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Cuatro condenas por estafas de farmacéuticos de Roca a la obra social Ipross

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Las cuatro personas imputadas en la investigación por fraude a la obra social Ipross fueron condenadas este mediodía en Roca. Los farmacéuticos Fabio Adrián Caffaratti, Raúl Eduardo Mascaró y Rodolfo Eduardo Mastandrea y la ex auditora del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, Sandra Fasano, fueron declarados penalmente responsables del delito de “estafas reiteradas agravadas por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”. El veredicto fue unánime del Tribunal de Juicio integrado por Laura Pérez, Oscar Gatti y Luciano Garrido.

En la audiencia se expusieron oralmente los fundamentos centrales del veredicto. La próxima instancia será el juicio de cesura, en el que se discutirá y definirá el monto de la pena que corresponderá a cada uno, en función de los hechos acreditados.

Por los mismos delitos y ante otro Tribunal, en 2022, fueron condenadas dos farmacéuticas en el marco de un juicio abreviado en el que aceptaron la culpabilidad y una pena de tres años de prisión condicional.

Al finalizar la exposición del veredicto, el equipo del Ministerio Público Fiscal y el abogado querellante que representa al Estado Provincial como víctima solicitaron que se mantengan todas las medidas cautelares que pesan sobre las cuatro personas. El Tribunal admitió el planteo por unanimidad. Definió que deberán presentarse lunes por medio ante la fiscalía para acreditar que permanecen a disposición de la justicia, que ninguno podrá salir del país y que se mantendrán legalmente inhibidos para disponer de sus bienes. Además, se mantuvo bajo embargo el dinero de la última partida que Ipross depositó a los farmacéuticos en el marco de la estafa pero que éstos no alcanzaron a cobrar por el bloqueo que impuso la investigación judicial.

El veredicto puso en un rol central a la ex auditora del Colegio y determinó que cada uno de los farmacéuticos imputados fue “coautor” con ella de cada uno de los delitos cometidos. Si bien el Tribunal destacó el vínculo y el conocimiento que todos tenían entre sí, precisó que cada uno era independiente en su posibilidad de continuar o no con las maniobras en connivencia con la auditora.

Los hechos de la acusación se organizaron en cuatro modalidades (en el juicio se las identificó como Hechos 1A, Hechos 1B, Hechos 2 y Hechos 3). Cada modalidad explica una maniobra distinta para simular ventas de medicamentos supuestamente recetados a afiliados de Ipross.

Se trataba de remedios para enfermedades como epilepsia y diabetes, que tenían cobertura al 100% de la obra social. En los sistemas informáticos que compartían las farmacias de los acusados y el Colegio de Farmacéuticos se cargaron, validaron y facturaron medicamentos que no figuraban en las recetas, o se agregaron cantidades o medicamentos extra a recetas que ya estaban validadas o directamente se crearon recetas ficticias.

El Tribunal explicó en su fundamentación que “usaron al Colegio de Farmacéuticos para lograr el pago viciado del Ipross”. Lo hicieron presentando a la obra social rendiciones quincenales de recetas que habían sido adulteradas manual o digitalmente. Los delitos fueron cometidos entre diciembre de 2013 y abril de 2019.

El delito de estafa se configuró, según explicó el Tribunal, porque se dieron los tres elementos básicos de esa figura delictiva.

Uno es el “engaño” intencional de los imputados al Ipross, a través de la manipulación de los sistemas informáticos y del conocimiento que tenían sobre los circuitos administrativos y de control, aprovechándose de un convenio con la obra social que les asignaba las principales tareas de auditoría al propio Colegio.

Otro es el “error” en el que efectivamente cayó a la obra social, como consumación del engaño, que llevó a la entidad estatal a pagar por remedios inexistentes.

Y el tercero es la “disposición patrimonial”, es decir, las transferencias millonarias de dinero que Ipross hizo a los farmacéuticos por la cobertura de medicamentos que ellos jamás habían vendido. Allí radica el perjuicio económico al Estado, que en 2019, al inicio de la investigación, se calculó en 66 millones de pesos. Según el veredicto de hoy, ese valor actualizado a diciembre de 2023 arroja un total de 2.400 millones de pesos.

Para el Tribunal, cada rendición quincenal de recetas al Ipross fue una estafa independiente. No se trató, como alegó una de las defensas, de un único delito continuado a lo largo de los años.

El veredicto explicó que en cada envío, la ex auditora y cada farmacéutico compartieron el “dominio funcional” del hecho y tuvieron una intervención esencial. Para cada hecho hubo entre ambos “un plan común” y un reparto de beneficios.

En ese sentido, Fasano fue declarada responsable de un total de 574 estafas, distribuidas en las cuatro modalidades clasificadas por la acusación. En su mayoría son hechos cometidos en coautoría con alguno de los tres farmacéuticos, en tanto que otros corresponden a la farmacia involucrada en la condena de 2022 y a la farmacia de un familiar fallecido de la imputada.

Caffaratti fue declarado penalmente responsable de 249 estafas en coautoría con Fasano, en las cuatro modalidades. Mastandrea fue condenado por 122 hechos en todas las modalidades, siempre en coautoría con Fasano, y finalmente Mascaró fue declarado culpable de 107 estafas en tres modalidades distintas, como coautor con la ex auditora.

En tanto que tres de los imputados fueron absueltos por algunos pocos hechos de la modalidad 3, al no haberse acreditado si se trató de ventas de medicamentos reales o ficticias.

