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El plan “Volver al Trabajo” seguirá vigente por fallo judicial
Un fallo judicial volvió a poner en tensión la política social del Gobierno nacional. La Justicia federal frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, una medida impulsada por el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y ordenó mantener vigente el beneficio hasta que haya una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por un grupo de beneficiarios del programa. En su resolución, el magistrado dispuso que el Estado continúe pagando las prestaciones económicas y le dio un plazo de tres días para acreditar su cumplimiento, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento.
El reclamo judicial fue impulsado por titulares del plan que cuestionaron la decisión oficial de darlo de baja. Según argumentaron en la presentación, la eliminación del programa constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales y plantearon su inconstitucionalidad, lo que motivó la intervención de la Justicia.
El programa Volver al Trabajo, que deriva del ex Potenciar Trabajo, alcanzaba a cerca de 900 mil beneficiarios que perciben una asignación mensual. El Gobierno había anunciado su finalización y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación, con el objetivo de promover la inserción laboral y reorientar el gasto social.
La decisión oficial generó un fuerte rechazo de organizaciones sociales, que en las últimas semanas realizaron protestas y cortes en distintos puntos del país. Entre ellas se destacaron movilizaciones en accesos a la Ciudad de Buenos Aires, con participación de distintos movimientos que cuestionan el impacto social de la medida.
El fallo judicial introduce ahora un nuevo foco de conflicto para el Gobierno, que buscaba avanzar con una reformulación del esquema de asistencia social. Mientras se espera la resolución definitiva del caso, la continuidad del programa queda garantizada de manera provisoria, en medio de un escenario de tensión entre la administración nacional, la Justicia y las organizaciones sociales.