Nacionales
El Gobierno les ofrece a las provincias restituir Ganancias

Representantes del Ejecutivo nacional y de las 24 provincias dieron este viernes el primer paso en su camino para firmar el Pacto de Mayo propuesto hace una semana en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por Javier Milei. La cita, que se llevó a cabo en la Casa Rosada, duró casi cuatro horas y contó con la participación de 20 gobernadores y cuatro vices, fue calificada de “muy productiva” en un comunicado publicado por la Oficina del Presidente.
“Se trató de una reunión extensa y muy productiva en la que se expresó un consenso mayoritario sobre los principales puntos de la Ley Ómnibus. Asimismo, se acordó seguir trabajando en una mesa política y económica para avanzar con su aprobación”, comenzó el texto.
“Además, durante el encuentro, el Gobierno propuso promover un paquete de alivio fiscal que incluye una moratoria impositiva, la modificación a los impuestos internos al tabaco y la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas”, precisó.
“Por otra parte -continuó el comunicado-, se conversó acerca de cambios en la Ley de Ingresos Personales, la eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la misma y la modificación del Monotributo, aumentando las escalas de montos de facturación y de las cuotas fiscales, Por último, se propuso el impulso del Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor”, enfatizó el comunicado antes de asegurar que el jefe del Gabinete, Nicolás Posse, quien presidió el encuentro junto al ministro del Interior, Guillermo Francos, concluyó la cita “haciendo hincapié en que la Ley de Bases, el paquete de alivio fiscal y la firma del Pacto de Mayo permitirán que el país retome la senda de prosperidad y desarrollo económico”.
Tras el encuentro, Francos ofreció una rueda de prensa, acompañado por los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.
Para el principal negociador político del Gobierno de Milei, la reunión fue “muy cordial y positiva”. “Avanzamos mucho”, remarcó Francos, quien sostuvo, en línea con otros mandatarios provinciales que hicieron declaraciones al abandonar la Casa Rosada, que se trabajará en una más acotada Ley de Bases, con menos de 300 artículos, y que continuarán las conversaciones sobre la propuesta oficial para restituir la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, en la que no hubo consenso.
Jaldo, por su parte, agradeció la convocatoria del Ejecutivo nacional, al considerarla “una muestra de federalismo”, y afirmó que “muchos de los gobernadores” que participaron en la cita “se comprometieron a acompañar” la Ley Ómnibus, a la que hace unas semanas la Cámara Diputados dio luz verde en general, pero que días después fracasó en su tratamiento en particular.
En sintonía, Frigerio valoró que se haya establecido “un esquema de trabajo” para avanzar en los 10 puntos del Pacto de Mayo y en lo que definió como “la nueva Ley Ómnibus, que recoge los temas en los que hubo consenso” en la Cámara baja.
Tras salir de la sede gubernamental, su colega de Chubut, Ignacio Torres, también calificó de “positivo” el encuentro, precisó que cada provincia propuso sus iniciativas y deseó que esta reunión “sea un punto de partida para algo bueno y no un simple intercambio de figuritas”.
El cónclave, en el que no participó el Presidente, se llevó a cabo una semana después de que el líder libertario propusiera firmar el 25 de mayo en Córdoba el que consideró “un acuerdo fundacional” que deje atrás las “antinomias del fracaso” para construir un nuevo orden social, político y económico.
El acuerdo consta de 10 puntos. Ellos son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos -en torno al 25% del Producto Bruto Interno-, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
También un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, una previsional que le dé sustentabilidad al sistema y otra política estructural, además de la apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
Al proponer la iniciativa, Milei la condicionó a la firma de un nuevo pacto fiscal para fortalecer las alicaídas arcas de las provincias, sometidas en las últimas semanas a una serie de recortes por parte de la Nación, y a la aprobación de la Ley Ómnibus.
Además de Frigerio, Jaldo y Torres, estuvieron presentantes en la reunión los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Sáenz (Salta), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Marcelo Orrego (San Juan).
En representación de Mendoza, Formosa, La Rioja y Santa Fe asistieron a la cita los vicegobernadores Hebe Casado, Eber Solís, Teresita Madera y Gisela Scaglia, respectivamente.

Nacionales
El Gobierno modificará la Ley de Identidad de Género

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles en Casa Rosada que el Gobierno nacional modificará la Ley de Identidad de Género. Según detalló, estarán prohibidos los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años.
Esta decisión fue comunicada por el vocero presidencial, quien explicó que la medida busca establecer nuevas regulaciones en torno a la identidad de género en el país. También se derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo.
“La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad si no también a los menores de 18 años”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.
Y continuó: “De esta forma hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que lo autorice”.
El vocero sostuvo que dichas intervenciones exponen a los niños es un grave riesgo a su salud tanto física como mental ya que implican “una interrupción en su proceso de maduración”. Además, aseguró en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles.
“Países pioneros en cambio de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo”, señaló.
“Esta medida, lejos de afectar a un sector particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección”, agregó.
Los principales cambios
“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
El PMO es la canasta básica de prestaciones que deben garantizar todas las coberturas a la población. La modificación de dos artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N° 26.743, llega tras la marcha la marcha LGBTQI+ del sábado pasado en repudio del discurso del presidente Javier Milei durante la reunión en Davos.
Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas.
Mientras que al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, ampliaron en Salud.
Este cambio en la legislación generó diversas reacciones en la sociedad, especialmente entre organizaciones que defienden los derechos de las personas trans y la salud de los menores.
El fundamento de esta medida, según explicaron desde el Gobierno, está en un informe técnico sobre ambos artículos. “Habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad –plantearon a partir de ese texto, que no fue difundido aún–. Teniendo en cuenta que el deber del Gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.
Nacionales
Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.
Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.
La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.
Nacionales
Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.
“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).
“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.
En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.
El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.
El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
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