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El escándalo de la obra pública K le pega a un histórico gobernador del PJ

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Tres mil quinientos kilómetros separan a Santa Cruz de la provincia de Formosa. En este territorio, gobernada hace 21 años por el inoxidable peronista Gildo Insfrán, el empresario Lázaro Báez también cosechó un negocio millonario que, al igual que en el Sur y en el Chaco, dejó inconcluso y cobró casi en su totalidad. Otro fraude de corrupción K.

Un equipo de Clarín fue hasta el Norte argentino y contó, desde el domingo, las irregularidades millonarias, que en algunos casos terminaron denunciadas en la Justicia penal. En el caso de Formosa, Báez ganó la obra sobre la Ruta 86. Lo hizo con la firma Sucesión Biancalani, la misma que usó en Chaco. Los trabajos en la tierra de Insfrán tenían un costo de 500 millones de pesos. No realizó ni la mitad. Y se fue una vez que el empresario K quedó detenido.

La provincia, una de las pocas que mantiene la reelección indefinida y tiene un gobernador récord, con 21 años en el poder, fue también territorio para que otros empresario K ganaran contratos viales. Cristóbal López se quedó con la pavimentación de una ruta por $ 378 millones. Vencidos los plazos, tampoco la terminó. Y otro apellido vinculado a los Kirchner, el de los Relats, recibió contratos por más de $ 2.800 millones (a través de la empresa JCR), aunque en su caso la mayoría fue finalizada. Es la familia que administró el hotel boutique de Cristina en El Calafate.

Las grandes distancias del territorio argentino no fueron impedimento para que Báez, socio comercial de los Kirchner, obtuviera contratos millonarios fuera de Santa Cruz. El modelo nació en el sur, donde el dueño del Grupo Austral ganó 52 contratos “plagados de irregularidades” -como remarcó el juez Julián Ercolini cuando procesó a Báez, Cristina y 10 ex funcionarios-. Este “modus operandi” también llegó a Formosa.

La empresa “Sucesión Adelmo Biancalani” que Báez adquirió en el Chaco y con la que ganó allí varios contratos, tuvo la misma suerte en la vecina provincia del norte. La firma quedó a cargo de una obra organizada en tres licitaciones por un monto inicial de $ 500.264.450. Báez cobró más de $ 372 millones por trabajos que no realizó y las obras que eran parte de la ruta nacional 86, quedaron abandonadas.

Estas tres licitaciones están denunciadas por el diputado nacional (UCR) Martín Hernández ante el juez Ercolini, donde consignó que Báez recibió “importantes sobreprecios” ya que se le pagaba a Biancalani $ 4.248.429 por kilómetro de “enripiado, cuando si comparás valores de otras licitaciones efectuadas en ruta de similares características no podría ser jamás el costo que le pagaron a Lázaro”, dijo a Clarín Hernández.

El camino devuelve una imagen repetida: mucha tierra y muchos tramos en muy mal estado. La ruta es un camino ondulado, al transitarlo, se convierte en una gran nube de polvo. Su mal estado obliga a bajar la velocidad y hay muy poca señalización. El obrador de Biancalani conservaba hasta hace unos meses algunas máquinas, pero corrió la misma suerte que la obra, abandono total.

Báez también recibió otra obra de 24 kilómetros de pavimento que se licitó por $ 70 millones, la terminó cobrando $ 109 millones y la entregó cuatro años más tarde.

Sobre ese camino nacional, pero más hacia el Este de Formosa, Cristóbal López con su firma CPC (en UTE con Ruta 81 SRL) obtuvo la pavimentación de un empalme (Ruta 23) de 80,59 kilómetros que debe unir General Belgrano y Palo Santo. Un extenso camino deformado, sin delimitación de banquinas y otro ejemplo de obra inconclusa con plazos originales vencidos.

La UTE cobró $ 309 millones de los $ 378 millones por los que se licitó la obra y no se hizo ni la mitad. “La obra está paralizada y complica mucho el tránsito para los vecinos de la zona y los pequeños productores”, dijo el diputado Hernández. El zar del juego habría obtenido una prórroga para terminar los trabajos. Por por ahora no se ve ninguna actividad en la zona.

Los contratos adjudicados a los empresarios K en Formosa se realizaron a través de convenios entre Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Esta última, en su carácter de “comitente”, era la responsable de verificar que se vayan ejecutando las obras, mientras Nación las financiaba. Pruebas a la vista.

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Provincia y Sierra Grande compartieron avances del proyecto Vaca Muerta Sur

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El martes se realizó una jornada de trabajo en Sierra Grande, entre los gabinetes del Gobierno de Río Negro y del Municipio local, con autoridades de la empresa YPF, para repasar los avances en la mega obra que permitirá ampliar la capacidad de producción y exportación de Vaca Muerta.

Las autoridades provinciales y municipales reafirmaron todo su apoyo y colaboración al proyecto del oleoducto, que ya está en etapa de construcción, y la terminal de exportación que se instalará en la zona de Punta Colorada.

Participó el Gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el Vicegobernador Pedro Pesatti, el jefe del bloque legislativo de JSRN, Facundo López, y la intendenta Roxana Fernández. En tanto, por YPF estuvieron presentes Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura; Federico Califano, gerente de Asuntos Públicos para Neuquén y Río Negro; y Gustavo Schiappacasse, director ejecutivo de la Fundación YPF.

El Gobernador Weretilneck destacó que se trata de una obra estratégica que cambiará la matriz productiva de la Zona Atlántica rionegrina y generará miles de puestos de trabajo para las rionegrinas y rionegrinos.

