La modernización del Estado, una de las banderas que levantó el presidente Mauricio Macri en la primera parte de su gestión, llegó al control de la obra pública, el sector que despertó las mayores polémicas en el último tiempo debido al manejo irregular que hizo de los recursos la gestión kirchnerista, que estuvo a cargo de José López, preso desde junio pasado tras intentar esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento.

La Secretaría de Vivienda, a cargo de Domingo Amaya, que hoy funciona en la órbita del Ministerio del Interior (la cartera que conduce Rogelio Frigerio), comenzó desde hace algunos meses a supervisar con drones el avance de la construcción de viviendas sociales en todo el país, según fuentes oficiales.

El servicio está tercerizado. Lo presta la compañía UAS View, que ya elaboró varios informes para la Secretaría de Vivienda. Cada documento cuenta con aproximadamente 22 páginas, aunque puede variar según el tamaño del proyecto auditado, que va acompañado de un video que muestra el trabajo del dron sobre las obras.
El 20 de junio pasado, por caso, se realizó el “Informe de seguimiento de obra pública con tecnologías VANT [vehículos aéreos no tripulados, como se conoce técnicamente a los drones]” sobre el Barrio La Perla, en Moreno, un partido del oeste del conurbano bonaerense.

El trabajo consta de cinco partes: la ficha de la obra, los antecedentes del relevamiento, el relevamiento hecho con el dron, un informe técnico, información complementaria y el registro del vuelo del aparato.

Las imágenes tomadas con el dispositivo muestran decenas de viviendas sin terminar. También hay fotos tomadas desde el nivel del suelo, que exhiben el deterioro de la construcción.

Según fuentes al tanto de la auditoría, que pidieron reserva de su nombre, eso se debe a que el kirchnerismo interrumpió la construcción de las viviendas antes de su finalización, por lo que quedaron expuestas a las inclemencias del clima y a eventuales hurtos.

El informe de la compañía sostiene, en el caso de La Perla, que “se observa un importante estado de abandono y vandalismo y/o hurto en más del 80 por ciento de las viviendas relevadas”.

Eso fue favorecido porque el alambrado perimetral está incompleto y facilita el acceso desde el exterior, según constataron los auditores.

Además, asegura que, según las imágenes satelitales, en 2012 más del 70 por ciento ya tenían colocados techos y revestimientos internos, pero luego fueron hurtados. Entre 2014 y este año, en tanto, se registró “un avanzado grado de vandalismo”. Por esa razón no se puede garantizar, según el informe, la integridad de las instalaciones de luz, agua y desagües, que están hechas en un 70 por ciento, algo que supondrá nuevos desembolsos para mejorar la infraestructura antes del estreno de las viviendas.

El informe también muestra que hay diferencias de cota (altura), por lo que recomienda la “consulta con [la] Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la provincia de Buenos Aires y/o a la empresa constructora -para conocer tareas de nivelación de terreno y topografía actualizada-, con el objetivo de obtener información precisa y actualizada sobre la factibilidad de inundaciones en la zona y la dinámica de escurrimiento superficial, considerando al menos un radio de 500 metros del área de proyecto”.

Según registros oficiales de la Secretaría de Vivienda, en Moreno se planificaron 1196 casas sociales que costaron $ 77 millones. Según el cronograma original, debían estar terminadas para diciembre de 2007, algo que estuvo lejos de ocurrir, si bien el Estado cumplió con el 100% de los pagos.

La actual gestión intentó reactivar el proyecto mediante un acuerdo con la Cooperativa de Trabajo 20 de Diciembre para terminar 36 viviendas.

El Gobierno acudió a la tecnología tras encontrar diversas irregularidades en la administración de los fondos para vivienda social, que van desde inconsistencias en el ingreso de los datos y la falta de un registro unificado hasta el desvío de fondos hacia otras actividades y el pago completo de obras con escaso grado de avance. Además del caso de Moreno, ya se hicieron auditorías con drones en las provincias de Tucumán y Chubut, entre otras.

Ejemplo emblemático
Uno de los ejemplos más emblemáticos de ese desbarajuste está en Perugorría, una localidad correntina a la que se le pagaron $ 24 millones por viviendas que nunca se hicieron.

En los primeros meses del año, un grupo de auditores designado a instancias del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, determinó que López había desviado el año pasado $ 13.544 millones, que tenían como objetivo reducir el déficit habitacional, a trabajos que no tenían nada que ver con esa tarea.

La auditoría que ordenó Frigerio sostiene que todas esas provincias “recibieron fondos desde Nación muy por encima de sus necesidades en términos de déficit habitacional”. Y como las viviendas se adjudicaron sin condiciones “claramente establecidas” y escaso seguimiento después de la entrega, les abrieron el paso a “transacciones informales de venta o alquileres”.

Uno de los casos más resonantes tuvo lugar en Jujuy, donde la Tupac Amaru, la organización que dirige Milagro Sala, era la encargada de realizar dos obras para construir 500 viviendas por $ 183,32 millones. En octubre del año pasado la secretaría de López había completado los desembolsos, pero el Gobierno sólo tenía rendiciones de cuentas por el 80% de los montos.