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El Gobierno comenzó a auditar con drones la construcción de viviendas sociales

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La modernización del Estado, una de las banderas que levantó el presidente Mauricio Macri en la primera parte de su gestión, llegó al control de la obra pública, el sector que despertó las mayores polémicas en el último tiempo debido al manejo irregular que hizo de los recursos la gestión kirchnerista, que estuvo a cargo de José López, preso desde junio pasado tras intentar esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

La Secretaría de Vivienda, a cargo de Domingo Amaya, que hoy funciona en la órbita del Ministerio del Interior (la cartera que conduce Rogelio Frigerio), comenzó desde hace algunos meses a supervisar con drones el avance de la construcción de viviendas sociales en todo el país, según fuentes oficiales.

El servicio está tercerizado. Lo presta la compañía UAS View, que ya elaboró varios informes para la Secretaría de Vivienda. Cada documento cuenta con aproximadamente 22 páginas, aunque puede variar según el tamaño del proyecto auditado, que va acompañado de un video que muestra el trabajo del dron sobre las obras.
El 20 de junio pasado, por caso, se realizó el “Informe de seguimiento de obra pública con tecnologías VANT [vehículos aéreos no tripulados, como se conoce técnicamente a los drones]” sobre el Barrio La Perla, en Moreno, un partido del oeste del conurbano bonaerense.

El trabajo consta de cinco partes: la ficha de la obra, los antecedentes del relevamiento, el relevamiento hecho con el dron, un informe técnico, información complementaria y el registro del vuelo del aparato.

Las imágenes tomadas con el dispositivo muestran decenas de viviendas sin terminar. También hay fotos tomadas desde el nivel del suelo, que exhiben el deterioro de la construcción.

Según fuentes al tanto de la auditoría, que pidieron reserva de su nombre, eso se debe a que el kirchnerismo interrumpió la construcción de las viviendas antes de su finalización, por lo que quedaron expuestas a las inclemencias del clima y a eventuales hurtos.

El informe de la compañía sostiene, en el caso de La Perla, que “se observa un importante estado de abandono y vandalismo y/o hurto en más del 80 por ciento de las viviendas relevadas”.

Eso fue favorecido porque el alambrado perimetral está incompleto y facilita el acceso desde el exterior, según constataron los auditores.

Además, asegura que, según las imágenes satelitales, en 2012 más del 70 por ciento ya tenían colocados techos y revestimientos internos, pero luego fueron hurtados. Entre 2014 y este año, en tanto, se registró “un avanzado grado de vandalismo”. Por esa razón no se puede garantizar, según el informe, la integridad de las instalaciones de luz, agua y desagües, que están hechas en un 70 por ciento, algo que supondrá nuevos desembolsos para mejorar la infraestructura antes del estreno de las viviendas.

El informe también muestra que hay diferencias de cota (altura), por lo que recomienda la “consulta con [la] Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la provincia de Buenos Aires y/o a la empresa constructora -para conocer tareas de nivelación de terreno y topografía actualizada-, con el objetivo de obtener información precisa y actualizada sobre la factibilidad de inundaciones en la zona y la dinámica de escurrimiento superficial, considerando al menos un radio de 500 metros del área de proyecto”.

Según registros oficiales de la Secretaría de Vivienda, en Moreno se planificaron 1196 casas sociales que costaron $ 77 millones. Según el cronograma original, debían estar terminadas para diciembre de 2007, algo que estuvo lejos de ocurrir, si bien el Estado cumplió con el 100% de los pagos.

La actual gestión intentó reactivar el proyecto mediante un acuerdo con la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre para terminar 36 viviendas.

El Gobierno acudió a la tecnología tras encontrar diversas irregularidades en la administración de los fondos para vivienda social, que van desde inconsistencias en el ingreso de los datos y la falta de un registro unificado hasta el desvío de fondos hacia otras actividades y el pago completo de obras con escaso grado de avance. Además del caso de Moreno, ya se hicieron auditorías con drones en las provincias de Tucumán y Chubut, entre otras.

Ejemplo emblemático
Uno de los ejemplos más emblemáticos de ese desbarajuste está en Perugorría, una localidad correntina a la que se le pagaron $ 24 millones por viviendas que nunca se hicieron.

En los primeros meses del año, un grupo de auditores designado a instancias del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, determinó que López había desviado el año pasado $ 13.544 millones, que tenían como objetivo reducir el déficit habitacional, a trabajos que no tenían nada que ver con esa tarea.

La auditoría que ordenó Frigerio sostiene que todas esas provincias “recibieron fondos desde Nación muy por encima de sus necesidades en términos de déficit habitacional”. Y como las viviendas se adjudicaron sin condiciones “claramente establecidas” y escaso seguimiento después de la entrega, les abrieron el paso a “transacciones informales de venta o alquileres”.

Uno de los casos más resonantes tuvo lugar en Jujuy, donde la Tupac Amaru, la organización que dirige Milagro Sala, era la encargada de realizar dos obras para construir 500 viviendas por $ 183,32 millones. En octubre del año pasado la secretaría de López había completado los desembolsos, pero el Gobierno sólo tenía rendiciones de cuentas por el 80% de los montos.

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Demetrio Thalasselis será el ministro de Salud de Río Negro

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El médico cirujano especializado en cardiología cipoleño Demetrio Thalasselis fue confirmado por el gobernador Alberto Weretilneck como ministro de Salud de Río Negro, quien asumirá el miércoles.

