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Ex intendente del PJ acusado de usurpación y lucro de un lote social en Fernández Oro

Nuevas pruebas consistentes en audios comprometen al ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y a su esposa Elba Maldonado en el caso de ocupación y operaciones inmobiliarias en un lote social. El lucro en ese tipo de terrenos está expresamente prohibido por ordenanza.
El material ya fue aportado a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales de Cipolletti por el inquilino de la familia Reggioni, Carlos Vásquez. Se trata de uno de los autores de la denuncia penal, junto al Municipio y a la titular original del lote, Miriam Canale.
En determinado momento, una mujer contactó a Canale, se mostró interesada en la propiedad y pactó abonarle sus deudas municipales a cambio de la firma de un poder especial. Años más tarde, el poder sobre la parcela pasó a manos de Diego Quintero, hijo de Reggioni sin que lo supiera su original propietaria. Todo indica que faltaba el último paso -la escritura definitiva- pero aún no se cumplían los plazos que establece la norma para que un lote social deje de ser considerado como tal y pueda ser comercializado. Canale asegura haber perdido de vista su tierra, pese a que formalmente la escritura sigue a su nombre.
En la demanda, la Municipalidad gobernada por Mariano Lavin, Vásquez y Canale consideran que hubo usurpación, estafa, peculado y violación de normas.
En los audios de una conversación con Vásquez que está en la causa, se escucha al ex intendente adjudicarse directamente la compra del lote social y explicar cómo lo obtuvo. “Lo compré con mi plata. Lo pagamos bien pago” en un trámite ante escribanía. “Ese dinero se lo dimos a un privado, no a la Municipalidad”. Y anticipa sus planes: “No lo vamos a poner a nombre de Diego (Quintero) sino como bien de familia a nombre de la hija” de éste, menor de edad. “Hasta que no cumpla los 21 años, nadie le va a poder tocar la propiedad”. Precisa que pagó 60.000 pesos.
la casa construida sobre el lote social era alquilada por los Reggioni a Vásquez en $ 6.500 pesos mensuales. Tal vivienda sufrió un incendio como consecuencia de una conexión clandestina de electricidad. Los audios claramente revelan que Reggioni era consciente de la situación de ‘colgados’: “Vos sabés que no pagabas la luz, que estabas enganchado…”, le dice el ex jefe comunal a Vásquez, para justificar su negativa a pagar todo el dinero reclamado por el inquilino por los daños del siniestro. Reggioni sólo aceptaba abonar “a medias” los gastos de reparación y de rotura de artefactos eléctricos.
Tanto Reggioni como su esposa hablan como si fueran los propietarios del inmueble. Y hasta improvisan sobre el número que debía asignarse a la puerta de la casa en la calle Tierra del Fuego: “Poné 1.750… No, mejor 1.745”. Precisamente, por no tener numeración esa casa, Edersa se negó a suministrarle servicio eléctrico.

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El otro lado de la guerra: homenaje a los ex soldados continentales de Malvinas

En un acto de reparación histórica y justicia, el Gobierno de Río Negro homenajeó a los ex soldados continentales de la Guerra de Malvinas en una ceremonia emotiva realizada en Viedma, donde se entregaron medallas y certificados en reconocimiento a su servicio a la Patria.
El Gobernador Alberto Weretilneck presidió el acto en el que destacó: “Es una gran satisfacción poder otorgar este reconocimiento a quienes tanto dieron por la Patria. Malvinas nos conmueve a todos los argentinos de manera profunda. Hoy venimos a saldar una deuda histórica”.
El Mandatario reflexionó sobre el proceso de “desmalvinización” y subrayó la importancia de mantener viva la memoria: “Malvinas es una gesta sin matices, que unió al pueblo argentino. Como Provincia, nos sentimos profundamente orgullosos del invaluable aporte que realizaron durante aquellos difíciles momentos y de su incansable esfuerzo por preservar en la memoria colectiva la gesta de Malvinas como parte fundamental de nuestra identidad nacional”.
Se trata de un reconocimiento moral y honorífico que busca reparar una deuda histórica. Al respecto, el Secretario General de Gobernación, Nelson Cides, resaltó “la determinación política del Gobernador, quien el 10 de diciembre de 2023, antes de asumir, les prometió solucionar este asunto. Hoy, tras un extenso diálogo, se concreta este acto de justicia”.
Además del reconocimiento simbólico, los ex soldados continentales podrán acceder a la afiliación voluntaria a la obra social provincial, un avance significativo en la reparación de sus derechos.
Palabras de un protagonista
Juan Carlos González, presidente de la Asociación Provincial de Soldados Continentales, expresó su gratitud: “Esta causa ha llegado a nuestras casas, a nuestras familias. Después de años de sufrimiento y negación, hoy se abre un crisol de esperanzas.”
El acto culminó con un llamado a mantener viva la causa Malvinas y el compromiso de seguir trabajando por los veteranos.
La ceremonia contó con la presencia de representantes de la Asociación SOL.CO. Y M de Fernández Oro, la Asociación 2 de Abril de San Carlos de Bariloche, la bandera nacional de soldados de la delegación San Antonio Oeste, así como excombatientes, veteranos y familiares.
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Agua y cloacas: ARSA y FONAVI trabajan para optimizar infraestructura en barrios

