Cada vez que hablan de economía sube el riesgo país, es decir, el costo del crédito para los argentinos; sube el dólar, se dispara la inflación y, por lo tanto, se radicaliza la pobreza, que es lo único que saben multiplicar”.
Asimismo, reivindicó las políticas nacionales de alivio fiscal: “La rebaja de impuestos planteada por el Gobernador Alberto Weretilneck, beneficia al productor y, sobre todo, a la masa de consumidores, que fueron los grandes castigados de la economía kirchnerista”.
Al finalizar, Gatti profundizó sus críticas: “El agobiante control de las relaciones laborales llevó el trabajo en negro a niveles del 50% de la mano de obra ocupada; por lo tanto, desfinanciaron las cajas jubilatorias y empobrecieron a los jubilados. Pero su delirio por los controles, propio de su tradicional y reivindicado autoritarismo, es más fuerte que ellos y, como en el cuento del alacrán y la rana, pero mueren en el intento”.
“En el camino, prácticas como las que llevó adelante el kirchnerismo y que ha defendido siempre el sorismo, destruyeron las bases de la economía argentina con controles que a los soviéticos los llevaron al colapso y de los cuales, cuando la China comunista se liberó, pudo convertirse en la potencia mundial que es. No aprenden ni de sus mentores. Su característica más evidente es la arrogancia del ignorante”, finalizó.
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Presupuesto 2026: el proyecto ya está en manos de la Legislatura
El proyecto ingresado a la Legislatura fija gastos por 3,3 billones de pesos. La iniciativa prioriza obras de infraestructura estratégica mediante financiamiento externo y destaca la reducción de la deuda y el orden fiscal.
El Poder Ejecutivo de Río Negro remitió a la Legislatura el proyecto de ley del Presupuesto General 2026. La norma establece un total de gastos corrientes y de capital de $3.315.697.137.907. El cálculo de recursos prevé un Resultado Financiero superavitario estimado en $14.960.645.650 y un Resultado Primario de $69.485.800.742.
Orden fiscal y deuda
El mensaje de elevación destaca la reducción del pasivo provincial. Según el documento, “se redujo en un 39,41% el stock de deuda en moneda extranjera y la relación deuda/ingresos bajó de 63,1% a 14,87%”. La estrategia financiera busca reemplazar endeudamiento de corto plazo por créditos de largo plazo para infraestructura.
Distribución del Gasto
En cuanto a la asignación de recursos por finalidad, los Servicios Sociales (Salud, Educación, Vivienda, etc.) representan el grueso de la inversión estatal. Según el mensaje de elevación, “la función Servicios Sociales representa el 47.2% del total de las erogaciones previstas”, destacándose las partidas para el Consejo Provincial de Educación y Salud Pública.
Inversión e Infraestructura
El gobierno fundamenta su plan de obras en un “modelo dual que combina financiamiento multilateral para obras estructurales de gran escala con inversión provincial directa”. Se destacan proyectos clave:
Minería: Inicio de explotación del proyecto Calcatreu en 2026, con una inversión de 250 millones de dólares.
Hidrocarburos: Operación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), con inicio de exportaciones proyectado para noviembre de 2026.
Salud: Uso de fondos del “Bono VMOS” para una “inversión histórica superior a $1.800 millones para equipar los hospitales públicos”.
Recursos Humanos y Modernización del Estado
El proyecto de ley establece límites estrictos para la planta de personal. El Artículo 19 dispone que “no se podrán aprobar incrementos en los cargos de la Administración Pública Provincial y horas cátedra que excedan los totales determinados por la presente Ley”, salvo excepciones fundadas o por sentencias judiciales.
Asimismo, se profundiza la agenda de modernización administrativa. El Ejecutivo resalta la implementación de sistemas digitales como el GDE-COMPRAR y la digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. “Estos logros en materia de ordenamiento se acompañaron de una agenda de modernización administrativa que está sentando las bases de un Estado más ágil y transparente”, señala el documento oficial.
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