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Provincia brinda talleres para fortalecer los Consejos Locales de Seguridad

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Se desarrollaron talleres en Villa Regina y en Choele Choel con el objetivo de constituir un espacio de intercambio de saberes, experiencias y capacitación permanente desde una perspectiva de seguridad ciudadana, promoviendo metodologías de intervención en el campo de la seguridad pública de acuerdo las características de cada localidad.

A través de un trabajo en cojunto entre el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) y el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno provincial continúa implementando el programa de fortalecimiento para los Consejos Locales de Seguridad mediante diferentes capacitaciones.

En este contexto, el primer taller se hizo en Villa Regina, encabezado por la presidenta del IPAP, Juana Benitez y el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Arcajo. También participaron el director de la delegación de Prevención del Delito de General Roca, Dario Buonaventura, el coordinador académico del IPAP, Hugo Villca, la referente de la cartera de Prevención del Delito, Mónica Navarrete, la presidenta del Concejo Deliberante de Villa Regina, Patricia Lacialanda, como así también, los miembros del Consejo Local, referentes municipales, autoridades policiales, jefes zonales y representantes de organismos públicos, privados, ONG.

En el caso de la ciudad de Choele Choel, el taller se llevó adelante con una gran convocatoria. Se contó con la participaron del Secretario de Promoción Ciudadana, Javier Lefinau, además de las autoridades policiales, municipales, referentes de Justicia, Juzgado de Faltas, Concejo Deliberante, Sociedad Rural, Bomberos, Hospital Local, personal del Ministerio de Educación provincial, entre otros integrantes del Consejo de Seguridad de la localidad.

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Buscan crear un régimen especial de contribución por mejoras derivadas de obras públicas

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Los legisladores, Facundo López y Gustavo San Román (JSRN) presentaron un proyecto de ley que crea un Régimen especial de contribución por mejoras en la Provincia de Río Negro.

Las obras públicas aumentan el valor de los inmuebles, como por ejemplo la pavimentación o cloacas. En este sentido, este proyecto buscar ser una herramienta de planificación de políticas públicas permitiendo que el Estado recupere la valorización, siempre y cuando se respeten los principios constitucionales básicos en materia tributaria.

“La obra pública es un elemento esencial de la actividad estatal, ya que constituye una herramienta fundamental para abordar las diversas necesidades que afectan a las regiones y comunidades, que se enfrentan a una serie de desafíos vinculados a su crecimiento, planificación, desarrollo e integración. La obra pública también juega un papel clave en el desarrollo social, especialmente cuando forma parte de políticas de inclusión y cobertura de servicios esenciales, destinadas a las personas más vulnerables desde el punto de vista económico y social”, señala el texto.

Según el texto del proyecto, “la obra pública es un pilar esencial de la actividad estatal, siendo fundamental para abordar diversas necesidades regionales y comunitarias relacionadas con el crecimiento, la planificación, el desarrollo y la integración. Además, desempeña un papel crucial en el desarrollo social, especialmente cuando se incluye en políticas de inclusión y cobertura de servicios esenciales para las personas más vulnerables económicamente y socialmente”.

La propuesta legislativa establece que quienes se beneficien de la valorización de un inmueble debido a la realización de una obra pública específica deberán contribuir con la provincia. Sin embargo, para incluir una obra en este régimen, la Legislatura de Río Negro deberá aprobar una ley que declare su utilidad pública y determine el porcentaje de esta contribución.

Si se aprueba el proyecto que deberá se tratado primero en Comisiones, los fondos recaudados, incluidos los intereses y las sanciones aplicadas bajo este régimen, se destinarán a un fondo específico para financiar nuevas obras en la provincia.

Según datos publicados por el Gobierno Provincial la ejecución de obras públicas en los municipios ha registrado una demanda que se distribuye de la siguiente manera: 24% Obras de pavimento e infraestructura vial; 22% Infraestructura educativa; 15% Infraestructura urbana; 8% Infraestructura eléctrica; 7% Infraestructura deportiva; 7% Infraestructura hospitalaria; 6% Gas; 4% Cloacas; 4% Agua potable; 3% Seguridad.

Es importante destacar que diecisiete países de América Latina ya cuentan con legislación que permite la Contribución por Mejoras.

Brasil es un caso destacado, ya que su Constitución y Código Tributario mencionan explícitamente este tributo y lo regulan detalladamente. El Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) sigue esta misma línea.

A nivel provincial, la contribución por mejoras ha sido legislada en provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras. Además, a nivel municipal, este instrumento es ampliamente utilizado, legislado y aplicado a través de ordenanzas especiales o incorporado en los códigos fiscales municipales.

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IPAP presentó su plan de capacitación para fortalecer servicios del Estado

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El IPAP reunió a los directores y referentes de las distintas Áreas de Capacitación de la Provincia, para socializar los lineamientos de su plan de capacitación, que propone fortalecer al capital humano, propiciar la modernización del Estado, promover la mejora en la calidad de servicios públicos y optimizar los recursos presupuestarios del Gobierno rionegrino.

Durante el encuentro se delinearon criterios generales para la elaboración de propuestas de capacitaciones transversales y se generaron nuevos canales de diálogo para atender a las necesidades de formación específicas de cada Ministerio.

Asimismo, se dió a conocer que el IPAP continuará brindando cursos autogestionados a través de una innovadora Plataforma Virtual, en donde los Agentes Públicos podrán acceder desde cualquier parte de la Provincia mediante un dispositivo celular o computadora y una conexión a internet.

La presidenta del IPAP, Juana Benitez, expresó al respecto que “hoy hemos convocado a los referentes de capacitación de cada Organismo con el fuerte compromiso de continuar trabajando en conjunto para fortalecer a la Administración Pública de Río Negro, mediante la capacitación permanente de su capital humano y en pos de eficientizar los servicios públicos ”.

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