La capital rionegrina volvió a vivir una jornada histórica con la segunda fecha del Turismo Carretera, la categoría más popular y federal del automovilismo argentino, que convocó a miles de personas en el Autódromo Ciudad de Viedma. El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó la jornada: “Es un orgullo que sigan eligiendo Río Negro”.

El mandatario estuvo acompañado por el intendente Marcos Castro, el vicegobernador Pedro Pesatti, el presidente del bloque de legisladores de JSRN, Facundo López, dirigentes de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) y pilotos locales, entre otras autoridades.

La final quedó en manos del mendocino Julián Santero, quien dominó de punta a punta. El podio lo completaron Mauricio Lambiris y Elio Craparo, en una carrera que mantuvo la emoción hasta las últimas vueltas.

La competencia volvió a mostrar la fuerte convocatoria del TC en la capital provincial, con tribunas colmadas y miles de fanáticos que llegaron desde distintas localidades de Río Negro y la región para vivir el espectáculo, generando además un fuerte movimiento económico con comercios, restaurantes y hoteles colmados.

Weretilneck destacó el impacto que genera el evento para la ciudad y la región. “Está lleno, hay gente de distintas localidades de la provincia que vino a disfrutar este gran momento. Estamos muy contentos y orgullosos de que Río Negro forme parte del calendario nacional de la categoría más popular del automovilismo argentino”, expresó.

El mandatario también puso en valor el vínculo que la provincia mantiene con la categoría y el lugar que Viedma ocupa dentro del calendario. “Es una enorme satisfacción recibir nuevamente al Turismo Carretera. Estos eventos posicionan a nuestra provincia, generan movimiento económico y consolidan a Viedma como una plaza fuerte del automovilismo nacional”, agregó.

La presencia del TC en la capital rionegrina se ha consolidado a lo largo de los años: desde 2015 la ciudad recibe de manera ininterrumpida a la categoría y en ocho oportunidades fue sede de la apertura del campeonato, lo que la posiciona como uno de los circuitos más valorados por equipos, pilotos y público.

El evento volvió a mostrar el potencial de Río Negro para albergar grandes competencias deportivas, movilizando turismo, actividad económica y posicionamiento nacional para la capital provincial.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recorrió junto al Intendente de Mainque, Miguel Petricio, los trabajos correspondientes a la segunda etapa de ampliación de la red de gas. Con una inversión provincial de $115 millones a través del programa Gas Rionegrino, la obra llevará el servicio a los barrios Don Cholo, De Nevares y Calle 2, demostrando previsibilidad y cumplimiento de los compromisos asumidos.

Los trabajos, que comenzaron recientemente, forman parte del exitoso programa provincial Gas Rionegrino. En esta etapa, la Provincia realiza una inversión de $115.000.000 para la instalación de 1.846 metros de cañería, lo que permitirá concretar 129 nuevas conexiones domiciliarias.

La ejecución de esta segunda etapa es el resultado de una planificación sostenida y del trabajo conjunto con la gestión municipal. Cabe recordar que el contrato para estos trabajos fue rubricado por el Gobernador Alberto Weretilneck, consolidando un proceso que había comenzado meses atrás con la primera etapa -que se encuentra finalizada- en el barrio Esperanza, donde se invirtieron más de $53 millones para beneficiar a 63 familias.

De esta manera, una vez finalizada esta segunda etapa de los trabajos, la histórica ampliación de la red habrá alcanzado a un total de 192 familias beneficiarias en la localidad.

Este avance integral reafirma el compromiso del Gobierno Provincial de seguir garantizando el acceso a servicios esenciales, mejorando sustancialmente la calidad de vida de cada hogar rionegrino.

Un fallo de un juez laboral de Roca resolvió una acción de amparo presentada por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter), contra el Ministerio de Educación provincial.

El sindicato solicitó que se ordenara el cese de medidas que implicaban la supresión y reorganización de cargos docentes del Nivel Inicial. También pidieron que se restituyeran los cargos existentes antes de las decisiones administrativas cuestionadas.

El gremio sostuvo que el Consejo Provincial de Educación dictó diversas resoluciones de cargos docentes con base en criterios cuantitativos vinculados a la matrícula escolar.

El magistrado entendió que la información aportada por el Ministerio de Educación mostraba que el procedimiento aplicado respetó la normativa vigente. En particular, destacó que los docentes titulares afectados permanecieron con su sueldo y con derecho a una nueva asignación.

En relación a docentes interinos o suplentes, el juez tomó antecedentes y señaló que su estabilidad es limitada por la propia naturaleza de sus designaciones. Así, comprendió que la finalización de esos cargos no constituye una vulneración ilegal de derechos.

También se evaluó la eventual afectación al derecho a la educación. Sobre este punto la sentencia señaló que no se acreditó la existencia de cierres de salas obligatorias ni reclamos generalizados de familias. Además, recordó que la educación obligatoria en el nivel inicial comprende las salas de cuatro y cinco años, las cuales continúan garantizadas según la información oficial.

En la presentación la Unter también señaló que la medida provocó desplazamientos funcionales, alteraciones en las condiciones de trabajo y riesgo para la estabilidad de docentes titulares. También afirmó que las decisiones afectaban el funcionamiento institucional de los establecimientos, la continuidad pedagógica y la calidad del servicio educativo destinado a niñas y niños.

A criterio de la organización gremial, esa modalidad degradaba la situación jurídica de docentes titulares y vulneraba la estabilidad prevista en el Estatuto del Docente.

En tanto, la Provincia de Río Negro, a través del Ministerio de Educación y de la Fiscalía de Estado, mencionó que no existe un daño concreto ni una afectación actual de derechos que justificara el amparo.

Argumentaron que las decisiones formaban parte de políticas públicas educativas adoptadas dentro de las facultades propias del Consejo Provincial de Educación. Explicó que el proceso de reorganización respondió a un análisis territorial de la matrícula que detectó una reducción significativa de estudiantes en distintas zonas.

El Estado también mencionó que no hubo despidos ni pérdida de estabilidad para docentes titulares. También indicó que las salas de cuatro y cinco años continuaban garantizadas por el sistema educativo.

Durante el proceso el magistrado también analizó la legitimación del sindicato para promover la acción. Señaló que el gremio puede actuar en representación de sus afiliados y de la comunidad educativa cuando se denuncian afectaciones a derechos colectivos vinculados con el sistema educativo. No obstante, recordó que la acción de amparo tiene carácter excepcional y sólo procede cuando existe una ilegalidad manifiesta, un daño grave y urgente, y cuando no existen otras vías judiciales adecuadas para resolver el conflicto.

Al evaluar el caso concreto, la sentencia consideró que la normativa cuestionada fue elaborada mediante un proceso institucional en el que participaron distintos sectores, incluido el propio sindicato. Ese documento se estableció la reorganización del sistema educativo del nivel inicial con vigencia desde el ciclo lectivo 2026.

El fallo del juez Juan Huenumilla concluyó en que no se verificaba una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que habilitara la vía del amparo. Tampoco se comprobó un daño grave e irreparable ni una urgencia extrema que justificara el uso de ese proceso excepcional.

Consideró que las decisiones adoptadas forman parte de la planificación del sistema educativo, una competencia propia del Consejo Provincial de Educación que sólo puede ser revisada judicialmente cuando se demuestre una afectación concreta de derechos fundamentales.