Aguas Rionegrinas y el Foro de Barrios Fonavi refuerzan el trabajo conjunto, con el objetivo de mejorar el servicio de agua y cloacas en estas comunidades, brindándoles así una mejor calidad de vida.
Para esto se realizó un encuentro de trabajo donde se dialogó sobre el estado actual de los servicios y la infraestructura en los barrios que integran el foro, con el objetivo de avanzar en soluciones conjuntas.
Además, se acordó sumar al Municipio de Viedma, el IPPV y el DPA a la mesa de trabajo en próximos encuentros.
Aguas Rionegrinas destaca la importancia de articular esfuerzos con el Foro de Barrios FONAVI y demás organismos para garantizar servicios esenciales de calidad a las familias rionegrinas.
Del encuentro participaron el gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud; el gerente de Explotación, Gabriel Soria; y referentes barriales, entre ellos Sergio Quepán (Inalauquen), Jonathan Belmar (presidente del barrio Guido), Daniela Quintero (vicepresidenta del barrio Guido), Daniela Pallalef (barrio Ceferino) y Antonela Perez (barrio 915 Viviendas).
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Domingo propone devolverle independencia al BCRA a través de un nuevo proyecto

El diputado nacional de JSRN, Agustín Domingo, en su intervención durante la discusión del DNU para establecer un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció la inminente presentación de una nueva propuesta para regular el funcionamiento del Banco Central.
Esto se produce tras “años de abusos hacia la entidad, de emitir dinero para cubrir el déficit fiscal y de utilizar el BCRA para apropiarse del ahorro de las familias en los depósitos a plazo de los bancos, mientras el Estado gastaba más de lo que le correspondía”.
Domingo, durante su presentación en el recinto, aseguró que ese desmanejo comenzó en el año 2012, cuando el Congreso modificó la Carta Orgánica del Banco Central y eliminó así su independencia. La modificación eliminó la obligación de contar con objetos de inflación y le otorgó posibilidades de financiar el déficit del Tesoro. “De un BCRA que paso de tener un objetivo central de preservar el valor de nuestra moneda a tener mil objetivos para justificar ese accionar imprudente” sostuvo.
El impacto en la economía nacional fue catastrófico, con “una inflación acumulada del 19.000% desde 2012 hasta la actualidad. Los precios se incrementaron casi 200 veces, afectando gravemente a la cantidad de argentinos que viven en la pobreza, quienes han sido las verdaderas víctimas de esta inflación”.
La reforma de la ley propuesta por Domingo establece que la principal y fundamental misión del Banco Central es “mantener el valor de la moneda”. “Las facultades del Banco para cumplir con este propósito incluirán la regulación del suministro de dinero y crédito en la economía, así como la emisión de normas en materia monetaria, financiera y cambiaria, de acuerdo con la legislación vigente”.
Si la reforma avanza, el Banco deberá hacer pública su estrategia monetaria para el siguiente ejercicio antes de cada año fiscal, comunicando sus metas de inflación y la variación total del dinero proyectada. De manera trimestral, o cuando se anticipen desviaciones significativas de las metas establecidas, el Banco deberá informar las razones del desvío y la nueva planificación.
El incumplimiento de esta obligación de informar por parte de los miembros del directorio del Banco Central de la República Argentina será motivo suficiente para su destitución. Se establece que el BCRA, en la formulación y aplicación de la política monetaria y financiera, no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, asegurando así su autonomía operacional. Además, no podrá asumir compromisos de ninguna índole que restrinjan, condicionen o deleguen, sin la autorización explícita del Honorable Congreso de la Nación, el ejercicio de sus facultades legales.
El artículo 2 de la reforma contemplada introduce cambios en la dirección de la entidad bancaria. Esta será administrada por un directorio que estará integrado por un presidente, un vicepresidente y siete directores. Los directores se dividirán en tres por la primera mayoría, tres por la primera minoría y uno por el resto de los partidos representados en la Cámara de Diputados.
El presidente y el vicepresidente serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional con el consentimiento del Senado de la Nación. Los directores serán seleccionados por la Cámara de Diputados conforme a lo establecido en el artículo 6°. Su mandato será de cuatro (4) años, con la posibilidad de ser reelectos. El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar las designaciones del presidente y vicepresidente en comisión mientras se obtiene el acuerdo del Senado de la Nación.
El Banco solo podrá financiar al gobierno nacional mediante la compra, a precios de mercado, de títulos negociables emitidos por la Tesorería General de la Nación. El aumento de las tenencias de títulos públicos del Banco, a valor nominal, no podrá superar el diez por ciento (10%) por año calendario, ni exceder el límite máximo estipulado en el artículo 33.
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