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Fallo obliga al Gobierno a ejecutar la ley de financiamiento universitario
La Justicia Federal ordenó este martes al Poder Ejecutivo Nacional la aplicación inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, dejando sin efecto de forma cautelar el Decreto 759/2025 que había suspendido su ejecución. El fallo, dictado por el juez Martín Cormick del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, obliga al Gobierno a cumplir de inmediato con la actualización de las remesas para salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles, en respuesta a una acción de amparo colectiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades universitarias.
El magistrado declaró inaplicable el decreto presidencial que condicionaba la vigencia de la ley a la definición previa de fuentes de financiamiento por parte del Congreso, argumentando que dicha suspensión presenta rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y resulta contraria al orden constitucional. Cormick enfatizó que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras del Congreso —prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional para superar un veto presidencial—, no cabe una “variante suspensiva” por parte del Ejecutivo, ya que esto vulneraría el principio de división de poderes.
En sus fundamentos, el juez destacó los “perjuicios graves de imposible reparación ulterior” causados por el deterioro sostenido del poder adquisitivo de docentes, no docentes y becarios, lo que compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. Además, rechazó el argumento del Gobierno sobre el impacto fiscal, señalando que el ahorro representaría apenas un 0,23% del PBI y que dicho interés público no puede prevalecer sobre el derecho a la educación, a enseñar y a aprender.
La medida cautelar tiene carácter innovativo y regirá hasta el dictado de la sentencia definitiva en la causa, sin que el fallo implique un adelanto de opinión sobre el fondo del asunto. El conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando el presidente Javier Milei promulgó la ley tras su insistencia parlamentaria, pero simultáneamente la suspendió mediante decreto, alegando la ausencia de partidas presupuestarias específicas.
Este revés judicial representa un golpe para la estrategia de equilibrio fiscal del Gobierno nacional, al reactivar provisoriamente el flujo de fondos reclamados por las universidades públicas en un contexto de tensiones presupuestarias y reclamos salariales acumulados.
Fuentes judiciales confirmaron que la cautelar fue concedida bajo caución juratoria, y se espera que el Ejecutivo evalúe posibles apelaciones, aunque el cumplimiento inmediato de los artículos 5° y 6° de la ley ya es exigible. El fallo refuerza la autonomía universitaria y podría sentar precedente en disputas similares sobre normas insistidas por el Congreso.