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Crisis empresaria: En julio otras 2.000 dejaron de hacer los aportes

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Los datos de la oficina de Estudios de la AFIP dieron cuenta de que en julio otras 1.994 empresas no cumplieron con el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social (caja de jubilaciones) y amplió el éxodo acumulado desde el inicio de la cuarentena en prevención del COVID-19 a 17.651; en su mayor parte pertenecientes a sectores de actividad mano de obra intensiva, con excepción del sector público que cuenta con la capacidad “infinita” de financiamiento del Banco Central.

La baja registrada fue casi generalizada a las 19 grandes actividades en que se desagregan los datos, con las únicas excepciones de las empresas de la construcción 24, aunque perdieron en los 5 meses a 1.197 empleadores; el conjunto de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Obligatoria que aumentó en 16, a 1.795 empleadores, aunque se mantuvo por debajo del nivel de febrero y marzo que fue de 1.844; y la rama de la Información y Comunicaciones con 7, aunque se mantuvo 79 por debajo del máximo del año, 5 meses antes.

El severo perjuicio sobre la actividad productiva y comercial derivado de las prohibiciones de apertura de locales comerciales y de empresas dedicadas a rubros considerados no esenciales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, y en particular a la movilidad a través del sistema público de pasajeros de la mayor parte de los trabajadores en esas actividades, donde con protocolo fueron autorizadas a comenzar a operar, se manifiesta en el aumento de los cierres definitivos y quiebras de empresas, aunque por la feria judicial y la prohibición de los despidos, no llegan a ser captados plenamente por las estadísticas oficiales.

Las bajas del mes volvieron a estar concentradas en los rubros de hotelería y gastronomía con 595 establecimientos menos que en junio, y 4.203 desde el inicio de la cuarentena, es decir respecto de los registrados por el SIPA en febrero último. Le siguieron el comercio 357 y 5.108, en el mes y 5 meses respectivamente; servicio de transporte y logística 265 y 1.887; agro y ganadería 215 y 171; servicios de salud y sociales 125 y 365; y los empleadores dedicados a los servicios artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento con sendas bajas de 60 y 646 en los dos períodos considerados.

Otro de los grandes empleadores muy golpeados por la crisis derivado del estricto aislamiento social y obligatorio es el inmobiliario, el cual en julio se contrajo en 71, según los registros del SIPA y acumularon una baja respecto de febrero de 726 casos, a 21.613; y el de los servicios profesionales, científicos y técnicos, los cuales según esa fueron cayeron en 125 en el mes y 1.282 desde el inicio del ASPO.

La extensión de la cuarentena y el sostenido deterioro del poder de compra de los salarios, tras la aceleración de la inflación en agosto y la esperada para el último cuatrimestre; junto con mayores regulaciones en los mercados de cambio y para el financiamiento de las empresas, afectaron las expectativas en el sector privado para el corto plazo.

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Universidades: el Pro decidió apoyar el veto de Milei al financiamiento

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El expresidente Mauricio Macri lo resolvió con líderes parlamentarios del partido.
El Pro decidió apoyar el veto que firmó Javier Milei a la ley de financiamiento de las universidades, según pudo confirmar Infobae esta tarde. Luego de una reunión del lunes entre el expresidente Mauricio Macri y los líderes partamentarios de esa fuerza, el espacio difundió un comunicado oficial en el que se explicó las razones de esa decisión, que vuelve a poner en sintonía al sector con La Libertad Avanza (LLA).

El acompañamiento del Pro se trata de una decisión clave para reunir los cerca de 85 a 87 votos -de acuerdo al total de diputados presentes- que el oficialismo necesita para impedir que la Cámara baja rechace con dos tercios la decisión del jefe de Estado e insista con la norma original.

El bloque del Pro en la Cámara de Diputados tenía miradas divergentes, que quedaron expuestas durante el fin de semana. El ex presidente buscó ordenar las diversas opiniones de cara a la sesión convocada para el miércoles próximo.

Macri mantuvo una reunión por Zoom con Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli. También con Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido, y Fernando De Andreis, dirigente y principal estratega del macrismo, y otros líderes del partido. Si bien se analizó dar “vía libre” para que cada legislador opte por votar como considere, finalmente se impuso la decisión mayoritaria de continuar apoyando al gobierno.

Macri sorprendió el domingo por la mañana con un extenso posteo en X. “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”, lanzó y agregó que “la UBA enfrenta una crisis de transparencia” y que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”. Si bien la publicación dejó entre líneas una especie de guiño hacia el Gobierno, no explicitó su postura.

La comunicación oficial del partido fundado y presidido por Macri llegó pasadas las 14.30. En un texto titulado “Sobre la postura del partido en relación al conflicto universitario”, el espacio ratificó lo que habían adelantado las fuentes en la previa.

“Hoy nos toca desde el Congreso definir nuestra posición en relación al veto del Presidente Milei sobre la ley de Financiamiento Universitario. Nuestro bloque ya votó mayoritariamente en la Cámara de Diputados hace pocas semanas, rechazando esa ley. Seguimos pensando lo mismo”, adelantaron.

En el mensaje también hubo espacio para una crítica a sectores del radicalismo, a los que acusaron de asumir posturas “populistas”.

