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El Gobierno quiere contener a los movimientos sociales

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Diciembre, con todo lo que ese mes significa para el país, está a la vuelta de la esquina y es por eso que el Gobierno, transitando el mes de octubre, ya arma un plan de contención: al envío de fuerzas de federales al conurbano que empezó ayer, le sumará este miércoles la primera reunión tripartita entre Movimientos Sociales, Iglesia y Gobierno.
La reunión tendrá carácter formal porque será en el Ministerio de Desarrollo Social y la encabezará la ministra Carolina Stanley. Por el lado de las organizaciones estarán presentes Barrios de Pie (BP), la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista Combativa (CCC), los promotores de la populosa marcha de San Cayetano. Finalmente, por lado eclesiástico está confirmada, hasta el momento, la presencia de monseñor Fernando Maletti, que es el obispo de la zona caliente de Merlo/Moreno y quien fuera designado allí por el Papa Francisco.
“El Gobierno no termina de comprender la realidad social, aspiramos que de acá a fin de año, el Estado esté del lado de los más necesitados”, considera Daniel Menéndez, referente nacional de BP. Agrega: “Hay un deterioro social estructural que no pretendemos que se solucione en lo inmediato, pero todo se agrava por la falta de ingresos en las familias y esto hace desesperante diciembre que es la época del año en la que se cristalizan los problemas cuando no tenés nada para llevar a la mesa”.

 

¿Cuáles son sus reclamos?
“Queremos que el bono de 1000 pesos para beneficiarios de la AUH se otorgue por hijo y no por familia; también pediremos un aguinaldo social y que se mantenga de acá a futuro: si una persona cobra los 3400 pesos por el Plan Argentina Trabaja pediremos que en diciembre se pague otro importe igual en concepto de aguinaldo”, explica Menéndez. El pedido de la declaración de la Emergencia Social es otro caballito de batalla que estará en la mesa y por el que los movimientos sociales ya se juntaron con varios legisladores. Lo explica Juan Grabois, de la CTEP, para este diario: “La Ley de Emergencia Social implica la implementación de un salario social complementario para que ningún trabajador tenga ingresos inferiores al mínimo vital y móvil (hoy es de $7.560 y desde el 1° de enero será de $8.060), y la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo en pequeñas obra de infraestructura social y servicios comunitarios”. Y agrega que “desde el Gobierno nadie los consultó sobre el bono de 1000 pesos”. El otro punto por el que reclamará la CTEP es que “hay pagos retrasados en el Plan Argentina Trabaja y que aún no hubo actualizaciones en los montos que se pagan”, expone Grabois.
Atado a las respuestas que consigan de parte del ministerio, y en caso de no satisfacer los pedidos, desde BP adelantaron que contemplan pedir bolsones de alimentos a los supermercados.
Ambos dirigentes, Menéndez y Grabois, coinciden -y lo pedirán a sus interlocutores- que la mesa que se iniciará este miércoles continúe más allá de lo que quede del año.
En los barrios de emergencia hoy por hoy conviven muchos actores y de difícil control: narcos, barrabravas, punteros ya sea peronistas o radicales, piratas del asfalto, la izquierda radicalizada, los movimientos sociales y la parroquia. La estrategia del Gobierno apuntaría a sentar en la mesa de diálogo a los dos referentes de mayor peso entre los humildes.

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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación

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El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.

El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.

La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.

Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.

Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.

Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.

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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro

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El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.

Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.

La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.

El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.

Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.

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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.

Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.

El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.

A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.

Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.

Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.

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