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El Gobierno exige a las provincias cambios impositivos y el año arranca con tensión
En el punto ciego que quedó entre la salida de Alfonso Prat Gat y el tránsito de Nicolás Dujovne, Rogelio Frigerio exploró con los gobernadores un tema tabú que Mauricio Macri quiere en el menú de reformas del 2017.
El martes pasado, el ministro del Interior anticipó a mandatarios -y vices- la intención de discutir un asunto monumental: el régimen de copartipación de impuestos que este año repartirá $750 mil millones entre las 23 provincias y la Capital.
El lado B del asunto es menos amable. El Gobierno quiere auditar el modo en que recauda cada provincias para, sobre esa base, determinar la solidez fiscal de las distintas provincias.
“Hay provincias que tienen los valores de Impuestos Inmobiliario quietos desde 2005” le dijeron a Clarín en Gobierno y remitieron, como contracara, a la “altísima presión tributaria” de otras administraciones.
“Algunas no se preocupan por recaudar, otras están en guerra comercial y hasta arman aduanas interiores” plantean desde el Gobierno. Sin decirlo, anticipan que las provincias deberán corregir sus esquemas de ingresos propios.
El análisis de esa variable -lo que recaudan y lo que podrían recaudar- ligado a la “calidad del gasto” son el eje de la reforma del régimen de Coparticipación que apura Frigerio y que incluye la idea de pasar de “coeficientes fijos” a porcentajes variables.
Frigerio abordó a los gobernadores en un contexto manso. Un convenio que traspasa a las gobernaciones $3000 mil millones que ahora son retenidos por AFIP, luego del tironeo por Ganancias en la que Macri y los caciques fueron socios. No por amor sino por espanto: el incierto costo fiscal de proyecto Massa-Kicillof.
Lo charló con los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Domingo Peppo (Chaco), el salteño Juan Manuel Urtubey, la fueguina Rosana Bertone, Juan Manzur de Tucumán y Gustavo Bordet de Entre Ríos. Estuvieron también el neuquino Omar Gutiérrez y el radical misionero Hugo Passalacqua. Diego Santilli, vicejefe porteño y varios vicegobernadores completaron la mesa pero faltó, con aviso, María Eugenia Vidal que se vio después con Frigerio.
Además del jefe de la AFIP, Alberto Abad, Frigerio sentó a su propia triada: Sebastian García De Luca, Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, scrum que ausculta números y política en las provincias.
Ante los gobernadores el ministro pidió apurar, supo Clarín, la conformación del “grupo técnico” que integrarán los ministros de Economía provinciales y funcionarios nacionales para discutir la reforma.
“Si vamos a discutir sobre coparticipación, primero tenemos que saber qué porcentaje habrá para repartir” dijo Schiaretti y puso el foco en un asunto primordial.
En la actualidad, el 31% de los fondos recaudados se distribuye entre las provincias. Ahí se incluye lo que recauda ANSeS. El oficialismo prefiere hacer el cálculo excluyendo ANSeS para que lo coparticipable trepe a 42%.
Schiaretti avisó que si esa “torta” no se agranda, cualquier reforma será inviable. Por el tipo de ley, si una de las 24 jurisdicciones se niega la reforma no puede avanzar.
“Ninguna provincia va a recibir menos de lo que viene recibiendo” avisan desde Interior y admiten que o Nación o ANSeS tendrán que ceder una parte.
En estas semanas, Frigerio decidirá si crea una Comisión de Reforma de la Ley de Coparticipación, la 23.548, normativa rígida votada el 7 de enero de 1988 que y acumula una colección de parches.
El gobierno no detecta gobernadores reacios al cambio. Pero están seguros que hay varios que empujan la reforma y mencionan a Schiaretti, Alfredo Cornejo de Mendoza y Vidal, entre otros, provincias que consideran que su participación en el reparto de los ingresos es injusta.
El esquema que Frigerio y su equipo presentarán a los ministros incluye el análisis de dos variables: el nivel y la calidad del gasto de las provincias y, a la vez, la “capacidad fiscal” de cada una. “Ya sabemos lo que recauda cada provincia, queremos determinar cuánto podría recaudar y si puede mejorar” puntualizan en Gobierno.
El modelo que abandona los “coeficientes fijos” iría ligado a eso: la variación de ingresos podría atarse, entre otros indicadores, a la mejora de la recaudación de cada provincia.
“Las provincias tienen que ordenar sus esquemas tributarios pero la Nación también” admiten en Gobierno y recuerdan que en el Congreso comenzará a funcionar una Bicameral de Reforma Tributaria federal.
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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.
El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.
La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.
Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.
Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.
Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.
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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro
El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.
Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.
La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.
Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.
Detalles técnicos de la obra
El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.
Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.
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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”
El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.
Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.
El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.
A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.
Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.
Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.
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