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La firma de Néstor Kirchner fue falsificada en los libros societarios de Hotesur

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Las firmas del ex presidente Néstor Kirchner en los libros societarios de la empresa familiar Hotesur son falsas. A esa conclusión se encaminan los peritos calígrafos que convocó la Justicia, quienes presentarán su dictamen de manera “inminente”.

La confirmación de la existencia de esas firmas falsas en los libros de Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate- complicaría aún más la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos. En particular, de Máximo Kirchner, actual diputado nacional y referente de La Cámpora.
El dictamen de los peritos terminó de tomar forma el viernes pasado. Pero los expertos oficiales -uno de la Corte Suprema de Justicia, Juan Santiago Rattaro, y otro de la Policía Federal, Alejandro Centofanti-, junto con otro propuesto por la defensa de los Kirchner, José María Buitrago, no avanzaron sobre las fechas en que pudieron falsificarse esas firmas ni sobre las tintas utilizadas para cada rúbrica.

El peritaje parecería confirmar la sospecha de la adulteración dolosa de los libros para justificar a posteriori negocios irregulares y un potencial lavado de dinero.

Los expertos no precisaron si las firmas pudieron estamparse, todas con la misma birome, tras la muerte del ex presidente, en octubre de 2010.

Ésta no sería la primera vez que las firmas de Kirchner quedaran bajo sospecha. En 2004 también se inició una causa penal por su presunta falsificación en los decretos 737/03 y 790/04. En esos textos, el entonces presidente ordenó abrir un sumario militar a tres generales de la dictadura -Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy-, que habían defendido la represión en un programa televisivo. Pero en esa ocasión las sospechas se diluyeron y la causa terminó en el archivo.

Esta vez, la primera en cuestionar la autenticidad de las firmas del ex presidente y de los libros societarios de Hotesur fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, a fines de 2015. El fiscal federal Carlos Stornelli compartió estas sospechas y pidió un peritaje caligráfico.

Las sospechas se centran en dos episodios concretos. El primero, las horas que siguieron a los allanamientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en Río Gallegos, el 13 de julio de 2015, cuando colaboradores de la presidenta de Hotesur y sobrina de Néstor Kirchner, Romina Mercado, pidieron 48 horas para entregar los libros societarios o comerciales. ¿Aprovecharon ese tiempo para retocar esos registros?

El segundo episodio bajo sospecha ocurrió entre el 3 y el 11 de noviembre de ese año, cuando tras el apartamiento de Bonadio y con la causa Hotesur ya en manos del juez federal Daniel Rafecas, la defensa de Mercado solicitó copias de esos libros. El juez accedió y la defensa retiró los originales de Prefectura -a cargo de su custodia-, sin que se dejara constancia de nada llamativo al llevárselos. Pero cuando los devolvieron el personal de Prefectura indicó que aparecían “enmiendas y tachaduras”.

¿Esas correcciones eran previas pero no se había dejado constancia de ellas? ¿O los acusados aprovecharon la oportunidad para adulterarlos, como de inmediato sospecharon Stolbizer y el fiscal Stornelli?

“Yo creo que cuando murió Néstor, Cristina se encontró con una estructura de negocios que él había armado y ella desconocía.” La frase la dijo la semana pasada, en una charla reservada, un importante ex ministro kirchnerista que abona la hipótesis de que a partir de 2010 se produjo una fragmentación de ese rudimentario armado societario. Así se entiende la serie de desprolijidades producida después, en un intento por darle un nuevo molde a ese esquema informal. La adulteración de la firma de Néstor sería parte del mismo proceso, ya en un terreno delictivo.

Rafecas optó por rechazar las acusaciones, pero recién lo hizo tras la feria judicial de enero de este año y dos días después se declaró incompetente, por lo que giró parte de la pesquisa a su colega Julián Ercolini.

Para entonces, la familia Kirchner ya había publicado en el Boletín Oficial del 1° de diciembre de 2015 un cambio de autoridades en Hotesur y el contador histórico de la familia, Víctor Manzanares, se presentó ante la IGJ para registrar esa novedad. Según informó, esa renovación habría ocurrido en marzo, pero recién nueve meses después se lo comunicó al organismo.

