El rector de la UNRN asumió como vicepresidente del CIN

En el marco del 95º Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrado el viernes 27 de marzo en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), se renovaron las autoridades para el período 2026‑2027. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, asumió la presidencia, mientras que Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro, fue elegido vicepresidente de la entidad.

El encuentro reunió a las máximas autoridades del sistema universitario público en un contexto de fuerte ajuste económico. Según informes técnicos presentados, las universidades argentinas han perdido el 45,6% de sus recursos en términos reales desde noviembre de 2023, ubicándolas como uno de los sistemas con menor financiamiento de Latinoamérica. “El CIN está tomando en los últimos meses una nueva función de hacerse cargo de la política universitaria del país porque hoy necesitamos que tome esa bandera de definir hacia dónde va el sistema y de qué forma”, señaló Oscar Alpa, presidente saliente y anfitrión del plenario.

Alpa definió como un hito la decisión del Consejo de avanzar judicialmente contra el Estado nacional. “La decisión del CIN de avanzar judicialmente contra el Estado nacional fue un hecho histórico, una definición política clara. Y en esa línea, muchas de las decisiones que debemos tomar de aquí en adelante también son, necesariamente, definiciones políticas desde nuestras universidades públicas”, sostuvo. Desde la entidad enfatizaron que la universidad pública ha dejado de ser solo un actor sectorial y se ha convertido en un actor político central en la defensa de la educación y la ciencia.

Durante el encuentro participó el diputado nacional Germán Martínez, quien reafirmó el acompañamiento legislativo a las demandas universitarias. “En lo táctico, en lo inmediato, expreso la absoluta disposición y el compromiso para el trabajo conjunto, especialmente para hacer todos los esfuerzos políticos y parlamentarios necesarios para garantizar la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario”, afirmó. Además, invitó a la comunidad académica a participar en una construcción política más amplia: “Los invito a que podamos impulsar todas las acciones necesarias, no solo en el ámbito estrictamente parlamentario, sino también en todos los estamentos y plataformas políticas, para ofrecerle a la Argentina un proyecto de futuro que garantice un destino en común”.

El Plenario emitió un documento técnico con cifras alarmantes sobre la situación financiera del sistema. Desde la asunción del actual gobierno, las universidades enfrentan una caída real acumulada del 45,6% en las transferencias entre 2023 y 2026, un derrumbe en la inversión pública. Los salarios universitarios perdieron un 32% de su poder adquisitivo hasta febrero de 2026, situándose en su nivel más bajo de los últimos 23 años, y se requiere una recomposición del 47,3% al 47,5% solo para recuperar la capacidad de compra previa a la gestión actual. El programa de infraestructura tuvo ejecución cero en 2024 y 2025, y las partidas para las Becas Progresar quedaron un 95% por debajo del valor real que tenían en 2023.

Al cierre del encuentro, las nuevas autoridades reafirmaron el compromiso de “reclamar, reformar y resguardar” el sistema universitario con la misma fuerza que hasta ahora. En ese sentido, Anselmo Torres subrayó: “Nos toca transitar tiempos muy difíciles y complejos, en los que no debemos claudicar en el reclamo universitario. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es una obligación institucional del Estado y no una opción; garantizar un presupuesto adecuado es una condición mínima. Una Argentina con universidades públicas fuertes es una Argentina con futuro”.

El CIN concluyó el plenario con un llamado a la unidad de la comunidad académica para evitar la destrucción del sistema universitario y científico. “No hay desarrollo posible si no es a partir de la producción y del trabajo”, sostuvo el documento final, reafirmando que la educación, la investigación y la extensión son condiciones indispensables para el futuro del país. Bajo la nueva conducción de Bartolacci y Torres, el Consejo se posiciona como un actor político central en la defensa de la universidad pública y en la exigencia de reapertura de la negociación por una Ley de Financiamiento acorde al rol que le cabe al sistema universitario en la Argentina del siglo XXI.