Nacionales
El Gobierno formalizó la convocatoria a extraordinarias

El Gobierno oficializo la citación a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero para debatir la eliminación de las elecciones primarias PASO, los pliegos a la Corte Suprema y un paquete de proyectos de seguridad.
La decisión fue plasmada a través del DNU 23/2025 que firmaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
El Gobierno giró al Senado la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el próximo lunes hasta el 21 de febrero, y luego se envió una copia del DNU al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. .
Uno de los principales temas que el Gobierno quiere abordar es la eliminación de las PASO que se deben realizar en agosto para definir los candidatos que presentarán los partidos políticos en los comicios de octubre para renovar 127 bancas de diputados y 24 del Senado.
Con la formalización de la convocatoria al período extraordinario, Diputados deberá armar una agenda para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia traten la reforma electoral, que tiene como punto central la derogación de las PASO.
Para poder lograr su objetivo el oficialismo debe alcanzar acuerdos con los bloques opositores y por el cual esta semana Francos avanzará con conversaciones, en primera instancia, con los bloques aliados del PRO y la UCR.
En ese sentido, el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, dijo que “la eliminación de las PASO es fundamental ya que demostraron su ineficacia”, aunque no descartó que, si no hay acuerdo con la oposición, se podría analizar en una primera instancia la suspensión de las elecciones primarias. .
Almirón agregó que “no se justifica que el Estado gaste el dinero de todos los argentinos para las internas de los partidos políticos” y resaltó la implementación de la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones. .
Al ser consultado sobre la propuesta de suspender las PASO en lugar de su eliminación, Almirón dijo que el objetivo de “máxima” es eliminarlas y agregó: “Pero necesitamos consensos y, si no se logran los acuerdos, la suspensión sería un instrumento transitorio que podría tener sentido”.
La sanción del proyecto de reforma electoral requiere una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, con lo cual necesita el respaldo de las bancadas de bloques aliados y de al menos un sector de Unión por la Patria.
También quiere que se aprueben los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.
Se incluye un nuevo proyecto de Ficha Limpia para evitar que puedan ser candidatos electivos los dirigentes condenadas en segunda instancia por casos de corrupción que deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo.
En cuanto al resto del temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la cámara alta.
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. .
Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.
Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. .
Esa propuesta tiene dictamen de comisión y no se pudo debatir porque estaba incluida en la misma sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que no tuvo quórum porque no asistieron legisladores libertarios ni bloques que acompañan al oficialismo.
El despacho establece que si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.
La iniciativa modifica el artículo 17 del Código Procesal y, en ese sentido, establece que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”.
En el temario se incluyó una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.
El proyecto que tiene dictamen de comisión permitirá juzgar a funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollhá señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.
La Argentina había pedido la extradición de los ex ministros de Defensa Ahamad Vahidi; del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan; del ex ministro de Seguridad, del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani, y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.
Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
El juicio en ausencia sólo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de requisitos, como por ejemplo que el imputado declarado rebelde, “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.
También si “se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses “desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional”, sin poder dar con su paradero.
Además, se aplicaría el juicio en ausencia si “el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país”.
La agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno Nacional.

Nacionales
Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.
Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.
La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.
Nacionales
Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.
“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).
“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.
En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.
El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.
“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.
El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.
La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Nacionales
El Gobierno confirmó que irá por la eliminación de la figura de femicidio

A días de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista, en Casa Rosada le bajaron el precio a la protesta del colectivo al sostener que convocó a un número menor de personas al que esperaban, y confirmaron que irán por la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.
Pese a la movilización que nucleó a más de 80.000 personas contra los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davis, fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron que los reclamos no incidirán en los planes del Poder Ejecutivo de avanzar con la agenda “anti feminista”.
“La marcha fue irrelevante. Está bien que movilicen, si así lo consideran, pero la verdad es que fue más chica de lo que se esperaba”, describieron al respecto al tiempo que alertaron a los sectores de la oposición que adhirieron a las premisas del colectivo LGBTIQ+.
Según esbozaron por los pasillos de Balcarce 50, los convocantes malinterpretaron el discurso del mandatario, lo que genera que el libertario continúe aclarando sus palabras.
Por otra parte, apuntaron contra los sectores de la oposición que criticaron al libertario al asegurar que “a todos los aliados, de alguna manera les terminó yendo mal. Todos terminaron escrachados”.
La referencia es en alusión a la figura del expresidente Alberto Fernández, autodenominado feminista, que por estos días es investigado por presunta violencia de género contra su expajera, Fabiola Yáñez.
Los dichos tienen un destinatario concreto: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien se sumó a cuestionar la comparación del libertario que igualó a los homosexuales con pedófilos.
Se trata de uno de los referentes del PRO -partido aliado- que más diferencias marca con La Libertad Avanza, incluso es el blanco de los embates del espacio libertario que busca arrebatarle la Ciudad de Buenos Aires para desembarcar con nombres propios.
Pasada la movilización, en el Poder Ejecutivo desestimaron su daño y reiteraron que avanzarán con la agenda antifeminista que busca terminar con lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.
Una alta fuente involucrada en el tema admitió ante la agencia Noticias Argentinas que el equipo del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, trabaja en las modificaciones a aplicar para que la supresión de la figura no implique la libertad de ningún condenado.
“La idea es solo eliminar la distinción. No somos tontos, estamos trabajando para que ningún preso sea liberado, y poder mantener las penas para los homicidios tanto contra mujeres como contra los hombres, teniendo en cuenta los agravantes”, especificó.
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