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La firma de Néstor Kirchner fue falsificada en los libros societarios de Hotesur

Las firmas del ex presidente Néstor Kirchner en los libros societarios de la empresa familiar Hotesur son falsas. A esa conclusión se encaminan los peritos calígrafos que convocó la Justicia, quienes presentarán su dictamen de manera “inminente”.
La confirmación de la existencia de esas firmas falsas en los libros de Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate- complicaría aún más la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de sus hijos. En particular, de Máximo Kirchner, actual diputado nacional y referente de La Cámpora.
El dictamen de los peritos terminó de tomar forma el viernes pasado. Pero los expertos oficiales -uno de la Corte Suprema de Justicia, Juan Santiago Rattaro, y otro de la Policía Federal, Alejandro Centofanti-, junto con otro propuesto por la defensa de los Kirchner, José María Buitrago, no avanzaron sobre las fechas en que pudieron falsificarse esas firmas ni sobre las tintas utilizadas para cada rúbrica.
El peritaje parecería confirmar la sospecha de la adulteración dolosa de los libros para justificar a posteriori negocios irregulares y un potencial lavado de dinero.
Los expertos no precisaron si las firmas pudieron estamparse, todas con la misma birome, tras la muerte del ex presidente, en octubre de 2010.
Ésta no sería la primera vez que las firmas de Kirchner quedaran bajo sospecha. En 2004 también se inició una causa penal por su presunta falsificación en los decretos 737/03 y 790/04. En esos textos, el entonces presidente ordenó abrir un sumario militar a tres generales de la dictadura -Reynaldo Bignone, Ramón Díaz Bessone y Albano Harguindeguy-, que habían defendido la represión en un programa televisivo. Pero en esa ocasión las sospechas se diluyeron y la causa terminó en el archivo.
Esta vez, la primera en cuestionar la autenticidad de las firmas del ex presidente y de los libros societarios de Hotesur fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, a fines de 2015. El fiscal federal Carlos Stornelli compartió estas sospechas y pidió un peritaje caligráfico.
Las sospechas se centran en dos episodios concretos. El primero, las horas que siguieron a los allanamientos que ordenó el juez federal Claudio Bonadio en Río Gallegos, el 13 de julio de 2015, cuando colaboradores de la presidenta de Hotesur y sobrina de Néstor Kirchner, Romina Mercado, pidieron 48 horas para entregar los libros societarios o comerciales. ¿Aprovecharon ese tiempo para retocar esos registros?
El segundo episodio bajo sospecha ocurrió entre el 3 y el 11 de noviembre de ese año, cuando tras el apartamiento de Bonadio y con la causa Hotesur ya en manos del juez federal Daniel Rafecas, la defensa de Mercado solicitó copias de esos libros. El juez accedió y la defensa retiró los originales de Prefectura -a cargo de su custodia-, sin que se dejara constancia de nada llamativo al llevárselos. Pero cuando los devolvieron el personal de Prefectura indicó que aparecían “enmiendas y tachaduras”.
¿Esas correcciones eran previas pero no se había dejado constancia de ellas? ¿O los acusados aprovecharon la oportunidad para adulterarlos, como de inmediato sospecharon Stolbizer y el fiscal Stornelli?
“Yo creo que cuando murió Néstor, Cristina se encontró con una estructura de negocios que él había armado y ella desconocía.” La frase la dijo la semana pasada, en una charla reservada, un importante ex ministro kirchnerista que abona la hipótesis de que a partir de 2010 se produjo una fragmentación de ese rudimentario armado societario. Así se entiende la serie de desprolijidades producida después, en un intento por darle un nuevo molde a ese esquema informal. La adulteración de la firma de Néstor sería parte del mismo proceso, ya en un terreno delictivo.
Rafecas optó por rechazar las acusaciones, pero recién lo hizo tras la feria judicial de enero de este año y dos días después se declaró incompetente, por lo que giró parte de la pesquisa a su colega Julián Ercolini.
Para entonces, la familia Kirchner ya había publicado en el Boletín Oficial del 1° de diciembre de 2015 un cambio de autoridades en Hotesur y el contador histórico de la familia, Víctor Manzanares, se presentó ante la IGJ para registrar esa novedad. Según informó, esa renovación habría ocurrido en marzo, pero recién nueve meses después se lo comunicó al organismo.
Ya con el cambio de gobierno en marcha, la IGJ optó por no inscribir ese trámite. Por el contrario, consignó múltiples “observaciones”. Entre otras, diferencias en “la cantidad de acciones depositadas”, “dos montos” de “capital social inscripto”, como también “fechas de registros distintos”. También señaló que faltaban “datos de inscripción del directorio que convocó a la asamblea” y que la solicitud presentada incumplía con una resolución del organismo.
¿Por qué Stolbizer concentró energías en estos episodios? Porque sospechó que la supuesta adulteración de los libros de la controlante del hotel Alto Calafate podría entorpecer la investigación por presunto lavado en marcha contra los Kirchner, además de configurar otro delito: la presunta adulteración de medidas de prueba.
De Rafecas a Ercolini
Para Rafecas, sin embargo, el planteo de Stolbizer fue infundado. Consideró que sólo pretendía “sembrar dudas donde de modo alguno las hay”, ya que “toda la documentación correspondiente a estas actuaciones se encuentra bajo estricto resguardo”, planteo que reiteró.
En su resolución, Rafecas no sólo defendió su actuación, la de su juzgado y la de Prefectura, sino que también elogió al abogado de Mercado, Carlos Beraldi, quien también defendía a la ex presidenta en la pesquisa sobre las operaciones de dólar futuro.
Sin embargo, tras declararse incompetente Rafecas, el nuevo juez a cargo de la pesquisa, Julián Ercolini, ordenó en agosto de este año un peritaje caligráfico y scopométrico sobre los libros de Hotesur y las firmas de la familia Kirchner.
Ercolini ordenó ese peritaje a pedido de los nuevos fiscales a cargo de la pesquisa, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Estimó que debían investigarse “ciertas anomalías” en esos documentos. Entre otras, “tachaduras, enmiendas, sobreescrituras”.
Ercolini encomendó el trabajo al Cuerpo de Peritos Calígrafos de la Corte Suprema -liderado por el decano Guillermo Anzorena- y a la División Scopometría de la Policía Federal, a los que se sumó el perito calígrafo propuesto por la defensa.
Durante los últimos dos meses, esos peritos evaluaron “el contenido de las inscripciones originales que lucen en las fojas tachadas, raspadas o tapadas con corrector líquido” -es decir, Liquid Paper (ver aparte)- y “la totalidad de las inscripciones manuscritas” de los libros objetados desde noviembre de 2008, cuando los Kirchner tomaron el control de Hotesur.
Ercolini también ordenó a los peritos que determinaran si las firmas de 13 personas que integraron el directorio de Hotesur “resultan ser de puño y letra de los nombrados o, por el contrario, si resultan apócrifas”. Entre otras, las de Néstor, Máximo y Florencia Kirchner, y Mercado. También las rúbricas de la hermana de la ex presidenta, Gisela Fernández, y las de la esposa y el socio de Máximo Kirchner, María García y Osvaldo “Bochi” Sanfelice. Ahora se conocerán los resultados.

