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Fiesta de Olivos: la Justicia ratificó que en ese momento no estaba permitido circular

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? El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó hoy un pedido de inconstitucionalidad del decreto que imponía el aislamiento en julio de 2020, cuando se festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en Olivos, por el cual hay una investigación que tiene como imputado también al propio presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El pedido lo había presentado Stefanía Domínguez, amiga de la primera dama, y una de las asistentes a ese evento que investiga la Justicia federal de San Isidro.

Aún el juez debe definir el pedido de sobreseimiento solicitado por el Presidente, quien pese a haber firmado el decreto que imponía el aislamiento, sostuvo que no se cometió delito porque no hubo contagios para ninguno de los asistentes así como tampoco para terceros.

El planteo había sido hecho por el abogado Mauricio D’Alessandro, defensor de Domínguez en la causa, quien había asegurado que el decreto impedía la libertad de circulación y además no había sido sancionado con el aval previo del Congreso de la Nación.

El fiscal Fernando Domínguez rechazó el planteo, lo que así lo resolvió el magistrado, que por ahora no definió el pedido de sobreseimiento también formulado por aquella.

“Es constitucionalmente admisible que el Poder Ejecutivo, siempre que se trate de medidas –prohibiciones o mandatos– obligatorias, emanadas de las autoridades competentes para la materia, con el propósito de impedir la introducción o propagación de una epidemia”, señaló.

En ese sentido, recordó el magistrado que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente al brote de coronavirus COVID-19 como pandemia, luego de que la cantidad de personas infectadas –a nivel global– ascendiera a niveles alarmantes.

Por eso, dijo que el Gobierno Nacional tenía la facultad para dictar ese tipo de medidas, “enmarcadas dentro de las atribuciones designadas en la Carta Magna para ese órgano gubernamental”.

“Desde su rol de ‘responsable político de la administración general del país’, ante la grave situación epidemiológica que se había desatado a nivel global, producto de la expansión de un virus ignoto y altamente contagioso, con una capacidad dañosa que –al menos hasta ese momento– resultaba de proporciones desconocidas, no parece discutible que el Presidente de la Nación efectivamente poseía amplias potestades para adoptar medidas de alcance general y uniforme, tendientes a impedir o mitigar su propagación”.

Esas medidas, dijo el juez, “cuentan con extensas consideraciones acerca de la situación epidemiológica que se presentaba a nivel global y nacional, así como la velocidad de los contagios y sus repercusiones en torno a la salubridad de la población, todo lo cual sustentaba –a criterio de las autoridades– la necesidad de adoptar ese tipo de medidas inmediatas para reducir la circulación del virus, puesto que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la salud hacían que deviniera imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes”.

“Las medidas entonces vigentes reglamentaban el ejercicio de ciertos derechos con el objetivo de resguardar otros bienes jurídicos sustanciales, como la vida y la salud pública, en el marco de una excepcional situación de emergencia sanitaria, cuya extensión era –por aquel entonces– todavía incipiente, aunque con una proporción dañosa desconocida respecto de la salubridad general de la población”, sostuvo.

“Ante esas alarmantes circunstancias, las autoridades estimaron primordial adoptar medidas tendientes –entre otras cosas– a disminuir la circulación y limitar la producción de los eventos sociales con concurrencia”, remató.

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La pobreza llegó al 41,7% en 2023 y afectó a más de 19,4 millones de personas

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la pobreza alcanzó al 41,7% de la población durante el segundo semestre de 2023. Asimismo, la indigencia llegó al 11,9%.

Los datos oficiales provienen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que recopila los datos de 29,5 millones de habitantes en 31 aglomerados urbanos. Esto implica que, al proyectar los resultados a la totalidad del país (46,6 millones a julio del año pasado), afectó a 19,4 y a 5,5 millones, respectivamente.

Con respecto al primer semestre de 2023, la pobreza registró un aumento tanto en los hogares como en las personas, de 2,2% y de 1,6%. En el caso de la indigencia, se incrementó en el 1,9% en los hogares y en 2,6% en las personas.

Dado que la incidencia de estos índices resulta de la capacidad de los hogares de acceder a la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT), se observó que, con respecto al semestre anterior, el ingreso total familiar requerido subió un 69,0%, mientras que las canastas regionales aumentaron 81,6% (CBA) y 75,8% (CBT).

En cuanto a los grupos de edad según condición, se destaca que el 58,4% de las personas de 0 a 14 años son pobres. En tanto, en la población de 65 años o más, el 17,6% se encuentra en esta condición.

El empeoramiento de los indicadores sociales se dio en paralelo con números favorables en los porcentajes de desempleo, lo que da cuenta de que el fenómeno está más explicado por la marcada caída del poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. Sucede que la inflación cerró el 2023 en 211,4%, la cifra interanual más alta en tres décadas.

Por su parte, la Universidad Católica Argentina (UCA), a través del Observatorio de la Deuda Social, estimó que la pobreza en la Argentina habría llegado en enero al 57,4% de la población argentina. Ese número, proyectado a todo el país, equivale a unas 27 millones de personas pobres y a 7 millones en situación de indigencia.

