Tras el rechazo del Senado a su candidatura, el juez Manuel García Mansilla, nombrado por decreto para formar parte de la Corte Suprema, presentó su renuncia este lunes mediante una carta enviada al presidente Javier Milei. En su misiva, señaló el “grave problema institucional” derivado de la escasez de miembros en el tribunal más alto del país, al tiempo que argumentó que la Cámara alta demoró en considerar su nombramiento por “simple especulación política”.

El magistrado había sido designado por el decreto 137 del 26 de febrero de 2025, por lo que ocupó el cargo durante 40 días. La semana pasada, su postulación fue rechazada con 51 votos en contra y solo 20 a favor en el Senado. Su candidatura recibió el rechazo unánime de los bloques kirchneristas y la mayoría del radicalismo, logrando únicamente el respaldo de la Libertad Avanza, algunos legisladores del PRO, dos radicales y ciertos bloques provinciales aliados al Gobierno Nacional.

En este escenario, el lunes presentó una carta en la que, además de renunciar, explicó las razones detrás de su decisión de unirse al máximo tribunal. “Acepté ese nombramiento con la firme creencia de que la falta de representación en la Corte Suprema constituía un grave problema institucional que necesitaba una solución inmediata”, indicó al comienzo de la misiva.

En este sentido, argumentó que el tribunal ha estado operando desde el 29 de diciembre de 2024 con solo tres miembros, señalando que una de las vacantes llevaba “más de tres años”, una situación que consideró “asombrosa” y que intensificó la parálisis judicial. “A esta anomalía institucional se añadió una nueva vacante, lo que agravó aún más la situación y que, indudablemente, debía ser atendida sin demora”, justificó.

En este contexto, consideró que es un error pensar que la Corte Suprema puede operar con solo tres jueces: “Esto es, en términos simples, una ilusión institucional que podría generar un daño aún mayor que el que ya ha provocado la demora en completar el Tribunal”. Así, mencionó varios factores, comenzando con que “el trabajo con conjueces está lejos de ser lo óptimo”. En este sentido, señaló que los casos que se resuelven no se alinean con “la cantidad y la velocidad” que el tribunal necesita ni “con la coherencia técnica que se podría lograr cuando está completo”.

El magistrado indicó que, a lo largo del tiempo, esta demora no solo impacta el funcionamiento de la Corte, sino también la vida de los ciudadanos que aguardan una resolución judicial. “Con la falsa creencia de que el Tribunal opera con cierta normalidad, se pierde de vista que esto es solo una apariencia, y así se acumulan problemas sin resolver (…) No es casual que, por esta y otras razones, actualmente la Corte Suprema tenga cerca de 90.000 expedientes pendientes de resolución”, argumentó.

Sumado a lo anterior, afirmó que “la equivocada creencia de que el Tribunal puede operar de esta manera contribuye a mantener una actitud de auténtica indiferencia y desinterés en ciertos sectores de la política”. “Al sostener esa creencia, se termina ignorando un problema institucional muy grave. Así es como, en última instancia, se oculta una realidad innegable: la composición de la Corte Suprema no puede esperar más. Es urgentemente necesario”, enfatizó.

Por esta razón, indicó que aceptó el nombramiento porque consideró que “tenía que asumir la responsabilidad de colaborar en la pronta resolución de ese grave problema”. “Mantener un tribunal incompleto, con un evidente riesgo de parálisis, sería evadir lo que considero una obligación para cualquier abogado. No sería prudente que, como ya ha sucedido, se continúe postergando su integración”, expresó, al tiempo que destacó que sería una “grave irresponsabilidad” esperar “a que se produzca un escenario de parálisis en el más alto Tribunal de la Nación”.

Y añadió: “Es fundamental no perder de vista que si alguno de los tres miembros actuales enfrentara algún impedimento, ya sea temporal o permanente, la Corte Suprema no podría operar. Es irracional e innecesario asumir ese riesgo. Por eso, no se podía ni se puede sostener esta situación por mucho tiempo más”.

El cuestionamiento al actuar del Senado

Tras resaltar que “el nombramiento en comisión era constitucional”, abordó las acusaciones en su contra a raíz de sus declaraciones en el Senado en agosto de 2024, donde había manifestado que “no habría aceptado” ser designado de esa forma. “En las últimas semanas, algunos me han acusado directamente de haber intentado engañar a los senadores presentes ese día. De hecho, esa fue la inverosímil justificación que utilizaron algunos senadores para fundamentar su rechazo a mi candidatura por una supuesta falta de idoneidad moral”, lanzó.

“A través de un recorte intencionalmente distorsionado de lo que respondí en ese momento, intentaron hacerme responsable de haber dicho que nunca aceptaría un nombramiento en comisión en la Corte Suprema, sin tener en cuenta el contexto de dicho nombramiento. Eso es falso. Nunca afirmé que no aceptaría en ningún caso, o bajo ninguna circunstancia, un nombramiento en comisión como juez de la Corte. Nunca asumí ante los senadores presentes ese día un compromiso de no aceptar un nombramiento en comisión, independientemente del contexto en el que se produjera. Solo hace falta revisar la versión taquigráfica completa de esa audiencia pública para comprobar de manera fehaciente lo que sostengo (y no un video editado y recortado, claramente preparado para engañar)”, amplió.

