Llega el fin para las vacaciones tuiteras de Cristina Kirchner que deberá afrontar, luego de terminada la Feria judicial, diversas causas judiciales. Entre ellas el supuesto lavado de dinero de la empresa Los Sauces, propiedad de su familia. Pero quizás el de más impacto, será el que tiene que ver con la reapertura de la denuncia del Fiscal Nisman

Dentro de dos días, los tribunales volverán a trabajar. Varias causas judiciales se abaten sobre ella, como el previsible juicio oral y público por la venta de dólares a futuro o la casi terminada instrucción por el supuesto lavado de dinero en la empresa Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner. Estos dos expedientes están en manos del juez Claudio Bonadio, el más odiado por Cristina.

La ex presidenta tiene también un procesamiento por asociación ilícita (por despilfarrar dinero a favor de su socio Lázaro Báez en obra pública) dispuesto por el juez Julián Ercolini poco antes de la feria judicial. Seguramente apelará esa decisión que, si fuera confirmada por la Cámara Federal, la sentará también frente a otro juicio oral por corrupción.

Sin embargo, hay algo más dramático que todo eso. Se abrirá por fin una causa que significa el más grave reproche moral e institucional a Cristina. Es la denuncia que hizo el fiscal Alberto Nisman poco antes de morir y en la que acusó a la ex presidenta de encubrir a los autores intelectuales y financieros del criminal atentado a la AMIA. Hay muchas denuncias de corrupción aquí y en el mundo (en Brasil o España, por ejemplo), pero no hay memoria de una denuncia que acuse a un jefe de Estado de proteger a terroristas extranjeros que atentaron en el territorio de su país y provocaron una masacre de 85 muertos. Esa denuncia, además, puso fin a la vida del fiscal que la hizo. Más allá de la eventual responsabilidad penal de Cristina, la carga de deslealtad moral que pesaría sobre ella sería enorme e inédita. Dicen que es la investigación judicial que más teme porque sus resultados podrían inhabilitarla para la política y manchar definitivamente su paso por la historia.

Un día antes de comenzar la feria judicial, el 29 de diciembre pasado, la Cámara de Casación refutó al juez de primera instancia (Daniel Rafecas) y a los jueces de la Cámara Federal (Jorge Ballestero y Eduardo Freiler), que rechazaron abrir la investigación. Casación los apartó de la causa y ordenó abrir a investigación la denuncia de Nisman. El posterior sorteo puso en manos del juez Ariel Lijo la denuncia del fiscal muerto.
Fuentes judiciales dijeron que lo primero que hará Lijo, el próximo miércoles, será declararse juez competente de la causa y pedirle a Bonadio las actuaciones que lleva en una investigación similar, aunque ésta tiene una humillante carátula: “traición a la patria”. La iniciaron dos familiares de víctimas de la AMIA luego de que se conoció un audio en el que el ex canciller Héctor Timerman aceptó que el gobierno de Irán ordenó el atentado a la mutual de la comunidad judía. “Es hora de que haya un juez definitivo. Esa causa no puede seguir dando vueltas”, dijeron cerca de Lijo, quien descuenta que Bonadio estará de acuerdo.

La segunda decisión que tomará Lijo será autorizar las casi cincuenta medidas de prueba que pidió el fiscal Gerardo Pollicita poco después de la muerte de Nisman. Para poner en marcha el proceso, el juez y el fiscal deberán imputar, entre otros, a Cristina, a Timerman, a Luis D’Elía, a Fernando Esteche, a Andrés “Cuervo” Larroque y a Jorge “Yussuf” Khalil, un argentino de origen libanés sindicado por Nisman como “agente iraní”. En rigor, Khalil tenía más influencia en Teherán que la diplomacia iraní; existen varias grabaciones de conversaciones telefónicas que lo comprometen a él (y a D’Elía) con el memorándum firmado con Irán.

Pollicita, en quien Lijo delegará la investigación, fue el primer funcionario judicial que analizó la denuncia de Nisman. Es el que más la conoce. El fiscal pidió en su momento varias declaraciones testimoniales; cruce de llamadas telefónicas; registros de visitas a la Casa de Gobierno, al Ministerio de Planificación y a la ex SIDE, y el análisis de las celdas de las antenas celulares para establecer dónde se encontraban los imputados mientras realizaban las llamadas. Algunas medidas deberán acomodarse al paso del tiempo. Pollicita requirió hace dos años el allanamiento sorpresivo de varias dependencias oficiales, pero ahora el kirchnerismo ya no está en el poder. Bastaría con un exhorto para reclamar información, si es que queda información.