Ya con el cambio de gobierno en marcha, la IGJ optó por no inscribir ese trámite. Por el contrario, consignó múltiples “observaciones”. Entre otras, diferencias en “la cantidad de acciones depositadas”, “dos montos” de “capital social inscripto”, como también “fechas de registros distintos”. También señaló que faltaban “datos de inscripción del directorio que convocó a la asamblea” y que la solicitud presentada incumplía con una resolución del organismo.

¿Por qué Stolbizer concentró energías en estos episodios? Porque sospechó que la supuesta adulteración de los libros de la controlante del hotel Alto Calafate podría entorpecer la investigación por presunto lavado en marcha contra los Kirchner, además de configurar otro delito: la presunta adulteración de medidas de prueba.

 

De Rafecas a Ercolini
Para Rafecas, sin embargo, el planteo de Stolbizer fue infundado. Consideró que sólo pretendía “sembrar dudas donde de modo alguno las hay”, ya que “toda la documentación correspondiente a estas actuaciones se encuentra bajo estricto resguardo”, planteo que reiteró.

En su resolución, Rafecas no sólo defendió su actuación, la de su juzgado y la de Prefectura, sino que también elogió al abogado de Mercado, Carlos Beraldi, quien también defendía a la ex presidenta en la pesquisa sobre las operaciones de dólar futuro.

Sin embargo, tras declararse incompetente Rafecas, el nuevo juez a cargo de la pesquisa, Julián Ercolini, ordenó en agosto de este año un peritaje caligráfico y scopométrico sobre los libros de Hotesur y las firmas de la familia Kirchner.

Ercolini ordenó ese peritaje a pedido de los nuevos fiscales a cargo de la pesquisa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Estimó que debían investigarse “ciertas anomalías” en esos documentos. Entre otras, “tachaduras, enmiendas, sobreescrituras”.

Ercolini encomendó el trabajo al Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema -liderado por el decano Guillermo Anzorena- y a la División Scopometría de la Policía Federal, a los que se sumó el perito calígrafo propuesto por la defensa.

Durante los últimos dos meses, esos peritos evaluaron “el contenido de las inscripciones originales que lucen en las fojas tachadas, raspadas o tapadas con corrector líquido” -es decir, Liquid Paper (ver aparte)- y “la totalidad de las inscripciones manuscritas” de los libros objetados desde noviembre de 2008, cuando los Kirchner tomaron el control de Hotesur.

Ercolini también ordenó a los peritos que determinaran si las firmas de 13 personas que integraron el directorio de Hotesur “resultan ser de puño y letra de los nombrados o, por el contrario, si resultan apócrifas”. Entre otras, las de Néstor, Máximo y Florencia Kirchner, y Mercado. También las rúbricas de la hermana de la ex presidenta, Gisela Fernández, y las de la esposa y el socio de Máximo Kirchner, María García y Osvaldo “Bochi” Sanfelice. Ahora se conocerán los resultados.

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Facundo López afirmó que “la educación es un derecho esencial”

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“Para nosotros, la educación es un servicio esencial. Pero para garantizarlo se necesita financiamiento. Acá no hay fórmulas mágicas”, sostuvo el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López.

“La universidad pública es parte de la historia de esta región y de todos los argentinos y argentinas. Su funcionamiento depende de contar con un financiamiento acorde a las necesidades y a la actualidad, que esté por encima de la inflación”, señaló López.

Asimismo, el jefe de la bancada oficialista remarcó la importancia de las Universidades de Río Negro y del Comahue en la provincia, instituciones “que son parte esencial en el desarrollo y el crecimiento social, económico y cultural”.

“No podemos permitir que una decisión del Gobierno Nacional atente contra el normal funcionamiento de nuestro sistema universitario público y gratuito. Se necesita más diálogo y un presupuesto que cumpla con las necesidades del sistema, que pueda ser debatido en el Congreso”, agregó.

