La Cámara de Diputados de Argentina ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, obteniendo 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. A pesar de las divisiones dentro del bloque oficialista Unión por la Patria, el acuerdo fue respaldado por varias fuerzas políticas, incluyendo La Libertad Avanza, el PRO, y la UCR. Ahora, el tratado deberá pasar al Senado para su aprobación final.

El apoyo del peronismo fue clave, aunque no todos sus miembros estuvieron de acuerdo. De los 47 representantes de la Unión por la Patria, muchos se manifestaron a favor del acuerdo, considerando que puede ofrecer mayores beneficios al país. La iniciativa busca que Argentina se posicione como el primer país de la región en ratificar el tratado, lo que podría resultar en ventajas competitivas frente a sus socios regionales.

El acuerdo abarcará la eliminación de más del 90% de los aranceles bilaterales y la reducción de barreras no arancelarias, facilitando la competencia en un mercado europeo de elevado poder adquisitivo. Sin embargo, también genera críticas por las asimetrías que plantea entre las productividades de ambos bloques. Algunos opositores advierten que puede resultar en mayores dificultades para las manufacturas argentinas frente a la competencia europea, principalmente en sectores como el textil y metalmecánico.

Con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 0 abstenciones, quedó ratificado el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. pic.twitter.com/laXsE6Niud— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 13, 2026

Durante la discusión, el diputado Damián Arabia destacó que el acuerdo representa un paso hacia la integración de Argentina en la economía global, afirmando que “el desarrollo no es compatible con el aislamiento”. Por otro lado, voces críticas dentro del peronismo, como el ex canciller Santiago Cafiero, argumentaron que la negociación fue desfavorable para la industria local y cuestionaron la falta de protecciones para sectores vulnerables.

A pesar de las objeciones, el sector que apoyó el acuerdo sostiene que acceder a un mercado de 27 países puede diversificar y aumentar las exportaciones argentinas, especialmente en el ámbito agroindustrial y minero. Un grupo de diputados planteó que es fundamental implementar políticas complementarias que ayuden a maximizar los beneficios del tratado y mitigar sus impactos adversos.

El acuerdo, que se trabajó durante más de 25 años, es considerado una oportunidad significativa para el Mercosur, permitiendo fortalecer su posición en el comercio global. La firma del tratado se gestó en un contexto de tensión política, pero los legisladores buscarán ahora garantizar que Argentina saque el máximo partido a su ratificación, esperando que los beneficios se reflejen en la economía nacional en los próximos años.

La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría un nuevo régimen penal juvenil que fija en 14 años la edad de imputabilidad, en lo que representó otro triunfo legislativo para el oficialismo. La iniciativa obtuvo 149 votos positivos y 100 negativos, con el rechazo del kirchnerismo y la izquierda, y ahora deberá pasar al Senado para su sanción definitiva.

El proyecto establece un sistema penal específico para adolescentes, con un máximo de 15 años de pena privativa de libertad y criterios restrictivos para la prisión efectiva, que solo se aplicaría en delitos graves. También contempla sanciones alternativas como tareas comunitarias y medidas de reparación, además de la obligación de alojar a menores en instalaciones separadas de los adultos.

El debate estuvo atravesado por posiciones contrapuestas. Desde el oficialismo y sus aliados defendieron la reforma como una respuesta a la inseguridad y a la necesidad de actualizar un sistema considerado desfasado, mientras que sectores opositores cuestionaron el enfoque por entender que prioriza lo punitivo sin abordar dimensiones sociales y educativas.

Se le ha dado media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil.

Un paso más cerca de terminar con la puerta giratoria: delito de adulto, pena de adulto.

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin.— Manuel Adorni (@madorni) February 12, 2026

La discusión también estuvo marcada por un caso reciente de violencia juvenil que aceleró el tratamiento del proyecto en sesiones extraordinarias, impulsado por el Poder Ejecutivo. La presencia de familiares de víctimas en el Congreso reflejó la sensibilidad social que rodea el debate sobre responsabilidad penal adolescente.

Tras la votación del régimen penal juvenil, el oficialismo apuntó a otro objetivo legislativo: la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El tratado prevé reducciones arancelarias recíprocas, principalmente para exportaciones agrícolas sudamericanas y productos industriales europeos.

El Gobierno busca posicionar a la Argentina como uno de los primeros países del bloque en ratificar el acuerdo, aunque la iniciativa enfrenta críticas opositoras por el ritmo del tratamiento y posibles impactos económicos. Tanto la reforma penal como el tratado internacional deberán ahora atravesar el debate en el Senado antes de convertirse en ley.

????| @MiguelPichetto: “Estoy de acuerdo en bajar la imputabilidad a 14 años, pero este es un debate antiguo que se saca oportunamente para no hablar de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina”. pic.twitter.com/kzPX95HN0z— Diputados Argentina (@DiputadosAR) February 12, 2026

En el segundo año de mandato del presidente Javier Milei, Argentina ha empeorado su calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia Internacional. La nación alcanzó solo 36 puntos sobre 100, un punto menos que en 2024, lo que ha llevado a los especialistas a concluir que se percibe a Argentina como un país más corrupto.

Este retroceso se traduce en una caída de cinco posiciones en el ranking mundial, ubicándose ahora en el puesto 104, empatando con países como Belice y Ucrania. En comparación, continúa por detrás de naciones como Zambia, Lesoto y República Dominicana. La clasificación se mantiene constante en la parte alta, donde Dinamarca lidera con 89 puntos, seguido por Finlandia y Singapur.

Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, el capítulo local de Transparencia Internacional, ha señalado que la falta de interés del Gobierno en implementar políticas anticorrupción ha contribuido significativamente a esta percepción negativa. Los escándalos recientes, como los casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y el caso $LIBRA, han empeorado la situación.

En este contexto, el juez federal Sebastián Casanello ha procesado a Diego Spagnuolo, primer director de la Andis durante el gobierno de Milei, por delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo. Además, las investigaciones sobre el caso $LIBRA continúan avanzando, lo que mantiene la preocupación en torno a la corrupción en el país.

Secchi ha reiterado la urgente necesidad de que el Gobierno tome conciencia de la crítica situación en la que se encuentra Argentina en términos de transparencia. “Los inversores y analistas están desalentados, ya que no ven progreso en la lucha contra la corrupción”, afirmó.

Argentina ocupa actualmente el puesto 19 de 33 en América, posicionándose por debajo del promedio en términos de transparencia. Con el país con mejor puntaje siendo Canadá, con 75 puntos, la situación de Argentina, que refleja un entorno cada vez más desfavorable para los negocios y la inversión, exige una respuesta contundente por parte del Gobierno para revertir esta tendencia.