“Somos coherentes con la necesidad de sostener el equilibrio fiscal como prioridad para que nuestro país salga adelante. Somos coherentes con nuestro respeto a la ley de Administración Financiera que impide que una ley defina un gasto sin explicar cómo se financia. Rechazamos el populismo legislativo de fuerzas como la UCR que mientras defiende el aumento de presupuesto a las universidades, rechaza la privatización de un gran número de empresas públicas deficitarias”, sostiene la comunicación del PRO.

Al argumentar esa postura, crítica con el reclamo de los rectores de las universidades nacionales pero también con el desempeño del gobierno de Milei, las autoridades del partido amarillo remarcaron que “el PRO siempre ha defendido la bandera de la educación pública. Lo demostró durante la presidencia de Mauricio Macri y lo sigue mostrando en sus actuales administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa experiencia, somos críticos sobre la gestión que el Gobierno Nacional ha llevado adelante sobre las universidades nacionales”.

Y en ese marco enumeraron lo que consideran errores del Gobierno nacional en los últimos diez meses:

  • Decidió prorrogar el presupuesto del año 2023 sin establecer con claridad los fondos que se iban a asignar a las universidades durante 2024.
  • No terminó de conformar las autoridades de la Auditoría General de la Nación, organismo responsable de auditar a las universidades.
  • No constituyó la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que define el plan de auditorías para la AGN.
  • Tampoco derogó la resolución del Ex Procurador Zanini del 28 de noviembre de 2022 que impide a la SIGEN, organismo auditor del Poder Ejecutivo, auditar a las universidades.
  • Llegando al último trimestre del año no ha logrado acordar con los gremios universitarios una paritaria que traiga tranquilidad a docentes y estudiantes.

Tras ello, y para finalizar su argumentación, le pidieron a Milei las siguientes acciones:

  • Convoque a un diálogo que avance de manera urgente para alcanzar un acuerdo con los gremios universitarios
  • Incluya las necesidades de las universidades en el proyecto de presupuesto 2025 de manera prioritaria
  • Derogue la resolución del ex procurador Zanini involucrando a la SIGEN en la auditoría de las universidades, y avance en las tareas pendientes sobre la AGN para garantizar la transparencia del gasto universitario.
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Universidades: el Gobierno irá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto

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A la espera de que el PRO resuelva si acompañará o rechazará el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno adelantó que irá a la Justicia si el Congreso le baja el pulgar a la decisión del presidente Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado al respecto en una entrevista en LN+: “Yo tengo que hacer lo que dice la ley pero sería bueno que los diputados y senadores también lo hagan. La ley de administración financiera dice que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”. En ese sentido, adelantó: “Nosotros obviamente vamos a apelar a eso, probablemente por la vía de la Justicia, siempre dentro del marco de la ley”, dijo.

“En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”, resaltó Caputo.

“A las universidades les hemos dado todo. Acá se mezcla la política. Lo único que nosotros decimos es: si se quiere discutir si los docentes deberían cobrar más que el resto de los empleados públicos, perfecto. Debatámoslo en el Congreso y definamos cómo se financia eso, ningún problema. Hay una clara pelea entre la vieja política y la nueva. Nosotros buscamos transparencia y la vieja política es la dueña del ostracismo”, aseguró.

En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: “Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.

Cabe señalar que con los números ajustados en el Congreso, y por el momento sin la garantía de poder defender la decisión de Javier Milei en ambas Cámaras, las autoridades nacionales están a la expectativa de la postura que tomará el espacio liderado por Mauricio Macri, que no tendría por el momento una posición unificada.

El domingo, el ex presidente dio una pista de lo que podría ser su opinión sobre este asunto, al publicar en su cuenta de X una extensa carta en la que cuestionó la supuesta “crisis de transparencia” en la UBA, que “desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”.

“Lo cierto es que acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”, remarcó el líder del PRO, en línea con lo que expresa el oficialismo.

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La Fundación Pensar alertó por el ritmo de la devaluación

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La Fundación Pensar alertó que, según las proyecciones incluidas por el Gobierno para el Presupuesto 2025, “la devaluación sería del 1,4% mensual, con una inflación que seguiría el mismo ritmo. Bajo esta premisa, el tipo de cambio real en diciembre de 2025 sería un 26% inferior al de diciembre de 2023″.

La Fundación Pensar también advierte sobre una “lenta recuperación” de jubilaciones (9%) o las transferencias a provincias.

En ese punto, destacó que que la obra pública, que actualmente se encuentra casi paralizada, “seguirá en niveles muy bajos, mínimos en 30 años”.

La casa de estudios que dirige la diputada del PRO, María Eugenia Vidal, plantea interrogantes sobre los efectos de la continuidad de las restricciones cambiarias en las proyecciones que tiene el Gobierno para las variables económicas.

“¿Con cepo, crecerá la economía un 5%? ¿Sin cepo, se sostendrá el tipo de cambio a $1.207 y la inflación del 18%?”, se preguntan desde la Fundación Pensar.

En este contexto, reclaman “contar el próximo año con un presupuesto creíble, equilibrado y que atienda las necesidades más urgentes de los argentinos”.

Además, y en medio de la discusión por el financiamiento a la educación pública, señalan que los giros a las universidades se mantienen “en niveles similares al período de 1993-2006, en torno al 0,5% del PBI.

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