El Gobierno nacional redujo a cero los aportes mensuales que las industrias radicadas en Tierra del Fuego debían realizar al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP).

La medida busca compensar la pérdida de competitividad generada por cambios en el escenario tributario y arancelario nacional que afectaban la ecuación económica de las compañías.

El sector industrial, representado por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), solicitó esta revisión ante el impacto de las medidas de desregulación económica vigentes.

Según los informes técnicos, las condiciones actuales ponían en riesgo la capacidad productiva y el sostenimiento del empleo en la provincia.

La decisión fue comunicada a través de la Resolución 20/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, publicada este martes en el Boletín Oficial y a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Hasta esta disposición, las empresas adheridas al régimen de promoción industrial debían realizar un aporte obligatorio equivalente al 15 % del beneficio obtenido por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las ventas de sus productos.

Con la nueva norma, esta alícuota se fija en el 0 % para todas las empresas que operan bajo el marco de la Ley 19.640 y sus prórrogas.

La resolución especifica que esta reducción no libera a las empresas de cumplir con los proyectos de inversión propios que ya fueron aprobados por el comité ejecutivo del fondo.

En caso de incumplimiento, las firmas deberán integrar los aportes no realizados junto con los intereses correspondientes.

La medida tendrá vigencia mientras se mantengan las condiciones económicas que motivaron su implementación.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para febrero, cuando buscará avanzar con iniciativas claves, como la reforma laboral, el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), y la ley de glaciares.

El Legislativo debatirá estas iniciativas entre el 2 y 27 de febrero, según publica este lunes el Boletín Oficial, en un Congreso en el que, tras ser renovado el pasado 10 diciembre, el oficialismo duplicó sus representantes.

Entre las prioridades del Gobierno Milei está la Ley de Modernización Laboral, que propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

La iniciativa, muy criticada por la oposición y las principales centrales obreras, busca además establecer salarios atados a la productividad y jornadas laborales de hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

La ley de glaciares, otro de los proyectos del oficialismo, aspira a permitir la explotación minera en zonas aledañas a los glaciares, al trasladar a las provincias la responsabilidad de evaluar el impacto ambiental de esa actividad.

También se buscará la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE, firmado el pasado sábado en Paraguay y del cual se espera que potencie a los sectores ganaderos de los países miembros del grupo sudamericano.

Éste será el segundo período extraordinario de sesiones del Congreso argentino desde su renovación, el pasado 10 de diciembre, cuando se fortaleció La Libertad Avanza (LLA) de Milei, al aumentar de seis a 20 sus bancas en el Senado y de 44 a 95 en la Cámara de Diputados.

Durante las sesiones extraordinarias de diciembre el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, que redefine la configuración de los delitos fiscales con el objetivo de incentivar el uso de dólares atesorados por los argentinos fuera del sistema financiero.

La Justicia argentina ha puesto bajo la lupa al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, debido a una investigación que indaga sus viajes al exterior y la discrepancia entre sus gastos y sus ingresos declarados. Desde 2017, Toviggino habría realizado un total de 72 vuelos en aviones privados, generando un costo estimado superior a los 7 millones de dólares, una cifra que ha despertado sospechas sobre la legalidad de su financiamiento.

Los registros migratorios detallan que Toviggino viajó frecuentemente a destinos como Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Además, se ha documentado el uso de aeronaves de lujo, incluyendo un Gulfstream G450, utilizado durante el Mundial de Qatar 2022, y un Bombardier Learjet 60XR vinculado a la firma Listra 200 SA, asociada con el empresario Javier Faroni, quien es investigado por su relación con la AFA.

La causa, dirigida por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, también investiga los vínculos entre Toviggino y Faroni, el cual es señalado como agente recaudador de la AFA. En este contexto, se examina la empresa TourProdEnter, creada por Érica Gillette, pareja de Faroni, por presuntos vínculos con lavado de dinero y el desvío de más de 42 millones de dólares hacia sociedades fantasmas.

Además de los lujosos viajes, los datos revelan que Toviggino realizó 18 traslados en vehículos de la empresa Flyzar y aproximadamente 60 vuelos en helicóptero hacia una mansión en Pilar, cuyo valor ronda los 17 millones de dólares. Estos datos suman a un entramado complejo que involucra el uso de tarjetas corporativas de la AFA para cubrir gastos personales, peajes y hasta el mantenimiento de una flota de autos de alta gama.

El juez Aguinsky ha ordenado la baja de una tarjeta American Express a nombre de Luciano Pantano, presunto testaferro, que registraba consumos mensuales alarmantes de 50 millones de pesos. Este tipo de gastos ha llevado a una mayor preocupación sobre el uso de los recursos de la AFA y la transparencia en las finanzas de la organización.

Mientras la investigación avanza, la AFA también intenta trasladar su domicilio legal a Pilar, una maniobra que preocupa a la Justicia, ya que podría interpretarse como un intento de evadir el control de la Inspección General de Justicia. La situación ha puesto a la AFA y a Toviggino en el centro de un escándalo que podría tener repercusiones importantes en el mundo del fútbol argentino y su relación con las instituciones.