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Milei dijo se darán de baja otros 70 mil contratos de empleados públicos

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El presidente Javier Milei confirmó el martes que en los próximos días el Gobierno dará de baja los 70 mil contratos de empleados públicos que vencen el 31 de marzo, tras lo cual el secretario general del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, salió a cruzarlo.

El mandatario lo dijo en el IEFA Latam Forum, un foro económico con presencia de empresarios, donde encabezó el cierre del evento.

“Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”, sostuvo el mandatario.

Sobre esto, advirtió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas”.

De inmediato, el titular del sindicato ATE, Rodolfo Aguiar, salió a responderle en la red social X: “Mire Presidente @JMilei, no va a poder despedir 70.000 estatales como a usted le gustaría. Hoy se multiplicaron las protestas en todo el país y la conflictividad en el Estado va a seguir en aumento”, escribió.

Aguiar prosiguió: “Son tiempos de resistir pero también de tener proponer. Nos quieren acorralar para que defendamos puestos de empleo y no hablemos de que enfrentamos el ajuste salarial más grande de los últimos tiempos y con él, el deterioro grave de todas las condiciones de vida de los trabajadores y jubilados”.

“Vamos a seguir luchando y multiplicando las protestas para impedir cualquier cesantía ilegal e injustificada en la administración pública”, finalizó el gremialista.

Más temprano, durante este mismo martes, fuentes de Gobierno habían informado ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas que no se renovarán “entre el 15 y el 20%” de los más de 71.000 contratos de trabajadores estatales observados y aclararon que no se trata estrictamente de despidos.

Pero luego, el propio Milei habló de una caída del total de esos contratos, en medio de su iniciativa de llegar al déficit cero.

Cierres y recortes

Desde el viernes pasado, en algunas Unidades De Atención Integral (UDAI), dependencias de ANSES para atención del público, se inició un proceso de despidos en varias provincias del país e incluso cerraron algunas sedes. A los despidos en el Gran Buenos Aires y en la localidad balnearia de Mar del Plata se sumaron las provincias de Chaco, Río Negro, Santa Fe y Jujuy.

De manera definitiva, en Chaco cerraron las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras; en Río Negro hubo 18 bajas y desafectaron las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán; en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo y en ANSES Jujuy hubo 11 despidos.

La motosierra también llegó al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con el despido de más del 30% de la planta de 400 empleados. Las bajas forman parte de la etapa inicial del plan de “adecuación” del organismo.

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Caída de consumo: se profundiza el freno en las ventas y en febrero cayó 3,5%

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En febrero, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) mostró un retroceso de 3,5% en la comparación interanual, implicando un incremento desestacionalizado de 1,5% frente al mes de enero, es es decir, descontando los efectos estacionales habituales de ese índice a lo largo del año.

Este indicador desarrollado por la CAC refleja la evolución del consumo de los hogares en bienes y servicios finales con una periodicidad mensual.

Al igual que en enero, las elevadas tasas de inflación continuarán impactando en el poder de compra de las personas, profundizando la caída del consumo por la pérdida real de poder adquisitivo.

De esta forma, el IC acumula en los primeros dos meses del año un decrecimiento del 2,7% interanual, dejando atrás el excepcional valor positivo del último mes del año pasado.

Asimismo, continúa la tendencia bajista en las tasas de crecimiento interanual exhibidas por el IC a partir de enero y marcan en febrero 2024 un nuevo valor negativo en el año.

El recorte de asignaciones, subsidios en términos reales, junto con el ajuste de algunas paritarias por debajo del ritmo inflacionario, impactaron negativamente en la capacidad de consumo de las familias, lo cual era esperable en un marco de ajuste fiscal, para lograr el equilibrio o superávit fiscal necesario para evitar el financiamiento monetario y la consecuente inflación resultante.

Esto se da en un escenario económico donde la inflación continúa su proceso de desaceleración, pero registró nuevamente una variación mensual de dos dígitos. En febrero de 2024 la mensual fue del 13,2%, con una interanual del 276,2% y una acumulada anual del 36,6%.

Se destaca entre las caídas por rubros, la magnitud y el signo negativo en las interanuales de recreación y transporte, mostrando una disminución del 13,2% y 2,3%, respectivamente.

La tendencia bajista se verifica en las variaciones interanuales, teniendo signo negativo tres de los últimos cuatro meses. Asimismo, es la segunda mayor caída del Índice de consumo desde marzo de 2021 (solo fue superado por la baja de noviembre de 2023).

La semana pasada el INDEC dio a conocer los índices de ventas de supermercados, mayoristas y shoppings de enero. Todos los índices fueron negativos, mostrando la contracara del apretón monetario: una fuerte recesión y freno de consumo de golpe, algo que hasta puede volvérsele en contra al Gobierno reduciendo la recaudación como ya se empezó a sentir en la caída en febrero de los impuestos ligados al consumo.

En enero hubo una fuerte caída del consumo en todos los niveles. Una caída del 13,8 % en el índice de ventas totales a precios constantes respecto al enero de 2023 para supermercados.

Adicionalmente, el mismo índice para los autoservicios mayoristas, arrojó una caída de 8,1% interanual, mientras que para los centros de compras (shoppings) la caída fue de 21,3% respecto al mismo mes del año anterior.

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