Subrayó que Sierra Grande está frente a una oportunidad histórica de volver a ser una ciudad próspera, con empleo pleno y un potencial enorme de crecimiento. “Tenemos que estar a la altura de esta obra que representará mano de obra para la región, desarrollo y la instalación de empresas de servicios locales”.

Este primer tramo es estratégico porque permitirá ampliar la producción de petróleo mientras se aguarda la obra definitiva. Unirá las localidades de Añelo, en Neuquén, con Allen, en nuestra provincia, para conectar con el sistema de Oldelval. Esto permitirá aumentar la producción mientras avanzan los permisos para el segundo tramo, de otros 437 kilómetros de oleoducto en suelo rionegrino.

La obra es ejecutada por la empresa YPF y servirá para incrementar la producción no convencional de petróleo, por lo que es estratégica para el sector y para el país. Es crucial para fortalecer todo el sistema de evacuación de crudo de la cuenca, aprovechando al máximo la capacidad de transporte existente hacia las refinerías y el puerto de Bahía Blanca.

Según se informó desde la compañía, para la construcción se demandarán más de 10 mil caños de 20 y 30 pulgadas. La inversión en su primera etapa es de 190 millones de dólares, generando alrededor de 500 puestos de empleo durante el pico de las tareas.

En su capacidad operativa máxima, este ducto permitirá transportar 390 mil barriles diarios, lo que incrementará en un 70% la capacidad de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina, duplicando así la capacidad actual de la zona núcleo de Vaca Muerta.

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Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación

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En el marco del proceso de control del ausentismo estatal, el Gobierno detectó a más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados médicos ilegales para justificar ausencias injustificadas. El caso más destacado involucra a una médica que emitió más de 300 certificados falsos. También se detectaron numerosos casos de empleados públicos que presentaron certificados médicos adulterados o falsificados, quienes serán denunciados por el delito de adulteración de documento público.

“Vamos a ser implacables. Días atrás denuncié a dos médicos del Alto Valle y vamos a seguir esta causa hasta que pierdan su matrícula profesional. Y no son los únicos; hay otros 20 médicos en la provincia involucrados en prácticas similares, justificando acciones que están fuera de la ley. Vamos a denunciar a todos los médicos que perjudican al Estado con este tipo de prácticas ilegales”, anunció el gobernador Alberto Weretilneck a través de un video difundido este lunes en sus redes sociales.

Con el patrocinio del Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, el Gobernador presentó días atrás una denuncia formal contra dos médicos del Alto Valle. La acción busca investigar la posible comisión de delitos de falsificación de certificados médicos y estafa contra la administración pública provincial.

La denuncia se origina en preocupaciones por el alto nivel de ausentismo registrado en la zona. Investigaciones internas revelaron una gran cantidad de certificados médicos, todos ellos firmados por los dos médicos implicados. La similitud entre los certificados y la extensión de las licencias otorgadas despertaron sospechas, llevando a la formalización de la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. La Provincia de Río Negro se ha constituido como querellante en este caso.

Los delitos que se investigan son “Fraude en perjuicio de la administración pública” (art. 174 inc. 5 del Código Penal) en concurso ideal (art. 54 CP) con “Expedición de certificado médico falso” (art. 295 del CP).

La administración pública provincial enfrenta un nivel de ausentismo laboral irrazonable, lo que ha motivado investigaciones internas para determinar sus causas reales. Un número significativo de empleados públicos presentó certificados médicos que, según la denuncia, podrían estar falsificados, justificando ausencias con licencias remuneradas basadas en patologías difíciles de comprobar.

Los certificados frecuentemente diagnosticaban trastornos de ansiedad en diversos grados, trastornos ansioso-depresivos reactivos y trastornos por estrés postraumático, con diagnósticos similares y renovaciones de licencias temporales que terminaban extendiéndose por más de un año sin detallar la progresión de la enfermedad.

En el caso de la médica denunciada de General Roca, se encontraron indicios de que había extendido certificados con falsedades ideológicas sin haber revisado a los pacientes. En el periodo investigado, la profesional emitió al menos 320 certificados médicos en varias regionales.

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La Legislatura de Río Negro digitalizará más de 30.000 libros

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Con el objetivo de mejorar el acceso a la información y dar servicio a la población de toda la provincia, la Legislatura de Río Negro avanza en un proyecto de digitalización del catálogo de los libros de su Biblioteca, que actualmente son más de 30.000.

Belén Varela, Jefa de Departamento de Biblioteca Pública e Información Parlamentaria encargada del proyecto, confirmó que se están dando importantes pasos en esta primera etapa. “Ya está cargado el descriptor temático, a través del cual se definió categorías y palabras clave para facilitar la búsqueda y consulta de los materiales”, explicó.

El siguiente paso será la carga de los actuales usuarios en el sistema y, finalmente, se procederá con el escaneo del catálogo completo de la Legislatura, que abarca todas las disciplinas del conocimiento.

La digitalización se realiza a través del Koha, un sistema integrado de Gestión de Bibliotecas basado en plataforma web con licencia GPL que busca mediante sus diferentes módulos hacer más práctica y ágil la administración de una biblioteca o centro de documentación.

Este proyecto no solo modernizará el acceso a los importantes recursos de la Biblioteca, sino que también democratizará la información, permitiendo a más personas acceder a una gran cantidad de información y conocimiento de manera rápida y eficiente.

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