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Agua y cloacas: ARSA y FONAVI trabajan para optimizar infraestructura en barrios

Aguas Rionegrinas y el Foro de Barrios Fonavi refuerzan el trabajo conjunto, con el objetivo de mejorar el servicio de agua y cloacas en estas comunidades, brindándoles así una mejor calidad de vida.
Para esto se realizó un encuentro de trabajo donde se dialogó sobre el estado actual de los servicios y la infraestructura en los barrios que integran el foro, con el objetivo de avanzar en soluciones conjuntas.
Además, se acordó sumar al Municipio de Viedma, el IPPV y el DPA a la mesa de trabajo en próximos encuentros.
Aguas Rionegrinas destaca la importancia de articular esfuerzos con el Foro de Barrios FONAVI y demás organismos para garantizar servicios esenciales de calidad a las familias rionegrinas.
Del encuentro participaron el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud; el gerente de Explotación, Gabriel Soria; y referentes barriales, entre ellos Sergio Quepán (Inalauquen), Jonathan Belmar (presidente del barrio Guido), Daniela Quintero (vicepresidenta del barrio Guido), Daniela Pallalef (barrio Ceferino) y Antonela Perez (barrio 915 Viviendas).
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Domingo propone devolverle independencia al BCRA a través de un nuevo proyecto

