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Cristina vació su patrimonio tres días después que la procesaran

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A partir del 16 de mayo, tres días después de que la procesaran por el dólar futuro, les cedió 13 valiosos inmuebles a sus hijos. Stolbizer la denunciará.
Cuando era Presidenta, y pontificaba sus verdades en actos difundidos por la cadena nacional de medios públicos y privados que se permitía usar como Jefa del Estado, Cristina Fernández se enojó con un hombre que había presentado ante la Justicia un amparo para poder saltear el corralito a la compra de moneda extranjera impuesto por su Gobierno. El hombre quería regalarle a sus nietos diez dólares, pero no podía comprarlos de modo legal. Lo trató de amarrete. Para ella, aquel obsequio era una cifra menor.
La abogada exitosa Cristina Fernández de Kirchner era entonces, en junio del 2012, una Presidenta millonaria. Tenía declarada una veintena de propiedades y millones de pesos en ahorros. Ya no es dueña de ese patrimonio.
El 13 de mayo pasado, la ex mandataria fue procesada por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa conocida como “dólar futuro”, instruida por el juez Claudio Bonadio. El magistrado la procesó por esa trama y también le trabó un embargo por 15 millones de pesos.
El 16 de mayo, o sea, después de ser procesada en ese expediente, la ex Presidenta cedió al menos 13 de sus propiedades a sus hijos.
El artículo 149 del Código Penal tipifica maniobras de ese estilo como un posible delito: el de insolvencia fraudulenta.
Cristina habría realizado esas operaciones para evitar ser embargada en otros expedientes en los que está comprometida, como el caso Hotesur, en la que se la investiga por tráfico de influencias y lavado de dinero.
Los trámites sobre este desprendimiento súbito de la flamante abuela Fernández -el viernes nació su tercera nieta, Emilia, hija de su primogénito Máximo-, ocurrieron justo en los tiempos en los que la Justicia comenzó a acecharla.
La diputada Margarita Stolbizer y su abogada Silvina Martínez, denunciante de la ex Presidenta en el caso Hotesur, le presentarán al fiscal del caso, Gerardo Pollicita, esta y otra información.
Stolbizer y Martínez explican su tesis así: “Destacamos en el informe la titularidad de los inmuebles, toda vez que a pesar de las investigaciones que se están llevando a cabo y inhibición de bienes dispuesta en la causa N° 5048/2016 sobre Cristina Kirchner, cedió sus bienes inmuebles a sus hijos y estos pueden desprenderse fácilmente de ellos, tornando así ilusoria cualquier pretensión de recupero de activos producto de actividades ilícitas”.
La enumeración de la denuncia que adelanta es un resumen de un informe más completo que llegará a manos de Pollicita.
Entre otros ejemplos, se mencionan los que vienen a continuación.
La casa que ella tenía en la localidad de Monte Aymond, Río Gallegos, Santa Cruz, fue adquirida junto a su esposo Néstor Kirchner en 1979, cuando el país era gobernado por el dictador Jorge Rafael Videla. Hace pocos meses pasó a estar nombre de su hijo Máximo.
Su departamento de la calle Juncal al 2100, en La Recoleta, Buenos Aires, comprado también bajo la dictadura de Videla, en 1980, a no está a su nombre. Fue cedido también a Máximo y a su hija Florencia.
Fernández de Kirchner le “regaló a sus hijos, además, dos de sus principales negocios hoteleros, paradójicamente investigados en el caso Hotesur. Uno es el Hotel Las Dunas (Fracción C1a, según la tipifación municipal) levantado frente al imponente Lago Argentino, en El Calafate. Lo mismo ocurrió con el hotel Boutique que su familia construyó en El Calafate, llamado Los Sauces para el comercio, y como Quinta 10 por la municipalidad. Como parte del mismo negocio, también la madre les entregó a sus hijos el otro sector de ese comercio turístico, hoy cerrado. Son más de 10 mil metros cuadrados identificados en la burocracia como “Quinta 178”.
Florencia y Máximo también son flamantes propietarios de otro departamento en Buenos Aires que pertenecía a su madre. Ella se los cedió en mayo pasado: este piso que está ubicado en la calle Uruguay al 1300, en La Recoleta. Néstor Kirchner lo había comprado en 1999.
Una casa de Orkeke al 400 en Río Gallegos, Santa Cruz, alquilada durante mucho tiempo al socio familiar, Lázaro Báez, también fue cedida por la ex Presidenta a sus hijos. Sus padres la habían comprado también cuando la Repúlica Argentina no eran tal: el 1 de junio de 1980.
Lo mismo pasó con la “Parcela 7 Manzana 192B de la misma ciudad, El Calafate: son 18.258 metros cuadrados, un terreno baldío valuado en varios millones de pesos. Está ubicado en el barrio de la ciudad santacruceña conocido como “Aeropuerto viejo”.
La ex Presidenta le “regaló” también a Máximo y Florencia otra gran propiedad en El Calafate. Es la fracción CLIX, o sea, 44.106 metros cuadrados ubicados en una zona urbanizada del nordeste de la ciudad. Tiene una vista privilegiada a las aguas azules y violetas del Lago Argentino, descubierto por Francisco “Perito” Moreno. Las tierras y las aguas que el “Perito” transitó para lograr aquella hazaña son hoy, en casi su totalidad, propiedad de la familia Báez.
La casa en la que Máximo Kirchner montó su inmobiliaria, ubicada en el número 496 de la calle de apellido ídem, era de Cristina Fernández. Ahora es de sus hijos.
Lo mismo pasó con un local que la ex Presidenta tenía en Chacabuco y Alcorta, Río Gallegos. Ese inmueble había sido comprado por el matrimonio K, gracias a sus esfuerzos como abogados, el 1 de junio de 1982. El dictador que aterraba a la ciudadanía ya no era Videla. Era Galtieri.
En 2006, bajo la Presidencia de Néstor Kirchner, su esposa compró un terreno en El Calafate a precio fiscal, 7,5 pesos el metro cuadrado. En 2008, la ex mandataria, sucesora de su marido, cedió por primera vez parte de ese predio. Fue a Lázaro Báez. La mitad que le pertenecía ahora es también de sus hijos.
Sus herederos son también los nuevos titulares de la casa en El Calafate que habita su madre, y en la que murió su padre. Es la Parcela 5, Manzana 42C v Parcela 5H Manzana 42C.
Todas las cesiones de propiedad descriptas en esta nota desarrollaron la misma dinámica, según Stolbizer y Martínez: aunque aparecen cedidos por Máximo y Florencia a la empresa familiar Los Sauces S.A, esa transferencia de dominio nunca se concretó. Eran de su madre. El cambio de dominio que sí se produjo fue el que en mayo pasado Cristina materializó a favor de sus hijos.
El escrito que presentarán Stolbizer y Martínez ante la Justicia aporta también información sobre negocios cruzados que la familia K tenía con su socio Báez -hoy procesado con prisión por lavado de dinero debido a la causa “La Ruta del Dinero K”-, al que el fiscal Pollicita describió en dos dictámenes como el principal eslabón de una asociación ilícita “criminal” que los Kirchner montaron desde el Estado para vaciar las arcas públicas con negocios irregulares de obra pública. Cristina Fernández tiene fecha de indagatoria en esa causa.
Si ninguna argucia legal logra postergar esa declaración, la ex Presidenta deberá explicar por primera vez ante la Justicia sus negocios con Báez el 31 de octubre. Las autoridades judiciales podrían procesarla. Si dicen embargarla, se encontrarán que ya no tiene casi nada de lo que alguna vez tuvo.