“Su rol será central para mejorar la salud en la provincia”, destacó Weretilneck al anunciarlo en la red social X.

Remarcó que con el nuevo cargo “asumirá el desafío de ordenar, optimizar y gestionar eficientemente los servicios de salud para los rionegrinos y rionegrinas”.

La resolución del ministerio, se demoró más de lo pensado ya que el 4 de septiembre pasado presentó la renuncia la entonces titular de la cartera, Ana Senesi, cuya salida se precipitó. desde entonces pasó casi un mes y medio con acefalía en una de las carteras más importantes.

Thalasselis es médico formado en Córdoba y radicado en el Alto Valle desde hace muchos años. Weretilneck estrechó el vínculo en el verano porque fue el profesional que lo atendió en su afección cardíaca. En ese momento, el cardiólogo era director de Leben Salud en Cipolletti, una institución que pertenece a la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén.

El mandatario destacó en su posteo que el nuevo ministro lideró proyectos como director de medicina cardiovascular en el Instituto Cardiovascular del Sur y la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén, y fue presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología del Distrito Comahue.

El profesional, en estas últimas semanas se reunió con dirigentes de UPCN, ATE y Asspur. Todos rechazan una eventual privatización de servicios de salud. También recogió datos del ministerio de la mano de los secretarios José Pacayut y Myrna Lamberto, que continúan en el cargo tras el alejamiento de Senesi; además de intercambiar información vinculada a las finanzas, los sueldos y la deuda con el ministro de Economía, Gabriel Sánchez, que en este mes y medio se hizo cargo del organismo.

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Gatti: “Los reclamos nunca deben ser hechos con violencia”

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En el marco de su visita a la zona cordillerana por el inicio de Bariloche a la Carta, uno de los eventos gastronómicos más importantes de la localidad andina, el ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, habló en una rueda de prensa con periodistas locales y se explayó sobre el conflicto que afecta el dictado normal de clases en toda la provincia.

Respecto a esta temática, que tiene como protagonista al gremio docente, el funcionario provincial manifestó que “los docentes rionegrinos están entre los mejores pagos del país y con los paros que están llevando adelante se está perdiendo de vista el derecho fundamental de los niños a tener educación”.

Por otra parte, y en relación a los actos de violencia ocurridos en la Legislatura semanas atrás Gatti agregó que “el derecho a huelga debe ser ajustado al derecho a educarse que tienen los niños y que está por encima de eso. El sindicato docente no está de acuerdo con declarar la educación esencial y lo están manifestando de forma violenta, por eso hemos tomado las medidas judiciales pertinentes sobre los últimos hechos de violencia ocurridos”.

Asimismo, el ministro destacó que “la educación es una cuestión de moral. El derecho a huelga está protegido por la Constitución, pero debe ajustarse a la imprescindible necesidad de que los estudiantes de las escuelas rionegrinas puedan ser educados. Los reclamos por más legítimos que sean, nunca deben ser hechos con violencia y eso es lo que vamos a condenar”.

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Avanza el financiamiento para la gestión de residuos en el Alto Valle

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La Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro avanza en las gestiones para concretar el financiamiento del proyecto GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos) en el Alto Valle. En un encuentro realizado en Cipolletti, autoridades provinciales encabezadas por el vicegobernador Pedro Pesatti y la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez, se reunieron con representantes de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), quienes mostraron interés en financiar el proyecto.

Los Municipios involucrados en el proyecto son Campo Grande, Cordero, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro y Allen.

El encuentro estuvo centrado en la presentación de las modificaciones tecnológicas que se incorporarán al plan original, destacando la eficiencia energética en los nuevos centros ambientales. Según explicó Jiménez: “Las modificaciones tienen que ver con incorporar tecnología nueva al tratamiento de los residuos, como la construcción de galpones con criterios de eficiencia energética”.

Esta reunión fue la segunda mantenida con la AFD, donde se discutieron los detalles técnicos y se ajustaron las cifras de la inversión, que ronda los 30 millones de dólares.

Pesatti, quien encabezó el encuentro, valoró el aporte de la AFD como esencial para dar respuesta a los desafíos ambientales contemporáneos: “La AFD puede ser un factor muy importante para obtener financiamiento y nutrir nuestras políticas ambientales, reafirmando el compromiso del Gobierno de Río Negro con una agenda ambiental permanente”, afirmó.

La visita de los representantes de la AFD finalizó con un recorrido por los basurales a cielo abierto en Cipolletti y Allen, lugares que serán transformados por los futuros centros ambientales de tratamiento de residuos. Pesatti destacó la relevancia de esta iniciativa, recordando su experiencia como intendente de la capital provincial: “Viedma es una de las pocas ciudades del país que ha logrado eliminar su basural a cielo abierto, y sabemos que el desafío es grande. Implementar el GIRSU en el Alto Valle tendrá un impacto ambiental enorme, pero también implica altos costos que debemos asumir como sociedad”.

El proyecto GIRSU busca eliminar los basurales a cielo abierto, uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero en la región, y establecer un sistema sostenible de separación y tratamiento de residuos. La expectativa es que, de concretarse el financiamiento, los primeros movimientos de obras se inicien en 2026, acompañados de una intensa campaña de educación ambiental para preparar a la ciudadanía.

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