El diputado nacional de JSRN, Agustín Domingo, en su intervención durante la discusión del DNU para establecer un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció la inminente presentación de una nueva propuesta para regular el funcionamiento del Banco Central.
Esto se produce tras “años de abusos hacia la entidad, de emitir dinero para cubrir el déficit fiscal y de utilizar el BCRA para apropiarse del ahorro de las familias en los depósitos a plazo de los bancos, mientras el Estado gastaba más de lo que le correspondía”.
Domingo, durante su presentación en el recinto, aseguró que ese desmanejo comenzó en el año 2012, cuando el Congreso modificó la Carta Orgánica del Banco Central y eliminó así su independencia. La modificación eliminó la obligación de contar con objetos de inflación y le otorgó posibilidades de financiar el déficit del Tesoro. “De un BCRA que paso de tener un objetivo central de preservar el valor de nuestra moneda a tener mil objetivos para justificar ese accionar imprudente” sostuvo.
El impacto en la economía nacional fue catastrófico, con “una inflación acumulada del 19.000% desde 2012 hasta la actualidad. Los precios se incrementaron casi 200 veces, afectando gravemente a la cantidad de argentinos que viven en la pobreza, quienes han sido las verdaderas víctimas de esta inflación”.
La reforma de la ley propuesta por Domingo establece que la principal y fundamental misión del Banco Central es “mantener el valor de la moneda”. “Las facultades del Banco para cumplir con este propósito incluirán la regulación del suministro de dinero y crédito en la economía, así como la emisión de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, de acuerdo con la legislación vigente”.
Si la reforma avanza, el Banco deberá hacer pública su estrategia monetaria para el siguiente ejercicio antes de cada año fiscal, comunicando sus metas de inflación y la variación total del dinero proyectada. De manera trimestral, o cuando se anticipen desviaciones significativas de las metas establecidas, el Banco deberá informar las razones del desvío y la nueva planificación.
El incumplimiento de esta obligación de informar por parte de los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina será motivo suficiente para su destitución. Se establece que el BCRA, en la formulación y aplicación de la política monetaria y financiera, no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, asegurando así su autonomía operacional. Además, no podrá asumir compromisos de ninguna índole que restrinjan, condicionen o deleguen, sin la autorización explícita del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.
El artículo 2 de la reforma contemplada introduce cambios en la dirección de la entidad bancaria. Esta será administrada por un directorio que estará integrado por un presidente, un vicepresidente y siete directores. Los directores se dividirán en tres por la primera mayoría, tres por la primera minoría y uno por el resto de los partidos representados en la Cámara de Diputados.
El presidente y el vicepresidente serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con el consentimiento del Senado de la Nación. Los directores serán seleccionados por la Cámara de Diputados conforme a lo establecido en el artículo 6°. Su mandato será de cuatro (4) años, con la posibilidad de ser reelectos. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar las designaciones del presidente y vicepresidente en comisión mientras se obtiene el acuerdo del Senado de la Nación.
El Banco solo podrá financiar al gobierno nacional mediante la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación. El aumento de las tenencias de títulos públicos del Banco, a valor nominal, no podrá superar el diez por ciento (10%) por año calendario, ni exceder el límite máximo estipulado en el artículo 33.
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Weretilneck: “Eliminar la barrera sanitaria no baja el precio de la carne”

El Gobernador Alberto Weretilneck descartó que la eliminación de la barrera sanitaria que protege a la Patagonia pueda influir en una baja del precio de la carne. “La distorsión está en otro lado: en un modelo que concentra el negocio, margina al interior y convierte la comida en un privilegio para pocos”, afirmó.
“La evidencia es clara. En los últimos dos meses, en el resto del país, el kilo de costilla subió de $9.000 a $14.000. La exportación cayó casi un 20%. Y nuestro país alcanzó el valor en gancho más alto del Mercosur, con US$5,17 por kilo, muy por encima de Brasil y Paraguay”, explicó el mandatario en sus redes sociales, acompañando su mensaje con capturas de noticias que reflejan estos datos.
Weretilneck enfatizó que eliminar la barrera no beneficiará a los consumidores patagónicos. “Más del 60% de la carne que se consume en Río Negro proviene del norte del país, y los precios no bajaron. El consumo no mejoró. Y los que realmente pierden son los productores locales”, sostuvo.
Además, advirtió que el problema radica en la concentración del negocio cárnico. “La distorsión está en otro lado: en un modelo que margina al interior y convierte la comida en un privilegio para pocos”, insistió.
El Gobernador destacó el caso de Brasil, que en 2024 logró ser reconocido como país libre de aftosa sin vacunación tras 50 años de trabajo. “Lo hizo para ingresar a mercados de alto valor y, a partir del 1 de abril, tendrá el mismo estatus sanitario que la Patagonia. Miremos ese ejemplo: cuando un país avanza en sanidad, lo defiende. No lo destruye”, subrayó.
Para Weretilneck, la resolución en debate “no tiene sustento técnico ni económico” y es “una imposición diseñada para beneficiar a los grandes exportadores y supermercados, sin considerar el impacto devastador que puede tener sobre las provincias que hicieron las cosas bien”.
“No podemos dimensionar lo que está en riesgo. Estamos realmente preocupados ante la posibilidad de que esto avance. Por eso defendemos la Patagonia, el trabajo, la salud animal y el desarrollo de nuestra región. Defendemos a nuestros productores”, resaltó.
Y concluyó: “Aceptar que destruyan la barrera sanitaria que nos llevó 20 años construir es entregar la Patagonia. Y eso sí que nunca lo vamos a hacer”.
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