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Nacionales

El avión de Scioli no declaraba los nombres de los pasajeros en los viajes de cabotaje

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Los nombres de los pasajeros que acompañaron a Daniel Scioli en su avión privado durante los últimos dos años es un secreto bien guardado. El fiscal Álvaro Garganta ya le pidió los datos a la PSA, pero las identidades no figuran en los registros oficiales, pudo saber Infobae. Se trata de más de 120 vuelos de cabotaje. Ese listado incluye toda la campaña presidencial del año pasado.

En las planillas del avión que usaba Scioli (ahora cambió por una aeronave que sería de su amigo Luis “Chiche” Peluso) solo constan los nombres de los pilotos y de los auxiliares de vuelo. Y se agregaba la cantidad de pasajeros.

La “excusa” para ocultar las identidades de los pasajeros del entonces gobernador y candidato del Frente para la Victoria era declarar los vuelos como oficiales. “En los vuelos oficiales no hay obligación legal de especificar los pasajeros, se presenta solo el plan de vuelo (figura el origen y el destino del viaje)”, confirmó una fuente aeronáutica. En cambio, si el vuelo no es oficial siempre se declaran las identidades de los pasajeros y los números de documento.

Pese a las normas, las fuentes consultadas destacaron que cada empresa de aviones privados tiene sus propias costumbres. Eso implica que hay situaciones muy diversas en el mercado aeronáutico.

El fiscal Garganta quiere saber quiénes viajaban en el avión porque podrían aparecer nombres de empresarios vinculados a Scioli que a la vez están siendo investigados como posibles testaferros. Para eso ya le pidió informes a la PSA y al Ministerio de Seguridad.

La cartera que dirige Patricia Bullrich respondió el 27 de diciembre argumentado que la información la debe brindar la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) porque se trata de vuelos oficiales.

Ante una consulta puntual, en ese organismo dijeron que no tienen injerencia sobre el control de los pasajeros y que “la PSA debe verificar las declaraciones”.

Si los datos no están en los registros oficiales, otro camino es llamar a declarar a los pilotos. Antes de las Fiestas, el piloto que trasladó a Scioli en los últimos años, Gustavo Carmona, se presentó de manera espontánea ante la Fiscalía y se puso a disposición, informaron fuentes judiciales.

La situación es muy distinta en los vuelos internacionales. En ese caso interviene Migraciones y la identidad de los pasajeros es un requisito inevitable. Por eso se filtraron los detalles del viaje que realizó Scioli a Cuba en julio de 2015. El costo de ese vuelo fue de $1.081.530, pero con los impuestos que regían en ese entonces ascendió a $1.460.065.

La Justicia también quiere saber si los viajes de Scioli en el avión, especialmente en la campaña, se pagaron con fondos públicos. En realidad se trata de un desprendimiento de la denuncia judicial que hizo Elisa Carrió sobre las “cajas de recaudación” del ex gobernador.

Para eso, Garganta ya secuestró todas las facturas de la empresa de Carmona. Infobae ya reveló que la mayoría fueron emitidas a nombre de la misma razón social: “Frente para la Victoria (FPV) Orden Nacional”, aunque se entregaban en la sede porteña del Banco Provincia, centro operativo del ex gobernador en la ciudad de Buenos Aires. También hay facturas emitidas a nombre del ex gobernador (serían vuelos que pagó de su bolsillo) y de la propia Gobernación.

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Más presión sobre el costo de vida: la nafta y el gasoil aumentaron un 7,5%

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Las petroleras aplicaron un nuevo aumento de los precios de la nafta y el gasoil.

La suba de los combustibles llega al 7,5% en promedio a nivel nacional. Es consecuencia del incremento en los impuestos a los combustibles (que impacta en casi 4%), la devaluación contra el dólar (2% mensual) y el peso de los biocombustibles.

La actualización de los impuestos será mensual hasta junio, inclusive.

El Gobierno busca recaudación tributaria por casi $ 4 billones solo por esta vía, un 0,5% del Producto Interno Bruto o casi el 10% del ajuste fiscal que quiere hacer Javier Milei.

Los ejecutivos petroleros consideran que la nafta súper debería rondar u$s 1,20 a u$s 1,23 por litro, para lo que todavía restan más aumentos.

Además de la nafta, marzo llega con subas en colectivos, empleadas domésticas, prepagas, tarifa de luz, colegios privados, alquileres, trenes y taxis.

Estos nuevos ajustes incidirán en la inflación que, aunque muestra signos de desaceleración, aún se muestra en los dos dígitos.

La suba en los combustibles es lo que más preocupación genera, y eso se ve traducido incluso en las búsquedas de Google.

