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Corrupción K: Un fiscal pidió el procesamiento de Cristóbal López y Echegaray

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El empresario kirchnerista Cristóbal López cumplió ayer 60 años. Pero no recibió el mejor de los regalos. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer su procesamiento y el de su socio y lugarteniente en el Grupo Indalo, como protagonistas de un presunto fraude al Estado por $ 8000 millones, a través de su petrolera, Oil Combustibles.

Pollicita también avanzó contra las ex autoridades de la AFIP Ricardo Echegaray y Rubén Ángel Toninelli, y 18 funcionarios y técnicos del organismo tributario. Los consideró responsables de facilitar esa evasión multimillonaria para beneficiar a López y De Sousa, a quienes les aplicaron estándares de fiscalización excesivamente laxos.

Pidió, además, que se embargue a López y De Sousa hasta cubrir la suma de $ 8926 millones para cubrir el potencial desfalco al Estado.

En un dictamen de 76 carillas, el fiscal desgranó cómo se habrían cometido las maniobras en presunto perjuicio del Estado centrada en el desvío del llamado impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC).

“La maniobra que se tiene por acreditada -explicó Pollicita- abarca el período que se inicia en mayo de 2013 y se extiende hasta diciembre de 2015, período durante el cual Oil Combustibles omitió el pago de los conceptos correspondientes al ITC, abonando únicamente siete períodos de los 55 en cuestión.”

A eso se sumó, completó el fiscal en su dictamen, que “los ex funcionarios [de la AFIP] indagados no reclamaron oportunamente el pago de la deuda, a la vez que habrían permitido por acción en algunas oportunidades y por omisión en otras, un gran número de irregularidades en el tratamiento, el otorgamiento y la posterior gestión de regímenes de facilidades de pago”.

Gracias a esa tolerancia extraordinaria de la AFIP, que no se repitió con otras grandes petroleras, Oil Combustibles pudo valerse “indebidamente de esos fondos [retenidos del ITC] para financiar a otras sociedades del Grupo Indalo, del cual la nombrada [Oil] formaba parte, en perjuicio del Estado nacional, que, como consecuencia, dejó de percibir más de $ 5000 millones en concepto de capital, los que al momento de solicitar esta parte la declaración indagatoria alcanzaban la suma de más de $ 8900 millones con los intereses incluidos”.

Toda esta operatoria ocurrió en un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló, al menos, dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la familia Kirchner, a cambio de varios millones de pesos.

También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Tanto López y De Sousa como Echegaray defendieron la legalidad de lo ocurrido, negaron haber cometido un delito y afirmaron que la investigación penal que protagonizan es una “causa política” promovida por el gobierno de Mauricio Macri.

Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez federal Julián Ercolini deberá evaluar ahora si procesa a López, De Sousa, Echegaray, Toninelli y la “línea” de la AFIP involucrada en la maniobra -Guillermo Michel, entre otros- o si dicta su falta de mérito a la espera de más evidencias para procesarlos o sobreseerlos.

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Pesatti reivindicó al Senado como límite ante el avance presidencial

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, valoró la aprobación en el Senado de las leyes que reactivan la moratoria previsional y declaran la emergencia en discapacidad, al tiempo que reivindicó el papel de la Cámara Alta como un contrapeso institucional ante las políticas del gobierno nacional.

“El Senado en una República es el ámbito más importante para marcar límites y garantizar equilibrios si el paroxismo amenaza el desenvolvimiento del país”, expresó Pesatti a través de sus redes sociales.

En ese marco, el Vicegobernador felicitó a los senadores que votaron a favor de las iniciativas y señaló que “están honrando sus bancas sin apartarse un milímetro de la Constitución y de los principios democráticos”.

Con una crítica implícita al presidente Javier Milei, quien anticipó su rechazo a la moratoria previsional y mantiene un discurso hostil hacia el Congreso, Pesatti remarcó que “defender a los jubilados, a las personas con discapacidad y al federalismo no es un privilegio de ningún sector político: es una obligación constitucional”.

El dirigente rionegrino advirtió además sobre “el riesgo de concentrar decisiones trascendentales en una lógica personalista y autoritaria que desprecia el diálogo y el equilibrio entre poderes”, y concluyó que “el Senado está cumpliendo el rol que la República le exige: marcar límites y defender derechos”.

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Gatti sobre las rutas: “No vamos a permitir más abandono”

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El Ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, Fabián Gatti, expresó su fuerte preocupación por la reciente decisión de disolver la Dirección Nacional de Vialidad.