Por otro lado, López recordó que “a principio de año ya manifestamos que no estamos en contra del control de la administración de las universidades, pero creemos que el ajuste no es la opción. Acá ni siquiera hablamos de un aumento del presupuesto, sino de una protección contra la inflación”.

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Gatti, sobre licencias: “Este mes el Estado ahorró más de $1.700 millones”

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En el marco de la implementación del nuevo sistema de auditorías para la gestión de licencias, destinada a garantizar la eficiencia del servicio público, el Gobierno de Río Negro anunció una baja significativa en el número de pedidos en el mes de septiembre, generando un importante ahorro en la economía provincial.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, manifestó que “esta es una decisión del Gobernador que generó rispideces, pero lo cierto es que el control del ausentismo se hace en todo el mundo, en los sectores público y privado. En septiembre el personal de la administración pública solicitó más de 48.000 días de licencia y más del 53% de las mismas no pudieron ser debidamente justificadas, lo que quiere decir que existía una costumbre negativa para el servicio público y las arcas del estado”.

Por otra parte, el funcionario provincial destacó que “a través del control pertinente, este mes tuvimos un ahorro de más de 1.700 millones de pesos, lo que nos invita a seguir profundizando en este tipo de medidas como las que estamos llevando adelante y que ahora se focalizan en las licencias de algunos gremios como UNTER, por lo que he planteado la necesidad de discutir sobre este tema porque estamos hablando de plata que sale del contribuyente y no del gremio respectivo”.

Asimismo, Gatti agregó: “Este gremio tiene licencias que conforme a las legislaciones vigentes están siendo sostenidas por todos los rionegrinos, que a su vez tienen que tolerar paros en los que no se tiene en cuenta la Convención de los Derechos del Niño, partiendo de la base de que la educación es un derecho esencial no sólo para los niños y niñas sino también de toda la sociedad en general. Las medidas de fuerza deberían realizarse de otra manera”.

Cabe destacar que este control del ausentismo, además de garantizar la eficiencia y continuidad del servicio público, también promueve la transparencia de la gestión, permitiendo la auditoría interna y externa de las jornadas laborales de las y los empleados a la vez que deja a un lado los abusos al sistema que eran moneda corriente hasta antes de la implementación de las nuevas medidas.

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La Provincia licitó la repavimentación de la Ruta Provincial N° 51

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El Gobierno de Río Negro, a través de Vialidad Rionegrina, realizó la apertura de ofertas de la Licitación Pública N° 05/2024 para la ejecución de la obra que consiste en la restitución de gálibo y repavimentación de la Ruta Provincial N° 51.

Esta obra “forma parte de un plan integral de desarrollo de la ciudad de Viedma que arranca en la Universidad de Río Negro, en la intersección de la Ruta Provincial N° 1 con la Ruta Provincial N° 51, acompañando el crecimiento de la capital rionegrina hacia ese sector. El objetivo es finalizar la obra antes de fin de año para iniciar el año próximo dando continuidad a esta obra integral que significa un gran beneficio para los viedmenses”, afirmó el presidente de Vialidad, Raúl Grün.

La apertura contó con la presentación de la oferta de la empresa Ingeniería y Arquitectura con una propuesta de $199.487.527,16.

La obra se realizará en la Ruta Provincial N° 51 en el tramo comprendido entre las Progresivas 0+700 km y Prog. 1+450 km. de la ciudad de Viedma.

Esta obra tiene como fin mejorar las condiciones actuales del sector en cuestión, restituyendo el gálibo de la traza para un mejor escurrimiento del agua producto de las precipitaciones, mejorar la macro y micro textura de la capa superficial y de esta manera poder prolongar la vida útil de la misma. La aplicación de este tipo de trabajo permite mejorar sustancialmente la transitabilidad de la calzada en lo que hace al confort y seguridad del usuario.

Junto al presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, estuvieron presentes el vicegobernador Pedro Pesatti; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el intendente de Viedma, Marcos Castro; los legisladores Facundo López, Maricel Cevoli y Marcelo Szczygol, entre otros funcionarios provinciales.

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