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La Provincia extiende la cobertura oncológica en la región andina

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El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto de firma de convenio con la Fundación Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud (INTECNUS), a través del cual se garantizará el acceso a los servicios de diagnósticos por imágenes y radioterapia a pacientes oncológicos sin cobertura social en la Zona Andina, fortaleciendo la atención sanitaria en la región.

A través de esta rúbrica, los pacientes oncológicos sin cobertura de la Zona Andina accederán a los servicios que brinda INTECNUS.

El Gobernador Weretilneck resaltó el valor humano de este convenio, permitiendo a los pacientes oncológicos atenderse cerca de sus hogares: “Todos sabemos lo que significa el desarraigo al recibir un tratamiento lejos de sus casas, de sus afectos y de las personas que acompañan y contienen”. “Recibir el tratamiento a minutos de sus hogares es algo realmente muy importante para la cura” agregó.

En la jornada, el Gobierno Provincial rubricó otro convenio con INTECNUS para el desarrollo de residencias médicas en áreas estratégicas del sistema de salud, con el objetivo de fortalecer áreas relacionadas al diagnóstico y tratamiento de enfermedades.

A través de este convenio, la Provincia financiará un cupo de residencia médica en especialidadescomo Terapia Radiante o Diagnóstico por Imágenes Híbridas, que se desarrollarán en el ámbito de INTECNUS, institución de referencia en medicina nuclear y radioterapia.

INTECNUS pondrá a disposición sus servicios asistenciales, espacios formativos y equipos profesionales para el desarrollo de las actividades de formación, mientras que el Ministerio de Salud asumirá el financiamiento completo del trayecto formativo del residente seleccionado, conforme al régimen provincial de residencias en salud.

A través de estos convenios, el Gobierno de Río Negro reafirma su compromiso con el acceso a tratamientos a través de estudios de alta complejidad, y con la formación de profesionales especializados, lo que hace al fortalecimiento del sistema sanitario provincial a través de la articulación entre la gestión pública y privada.