Tendrá que esclarecerse también qué significaban algunas conversaciones telefónicas grabadas. Hay, por ejemplo, una conversación entre D’Elía y Khalil en la que aquél le dice que está saliendo “de la Rosada”. ¿Estuvo en la Casa Rosada? En ese caso, ¿con quién estuvo? D’Elía dice en otra conversación que el memorándum final es el “borrador que escribió Fernando”. ¿Se trata de Esteche, sindicado últimamente como protegido por la comunidad iraní local? ¿Hubo dinero iraní que se distribuyó entre los “promotores” argentinos del pacto con Irán? ¿Hay registro en algún lugar del Estado de que a los iraníes sólo les interesaba que Interpol levantara las circulares rojas de captura contra seis jerarcas de su régimen, que Nisman había conseguido y que le valió la condena a muerte por el gobierno de Irán? Las conversaciones comprometen a Cristina, pero también podrían complicar seriamente a D’Elía, Esteche y Larroque.

El destino de la denuncia de Nisman hizo un raro círculo alrededor de Lijo. Éste fue el juez que eligió Nisman para presentar su denuncia en enero de 2015. Lijo investiga las irregularidades en la causa AMIA por parte del ex juez Juan José Galeano. En aquel momento, Lijo venía de procesar al entonces vicepresidente Amado Boudou, hasta ese momento el delfín presidencial de Cristina. Lijo estaba de licencia por la feria de enero, pero se encontraba en Buenos Aires. Aunque su juzgado era subrogado por la jueza María Servini de Cubría, Nisman habló con Lijo. El fiscal le deslizó que la procuradora Alejandra Gils Carbó estaba por desplazarlo de mala manera del cargo. Nisman le pidió que fuera Lijo quien se hiciera cargo de la denuncia. “¿Estas escuchas son legales?”, le preguntó el juez. “Sí, le respondió Nisman, las autorizó Canicoba Corral (actual juez del caso AMIA), pero dudo que sepa que las autorizó.” Canicoba Corral diría luego que no sabía nada de las escuchas, hasta que comprobó que las había autorizado en un trámite casi automático. Entonces calló. Nisman tenía razón. Lijo le explicó al fiscal sus reparos porque no veía conexión entre la causa de Galeano y la denuncia de Nisman. El fiscal muerto se comprometió a llevarle nuevas pruebas. Así quedaron.

En la madrugada del lunes 19 de enero, Lijo recibió dos llamadas telefónicas. La primera lo notificó de que Nisman estaba muerto. Estupefacto todavía, recibió la segunda. Era la jueza Servini, que le dio un lacónico consejo: “Tenés que volver al despacho, nene”. La Cámara Federal coincidió con Lijo en que no había conexión entre las dos causas y mandó a sorteo la denuncia de Nisman. Salió el nombre de Rafecas. Un dirigente de la comunidad judía recuerda que entonces Lijo le aseguró que la causa no avanzaría en manos de Rafecas (o algo así). Lo cierto es que empleados de tribunales recuerdan el ataque de furia que le dio a Lijo en los pasillos de Comodoro Py cuando Rafecas desestimó la denuncia de Nisman. Estaba a los gritos. Dos amigos lo metieron a empujones en su despacho.

No es casual que varios de los jueces que contribuyeron a paralizar la denuncia de Nisman durante dos años estén ahora muy cerca de la destitución en el Consejo de la Magistratura. Rafecas, Freiler, Canicoba Corral. Rafecas fue duramente cuestionado por la Cámara de Casación. Freiler tiene una fortuna que ningún juez puede explicar con su recibo de sueldo. Canicoba Corral arrastra una vieja mala fama. Es cierto que el Código Procesal crea un laberinto que demora las causas hasta el infinito, pero lo es también que los malos jueces hacen que las cosas resulten aún peores.

Tampoco es casual, en estas vísperas, que Cristina Kirchner se haya escandalizado ante una supuesta persecución política y haya disparado precisamente contra Lijo. Convocó a una cumbre cristinista en Río Gallegos para analizar su condición de perseguida y sólo fueron unos cuantos dirigentes que nunca estuvieron en ninguna cima conocida. Una cumbre pobre, a la que no fue ni un solo dirigente influyente del peronismo, indiscutible símbolo de su lenta derrota.