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Cristina Kirchner fue procesada por asociación ilícita, negociaciones incompatibles y lavado de dinero

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El juez federal Claudio Bonadio firmó el procesamiento dictado contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner por los negocios realizados a partir de la sociedad familiar Los Sauces, que se dedica al alquiler de propiedades. Esa sociedad se constituyó en 2008 y desde entonces adquirió varias propiedades, entre ellas la vivienda de la ex presidente en la calle Mascarello al 400 en Río Gallegos y otras, por ejemplo, en Puerto Madero. Además, Bonadio le impuso un embargo de $130 millones a la ex presidente y a otros de los procesados y les prohibió la salida del país a todos a quienes le dictó el procesamiento.

Los principales clientes de Los Sauces fueron firmas de los empresarios kirchneristas Cristóbal López y Lázaro Báez. Del total de los ingresos en concepto de alquileres de Los Sauces -en el período analizado en la causa- lo aportado por López y Báez superó el 80 por ciento.

Durante la investigación a cargo de Bonadio y del fiscal Carlos Rívolo, se hallaron numerosas irregularidades en la documentación contable de Los Sauces y se reveló un entramado y vinculación de nombres y sociedades que, según explican en Comodoro Py, determinaron -entre otras cosas- el procesamiento.

Las firmas comerciales bajo investigación fueron intervenidas por orden de Bonadio y a raíz de que se constatara en la causa una maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.

El flujo de dinero que entraba principalmente de parte de López y Báez -hoy detenido en la cárcel de Ezeiza- se movía entre las cuentas de “Los Sauces” y de la “Sucesión de Néstor Kirchner”, la sociedad familiar conformada para administrar los bienes luego de la muerte del ex presidente sucedida en octubre de 2010.

Para el juez la ex presidente, junto al fallecido Néstor Kirchner y su hijo, el diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner –accionistas originales de Los Sauces-, eran los jefes de una asociación ilícita que utilizaba la sociedad Los Sauces para ingresar allí fondos en apariencia lícitos pero provenientes de negocios relacionados con el Estado.

Bonadio asegura que Florencia Kirchner, luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, se incorporó a la jefatura de la asociación. También fueron procesados en el mismo carácter que los integrantes de la ex familia presidencial López, su socio Fabián De Sousa, Báez y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, hombre de máxima confianza y conocimiento de los negocios de los Kirchner. Además en la misma categoría de los procesados se hallan Romina Mercado, sobrina de los Kirchner, el contador Víctor Manzanares y el escribano Ricardo Albornoz quienes intervinieron en diversos manejos relacionados con la sociedad centro de la investigación y otras relacionadas.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los integrantes del primer grupo de procesados son organizadores de la asociación ilícita dedicada a apropiarse de dinero público, en principio, vía retornos del negocio del juego y la obra pública.

En otra condición también fueron procesados por Bonadio Norma Abuin, Marcelo Ludueña, Martín Báez, Leandro Báez, Luciana Báez, Emilio Martín, Claudio Bustos, Martín Jacobs, Lisandro Donaire, Alejandra Jamielson y Oscar Leiva. Ellos fueron considerados integrantes de la asociación ilícita. Los procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, por lo tanto nadie será detenido.

En la última parte de la resolución firmada por Bonadio el juez determinó que el Caso Los Sauces debe sumarse a la investigación que tienen a cargo el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita en la que se analiza el negocio de la obra pública vial recibida por Báez y el Caso Hotesur. De este modo para Bonadio -porque existe conexidad subjetiva y objetiva-los casos deben ser acumulados.

Esto responde, explican en Tribunales, a la necesidad de que en un futuro juicio oral y público se analice y juzgue una matriz única de hechos protagonizada por las mismas personas.

Según fuentes judiciales, la resolución de Bonadio establece que la acumulación de causas debería darse una vez confirmado el procesamiento por parte de la Cámara Federal.

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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación

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El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.

El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.

La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.

Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.

Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.

Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.

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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro

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El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.

Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.

La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.

El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.

Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.

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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.

Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.

El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.

A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.

Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.

Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.

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