En esa línea, indicó que la situación actual es “diametralmente opuesta” a la que se vivía en 2015, cuando el entonces presidente Mauricio Macri intentó designar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, antes de que obtuvieran el acuerdo del Senado. Al respecto, precisó que, a raíz del decreto de Milei, “todos los ciudadanos del país pudieron analizar los antecedentes de ambos candidatos, repasar su experiencia y trayectoria profesional, formular objeciones de todo tipo, hacer preguntas y cuestionar o apoyar de diversas formas a los candidatos”, participación que “se repitió y se extendió luego durante el trámite en el Senado”.

Además, indicó que, después de la instancia de participación ciudadana, se cumplieron todos los pasos que establece el reglamento del Senado: se realizaron audiencias públicas con ambos candidatos y los legisladores tuvieron la posibilidad de revisar sus antecedentes, evaluar apoyos y objeciones, reunirse con ellos si querían, hacer preguntas y analizar todo el material presentado. “De esta forma, tuvieron tiempo más que suficiente para formarse un juicio de valor sobre ambas nominaciones mucho antes de que se dictara el decreto 137/25”, sentenció.

Asimismo, sostuvo que “no había ningún otro trámite pendiente para que el Senado decidiera aprobar o rechazar mi pliego”, a la par que acusó a la Cámara alta de terminar las sesiones ordinarias de 2024 “sin hacer nada concreto” y de hacer “caso omiso” al llamado a sesiones extraordinarias en febrero de 2025, ante lo que insistió en que la falta de accionar fue por “mera especulación política”: “¿Qué más necesitaban analizar los senadores para tomar una determinación y aprobar o rechazar el pliego? Nada. La responsabilidad institucional dictaba que debían pronunciarse de inmediato. La única razón por la que no lo hicieron fue, lamentablemente, la mera especulación política”.

“Es evidente que no hay una real consciencia de la dimensión del problema que toda esta desidia institucional ha venido causando en los últimos años”, expresó, a la vez que celebró que el decreto 137/25 de Milei “rompía con ese círculo vicioso”. “Es indudable también que hay una gran parte del sector político que acepta sin mayor cuestionamiento que queden sin cubrir cargos de trascendencia, incluidas las vacantes en la Corte Suprema”, manifestó, tomando como ejemplo la la falta de nombramiento de un Procurador General de la Nación definitivo (vacante hace más de siete años) o del Defensor del Pueblo (más de 15 años).

“A eso hay que sumarle la incomodidad manifiesta de ciertos sectores con la posibilidad de que existan jueces independientes, que no tengan contactos con la política tradicional y que puedan tomar decisiones libres, ajustadas a derecho. La inacción, la indolencia y el desprecio por la independencia del Poder Judicial, en todos estos casos, es francamente escandalosa”, prosiguió.

En esa línea, advirtió que la situación “genera una evidente falta de justicia que, entre otras cosas, es funcional al narcotráfico, a la explotación y trata de personas, así como a la corrupción crónica que padecemos”. “En definitiva, a todo aquello que nos condena de modo inexorable al fracaso y a la miseria del subdesarrollo”, remarcó.

La motivación de la renuncia a la Corte Suprema

Hacia el final de la carta, consideró, a raíz de la decisión del Senado de rechazar su pliego: “Tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para facilitar que se agilice el proceso para que se cubran de una buena vez las vacantes que existen en la Corte Suprema”. A pesar de nombrar jurisprudencia que le permitiría “continuar en el cargo hasta el 30 de noviembre, o hasta la fecha en que finalicen las eventuales sesiones de prórroga, o hasta que se nombre un reemplazo con acuerdo del Senado”, planteó que su permanencia en el cargo “no ayudaría a que los responsables de integrar debidamente el Tribunal tomen consciencia de la seriedad de este problema y actúen en consecuencia”.

“Tal vez este episodio y esta renuncia sirvan de advertencia para que se den cuenta de una vez de que la integración de la Corte Suprema, y de todo el Poder Judicial federal, es urgente y que deben dejarse de lado las mezquindades que parecen haberse impuesto hace mucho tiempo. Resulta imperioso que se eviten en el futuro las notorias demoras que se dieron en el Senado en el tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo”, expresó.

Y agregó: “Los poderes políticos tienen una responsabilidad institucional ineludible. La República Argentina necesita un Poder Judicial fuerte e independiente y no uno que sea funcional a sus intereses coyunturales, sean políticos o personales. Nuestro país debe estar por encima de todo y de todos”.

“Empecé la carta como juez; la termino ahora como ciudadano. Creo que el proceso de transformación que la República Argentina depende de una condición indispensable para que tenga éxito, se consolide y se encarne en cada uno de los argentinos: que exista un Poder Judicial recto, decente e independiente, integrado por jueces que apliquen estrictamente el derecho vigente tal cual es y no tal como les gustaría que fuera. El día que contemos con un Poder Judicial integrado en su totalidad con jueces rectos, honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado”, concluyó, previo a agradecer al presidente, a sus colegas de la Corte Suprema y al personal del tribunal.