Este miércoles se presentó ante la Justicia electoral bonaerense la alianza Somos Buenos Aires, referenciada nacionalmente en el acuerdo que sellaron el diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes y el ex gobernador de Córdoba y candidato presidencial Juan Schiaretti de cara a 2027.

El Frente competirá en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y tiene como columna vertebral a un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires articulados en torno a Julio Zamora, actual intendente de Tigre.

Además de Hacemos (Juan Schiaretti) y Para Adelante (Facundo Manes) suscribieron la alianza Somos Buenos Aires la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (Elisa Carrió), el Partido Socialista (Mónica Fein), el GEN (Margarita Stolbizer) y Partido del Diálogo (Emilio Monzó).

En un comunicado, se indicó que el objetivo es construir una nueva alternativa nacional, tanto a La Libertad Avanza (LLA) como al kirchnerismo, ya que Manes y Schiaretti “entienden que el desafío del momento es interpelar el ausentismo creciente, una señal de que la sociedad no encuentra respuestas en la política” y que “es necesario una propuesta que no busque resucitar las coaliciones que ya fracasaron ni se conforme con ser un furgón de cola de los libertarios, y apuestan a que este sea el primer paso para la construcción de un proyecto que pueda ser una alternativa real en el 2027.”

“Somos Buenos Aires intentará poner a los intereses de la sociedad y la provincia por encima de cualquier interés sectorial o partidario. El bien común sobre las corporaciones. Este espacio tendrá a los intendentes y a la sociedad bonaerense como protagonista. Somos Buenos Aires es una declaración de pertenencia. Habla de lo que nos une más allá de las diferencias. Es el reflejo del ADN colectivo, de quienes creen en el trabajo honesto, la familia, la justicia y el bien común. Representa ese lazo invisible pero firme que nos conecta con lo nuestro, con lo que queremos construir juntos”, aseguró Zamora.

Por su parte, Manes expresó: “En estas elecciones los bonaerenses podemos sembrar la semilla de un futuro mejor. La provincia necesita otro destino. No está condenada al fracaso. Puede ser un motor del desarrollo nacional. Estamos dando los primeros pasos para construir un cambio al cambio. La sociedad necesita una nueva herramienta política para cambiar el país sin destruir el sueño argentino: un país próspero, de clase media, con trabajo de calidad, educación, conocimiento y producción”.

Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Leonardo Rodríguez han identificado “inconsistencias significativas” en relación con la entrada, permanencia y salida del vuelo con matrícula PRVN18RU, así como en la entrada al país de diez maletas que carecieron de control, situación que tuvo lugar entre el 26 de febrero y el 5 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Jorge Newbery, en el cual se trasladó Laura Belén Arrieta.

El avión pertenece a Leonardo Scatturice, quien adquirió la aerolínea de bajo costo Flybondi, y es un individuo relacionado estrechamente con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Entre las “inconsistencias significativas” detectadas se incluyen: “omisiones en los controles de equipaje al momento de la llegada; falta de registros que aseguren la trazabilidad del equipaje; deficiencias en la documentación migratoria de tripulantes y pasajeros; ausencia de documentos que validen la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; falta de registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas sobre el aeropuerto de origen declarado”.

Los fiscales remarcaron que oficialmente se declararon cinco bultos en el Formulario de Declaración General y las imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) muestran más de diez bultos.

La aeronave de Scatturice arribó al Aeroparque “Jorge Newbery” el 26 de febrero de 2025 a las 08:15, procedente de los aeropuertos de Fort Lauderdale o Opa-locka, ambos situados en Florida, Estados Unidos. Permaneció en Argentina hasta el 5 de marzo de 2025 a las 20:30, cuando despegó hacia el aeropuerto de París–Le Bourget, haciendo una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur, en las Islas Canarias, España. Finalmente, el 12 de marzo, partió desde París–Le Bourget hacia el aeropuerto de Opa-locka.

Los fiscales precisaron que el avión ingresó al país con dos tripulantes, José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto y una pasajera, Laura Belén Arrieta. A la salida, se sumó un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy, quien había arribado previamente al aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.

Las irregularidades

Entre las irregularidades, los fiscales Claudio Navas Rial, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 4, y Sergio Leonardo Rodríguez, Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas mencionan el testimonio de José Flores Herbas, Oficial Principal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) quien aseguró que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”.

Otra oficial, de apellido Barbuto, declaró que el personal de PSA no interviene en el escaneo ni en el control de equipajes en arribos internacionales, dado que tales tareas son exclusivas de la Dirección General de Aduanas.