En declaraciones radiales, calificó esta política como un “acto de abandono” y una señal clara de “falta de mirada federal”.

“Cerrar Vialidad Nacional es un acto de desidia y de abandono”, expresó Gatti, en el marco de un contexto donde Río Negro ya había presentado una acción de amparo colectivo por el estado de abandono de la Ruta Nacional 151.

Respecto al enfoque actual del Gobierno Nacional en torno a la obra pública, el Ministro reconoció que existe una postura crítica ligada a antecedentes judiciales, pero remarcó que “aunque se planteó que la obra puede ser llevada adelante con inversión privada, hoy no se ejecuta ni con fondos públicos ni privados”. En este sentido, advirtió que “abandonar obras implica pagar el doble después. El mantenimiento de un kilómetro de ruta ronda los 300.000 a 400.000 dólares, mientras que su reconstrucción cuesta alrededor de 700.000”.

“Lo que pedimos es que se haga una cosa o la otra: inversión estatal o privada. Lo que no se puede aceptar es que no se haga ninguna. Y si la Nación no va a hacerse cargo, que transfiera la jurisdicción a la Provincia junto con los fondos correspondientes del impuesto a los combustibles”.

El funcionario también recordó que todos los gobernadores del país reclamaron la transferencia de esos recursos, destinados por ley a infraestructura vial. “En Río Negro sabemos lo que significa tener equilibrio fiscal, como promueve el gobierno nacional, pero no puede ser a costa de las provincias. Están reteniendo fondos que aportamos todos”, sostuvo.

En relación a la importancia de Vaca Muerta, Gatti subrayó la necesidad de contar con rutas clave en condiciones: “Con un 55% de pobreza, poner en valor este polo productivo requiere infraestructura vial como la Ruta 151 y la Ruta 22, que hoy no están a la altura de su potencial”.

Sobre los cambios en organismos técnicos como el INTA y el INTI, destacó que su debilitamiento impactará directamente en actividades productivas fundamentales para la provincia: fruticultura en el Alto Valle, ganadería en la región Sur, fruta fina en la Comarca Andina y turismo en toda la región cordillerana y atlántica: “Si el gobierno busca optimizar estructuras, está bien. Pero no puede hacerlo desconociendo la realidad productiva de cada territorio”, expresó.

Para finalizar, Gatti fue tajante: “Cerrar organismos sin consultar, sin diálogo, es gobernar con una mirada centralista. No se está respetando el federalismo ni se escucha a las provincias. Eso nos deja completamente solos ante el abandono”.

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Echarren: “La Ruta Nacional 151 es la que mayor deterioro presenta”

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El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, se refirió al deterioro que presenta la Ruta Nacional 151, la cual atraviesa Río Negro en sentido norte-sur pasando por Cipolletti, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del Medio y Catriel, entre otras localidades, contando con una extensión de 150 kilómetros. La ruta es transitada a diario por gran cantidad de personas que se movilizan entre ciudades para ir a trabajar y estudiar, siendo además una traza clave por donde circula la producción hidrocarburífera de Vaca Muerta.

En este sentido, la inacción del Estado Nacional en su mantenimiento pone en riesgo la vida de miles de rionegrinas y rionegrinos que la utilizan, obstaculizando el acceso a la salud y la educación, y perjudicando la economía regional.

Al respecto el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren aseguró que “actualmente hay un mínimo o nulo mantenimiento de las rutas nacionales, con un estado de deterioro avanzado que se acrecienta cada día, sobre todo en la zona norte de Río Negro en el límite con Neuquén: en Ruta Nacional 151, por donde circula toda la producción hidrocarburífera, esta ruta es la que peor estado tiene con problemas de un desgaste, pavimento que ha cumplido su vida útil, y en donde el Estado Nacional no hace control de cargas sobre el tránsito pesado”.

“Todo esto aumenta el estado de deterioro con ahuellamientos de hasta 24 cm de profundidad” afirmó Echarren y agregó que: “Pensemos lo que hace un ahuellamiento de 24 cm para un vehículo chico que transita esa ruta; la hace extremadamente peligrosa”, ejemplificó.

Por esta razón la Provincia de Río Negro impulsó días atrás un amparo judicial colectivo, junto a intendentes e instituciones, que busca que Nación asuma su responsabilidad y repare este corredor vital para miles de rionegrinos.

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