Catamarca y Chubut son las provincias en las que estos conceptos levantaron mayor interés en las últimas horas. CABA, Buenos Aires, y Córdoba, las que siguen.

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Milei llamó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo

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El presidente Javier Milei inauguró el viernes el período de sesiones ordinarias del Congreso con un fuerte discurso “anticasta” de más de una hora, varias veces interrumpido por aplausos y cánticos libertarios, en el que convocó a las 23 provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a la firma en Córdoba de un nuevo pacto fundacional para el país.

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, a la que se dirigió desde un atril, como nunca antes había hecho un mandatario argentino, el jefe de Estado afirmó que el llamado “Pacto de Mayo”, que consta de “diez puntos que tienen por objetivo la reconstrucción de las bases de la Argentina”, estará sujeto a la aprobación de la Ley Ómnibus y de un nuevo acuerdo fiscal.

Para avanzar con los lineamientos propuestos, el líder de La Libertad Avanza aseguró que la semana próxima convocará a los gobernadores a la Casa Rosada.

Milei propuso que la firma de este “contrato social” se lleve a cabo el 25 de mayo en Córdoba, provincia a la que definió como “el corazón productivo de nuestra Patria”.

Los 10 puntos propuestos por el Presidente son:

  • La inviolabilidad de la propiedad privada.
  • El equilibrio fiscal innegociable.
  • La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
  • Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
  • La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
  • Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
  • Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
  • Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
  • Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
  • La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Imputaron a Alberto Fernández por irregularidades en la contratación de seguros

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El expresidente Alberto Fernández fue imputado este jueves en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en contratación de un “broker y empresas privadas” para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno, informaron fuentes judiciales.

La causa está en manos del juez federal Julián Ercolini y fue impulsada esta tarde por el fiscal federal Ramiro González quien ya requirió las primeras medidas de prueba, según surge del requerimiento de instrucción al que accedió Télam.

Los imputados son el “ex Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, el ex titular de Nación Seguros S.A., Alberto Pagliano, y Héctor Martínez, sin perjuicio que el devenir de la investigación coadyuve a conocer la participación de otras personas en las maniobras denunciadas”, indicó el dictamen.

Héctor Martínez Sosa es un bróker que está casado con una secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, según la denuncia.

La causa se inició a partir de la denuncia presentada el miércoles por la abogada Silvina Martínez para que se investiguen las “presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de 2021”, detalló el fiscal.

“A través de esa normativa se impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguros SA´. En ese sentido, la denunciante destacó que la trama de las contrataciones opacas fueron reveladas a través de una publicación periodística titulada ´Destapan otra caja negra de la política en ANSES´”, publicada por el diario Clarín, reseñó.

En el artículo periodístico se aseguró que Nación Seguros subcontrató a un intermediario en el caso de los seguros de ANSES que resultó beneficiado con una comisión del 17 por ciento, es decir tres veces mayor a la del mercado, y que las ganancias por comisiones se habrían estimado en los trescientos millones de pesos mensuales y veinte mil millones de pesos anuales.

De esa publicación surgía también que Pablo Torres García (ANSES) y Héctor Martínez Sosa (esposo de la Secretaria de Alberto Fernández, María Cantero) habrían sido beneficiarios o intermediarios de dichas contrataciones, es decir quienes habrían obtenido importantes sumas de dinero a partir de los negocios emprendidos con el respaldo de aquel decreto.

En la denuncia “también se destacó que ese mismo esquema había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados permitieron la intervención de un intermediario”, según el fiscal.

“Por último, la denuncia destaca que Alberto Pagliano era amigo de la juventud del expresidente Fernández y que lo acompañó en la década de los noventa en ese mismo rubro, pero desde el Estado”, recordó el fiscal en su requerimiento de instrucción.

Los pedidos del juez

Al impulsar la investigación, el fiscal le pidió al juez Ercolini que solicite a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia que aporten los “antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto 823/2021”.

También señaló que “puede resultar de interés para el desarrollo de la investigación, contar con todos los convenios o contrataciones realizadas desde las distintas reparticiones del Estado Nacional que suscribieron contratos de seguro bajo los términos señalados en dicha normativa y a través de intermediarios”.

La Superintendencia de Seguros de la Nación puede “aportar datos relevantes en ese sentido, al tiempo que puede develar el interrogante sobre cuál era el porcentaje de mercado para ese tipo de operaciones”, se indicó en el dictamen.

El fiscal también requirió que “se solicite a Seguros Nación que acompañe la totalidad de contratos o convenios firmados con reparticiones públicas a partir del Decreto 823/2021, aportando todos los datos que se posean respecto a la participación de intermediarios entre ese organismo y la entidad gubernamental contratante”.

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