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Peajes en Río Negro: Provincia y Nación ponen la lupa en las rutas 69, 22 y 151

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El debate sobre la implementación de peajes en las rutas de Río Negro ha cobrado fuerza en los últimos días, con la evaluación activa de distintos corredores provinciales. En particular, el gobierno rionegrino está centrando sus esfuerzos en la Ruta 69, mientras que a nivel nacional, la atención se dirige hacia las rutas 22 y 151, consideradas claves para el desarrollo de la región, especialmente en el contexto de Vaca Muerta.

A nivel provincial, la evaluación está respaldada por un informe elaborado por una consultora, cuyo análisis de viabilidad de un sistema de peaje ya ha sido entregado y se encuentra en etapa de revisión. Raúl Grün, presidente de Vialidad Rionegrina, explicó que las decisiones sobre la implementación dependerán de los resultados de este estudio, junto a la marcha de las obras en curso, que incluyen mejoras significativas en la Ruta 69.

“Estamos trabajando mientras se desarrolla la obra de la Ruta 69 a la altura de Campo Grande, cuyo plazo es de siete meses e incluye una dársena para pesaje de camiones”, indicó Grün, subrayando que la propuesta de peajes busca también ordenar el tránsito pesado y generar fondos para el mantenimiento de las rutas.

Por otro lado, el análisis sobre la posible instalación de peajes también implica un proceso más amplio de revisión de la red vial provincial. Desde el organismo provincial informaron que aún se están realizando relevamientos y que no se cierra a ninguna opción. El objetivo principal es cuidar la infraestructura existente y mejorar los controles sobre el tránsito pesado.

En el plano nacional, el interés por las rutas 22 y 151 se sitúa en el marco de un esquema de concesiones, con la intención de llevar a cabo una revisión más exhaustiva del sistema de administración de rutas federales. Si bien la planificación no se propone para el corto plazo, podría concretarse en un horizonte de mediano plazo, posiblemente a partir de 2027.

La secretaría de Obras Públicas de Río Negro enfatiza que el modelo de concesión va más allá del simple cobro por uso. Se requiere que las empresas adjudicatarias realicen una inversión inicial para poner las rutas en condiciones antes de cobrar peajes, asegurando así que el mantenimiento y la ejecución de obras sean responsabilidades concretas de las concesionarias. Este enfoque integral pretende garantizar no solo la viabilidad financiera, sino también la mejora de la infraestructura vial en la provincia.

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El Gobierno nacional designó a un roquense al frente de Vialidad en Río Negro

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El Gobierno nacional designó a Héctor Nisim Tasat como nuevo jefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional en Río Negro, poniendo fin a varios meses de vacancia en la conducción del organismo en la provincia. La resolución, firmada por el titular de Vialidad Nacional, Jorge Campoy, oficializa la llegada de un dirigente oriundo de General Roca que asumirá el cargo el próximo lunes.

Tasat, de 36 años y profesional en abogacía y contaduría, cursó ambas carreras en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en Buenos Aires. Su designación se produce luego de que la jefatura quedara vacante tras la renuncia de Enzo Fullone en agosto del año pasado, quien dejó el cargo para dedicarse a la campaña política dentro de La Libertad Avanza y que posteriormente lo llevó a obtener una banca en el Senado.

El nombramiento del roquense ocurre en un contexto de reorganización política dentro de organismos nacionales con sede en Río Negro, y fuentes consultadas señalan que la influencia del propio Fullone fue un factor relevante para la llegada de Tasat, similar a lo ocurrido en otros nombramientos recientes como los jefes de delegaciones de PAMI en la provincia.

A diferencia de los jefes de distrito tradicionales, Tasat no proviene de un perfil técnico vinculado a la ingeniería vial o a la obra pública. Su experiencia profesional está orientada a la gestión administrativa, análisis financiero, control y asesoramiento legal, tanto en el ámbito privado como en estructuras complejas de toma de decisiones, según consta en su currículum.

La asunción de Tasat se producirá en un momento especialmente desafiante para Vialidad Nacional en Río Negro, donde persisten reclamos por el estado de corredores viales estratégicos como las Rutas Nacionales 22 y 151. El deterioro de la 151 motivó incluso un fallo de la justicia federal que instó a Vialidad a presentar un informe técnico y ejecutar trabajos de mejora, mientras que en la 22 aún restan importantes obras para completar el ensanche de la traza.

Más allá de las cuestiones técnicas y de infraestructura, la gestión distrital de Vialidad ha cobrado relevancia política en la provincia debido al impacto que tiene la red vial sobre la economía regional y la vida cotidiana de vecinos y productores. La llegada de Tasat abre un nuevo capítulo en la relación entre la conducción nacional del organismo y los principales actores provinciales, con expectativas de avances concretos en el corto y mediano plazo.

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