“Según el análisis de las imágenes proporcionadas por la PSA, los fiscales Naval Rial y Rodríguez señalan que el grupo asociado al vuelo en cuestión utilizó un circuito de control aduanero diferente al que se aplicaba simultáneamente al resto de los pasajeros que llegaban al país en ese mismo momento”.

Destacaron que, de acuerdo con las grabaciones de video, mientras el área estaba “libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron dirigidos por personal aduanero -entre los cuales se identifica a una agente que coincide con la imagen de quien previamente los había recibido en la pista- hacia una vía secundaria, sin pasar por los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje”.

“Se observó una discrecionalidad no normativa, sin trazabilidad ni fundamentos objetivos que permitan reconstruir o verificar los motivos de la decisión tomada”, afirmaron los fiscales en el documento.

Los testimonios

El dictamen resalta que “las declaraciones de los pilotos indican la presencia de dos valijas que permanecieron dentro de la aeronave como equipaje en tránsito”. El tripulante Bresciano declaró ante la Justicia que el propietario de las valijas “se llama Víctor; eran objetos personales que él tenía ahí y quedaron en el avión porque este estaba en tránsito”. Víctor Germán Du Plooy fue quien tomó el vuelo de regreso, el cual partió el 5 de marzo hacia París.

Sobre este punto, los fiscales dijeron que “si bien el régimen aduanero contempla esta posibilidad, también impone como condición que el medio de transporte egrese del país en las mismas condiciones en que ingresó, sin haber sido objeto de alteraciones. En este contexto, la falta de un control objetivo o debidamente documentado -sumada a la inexistencia de registros fílmicos continuos del área del hangar donde permaneció la aeronave- genera un margen de incertidumbre respecto de la trazabilidad y fiscalización efectiva de los objetos que quedaron a bordo”.

Se detectaron inconsistencias en los registros migratorios de los dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y de los dos pasajeros (Laura Belén Arrieta y Víctor Germán Du Plooy). En particular, los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones indican que el destino de salida era “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final a París, haciendo una escala intermedia en Tenerife, y regresó a Estados Unidos el 12 de marzo.

Los fiscales proponen ampliar la investigación sobre los registros de llamadas entrantes y salientes, así como los mensajes de texto (SMS), entre las 8:15 y las 9:00 horas del 26 de febrero de 2025. El objetivo es determinar si hubo algún tipo de contacto o intercambio relacionado con todos los vehículos que participaron en la llegada del avión a la rampa asignada para su aterrizaje. Esto incluye dos furgonetas tipo traffic de color negro, supuestamente pertenecientes a la empresa Royal Class; una furgoneta tipo traffic de color blanco, que podría ser de la PSA; una furgoneta de color blanco y celeste, presuntamente asignada al personal de la Dirección General de Aduanas; y dos o tres furgonetas utilitarias blancas que se acercaron y se retiraron de la aeronave en diferentes momentos.

Además, solicitan que comparezcan en sede judicial tres agentes de la Dirección General de Aduanas que estaban presentes en el aeropuerto ese día.

El vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger anunciaron esta tarde “que el presidente Javier Milei ordenó el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial”.

La medida será publicada mañana en el Boletín Oficial y se da en el marco del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación el 8 de julio de 2025. En este sentido, Adorni informó que “se reorganizará la Comisión Nacional de Regulación del Transporte”, y que “el Gobierno dará apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta que, tras décadas de despilfarro y corrupción, se vieron degradadas como nunca antes”.

“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, aseveró el funcionario, quien además se refirió a los fines políticos en el uso de los recursos de Estado e indicó que “por primera vez, las facultades delegadas se utilizaron para aliviar la carga fiscal sobre los bolsillos de los argentinos”. Y agregó que “los 65 decretos delegados que se promulgaron el último año implican un ahorro de 2.000 millones de dólares anuales en gastos”.

Por su parte, Surzenegger informó que el Gobierno no buscará “prorrogar las facultades delegadas como hacía el kirchnerismo” e indicó que “fueron planteadas por el presidente Milei con una intención y una modalidad totalmente diferente”; por eso describió que “fue por un año; un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas”.

Las transformaciones fueron llevadas adelante por el Gobierno nacional tras la reglamentación de la Ley Bases que, junto al DNU 70/2023, configuran un paquete de reformas del Estado de carácter histórico. Las principales desregulaciones y recortes de gasto del Ministerio se dieron en los siguientes ámbitos: empleo público, reforma laboral, alquileres, industria y comercio, transporte y sector automotor.