La informalidad laboral en la Argentina volvió a crecer a fines de 2025 y alcanzó al 43% de las personas ocupadas, consolidándose como uno de los rasgos más persistentes de la precarización del empleo. El dato pertenece al cuarto trimestre de 2025 y fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que registró un aumento de un punto porcentual respecto del mismo período del año anterior, cuando el indicador se ubicaba en 42%.

Según el organismo estadístico, el avance de la informalidad refleja el deterioro de las condiciones laborales en un contexto marcado por la recesión, la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos registrados. En este escenario, una porción creciente de trabajadores queda por fuera de la protección legal básica, sin aportes a la seguridad social ni cobertura previsional, lo que profundiza la vulnerabilidad de los hogares.

El informe oficial destaca que el fenómeno no impacta de manera homogénea sobre la población ocupada, sino que golpea con especial intensidad a mujeres y jóvenes. La tasa de informalidad más alta se registra entre las mujeres de hasta 29 años, donde el indicador trepa al 57,9%, lo que implica que casi seis de cada diez trabajadoras jóvenes se desempeñan en empleos sin registro.

La situación es aún más crítica en el extremo etario superior: entre las mujeres de 65 años y más, la informalidad alcanza el 61,6%, superando incluso a los segmentos de menor edad. Este nivel de precariedad entre adultas mayores evidencia la dificultad para acceder a jubilaciones completas y obliga a muchas a permanecer activas en el mercado laboral en condiciones inestables, con ingresos irregulares y sin protección social adecuada.

Detrás de estas cifras se combinan factores estructurales, como la segregación ocupacional por género, la concentración de mujeres en tareas de cuidado y servicio doméstico, y la persistente brecha salarial. Muchos de estos empleos se desarrollan en la economía informal, sin contratos escritos ni aportes, y quedan al margen de los controles laborales, lo que facilita la evasión de obligaciones por parte de los empleadores.

Los jóvenes también figuran entre los más expuestos a la informalidad, atrapados entre la falta de experiencia laboral formal, la rotación en empleos de baja calificación y la expansión de modalidades flexibles sin regulación clara. En este contexto, la dificultad para conseguir un puesto registrado empuja a gran parte de las nuevas generaciones a aceptar trabajos temporarios o “en negro”, con salarios más bajos y sin acceso a derechos básicos como aguinaldo, vacaciones pagas u obra social.

Especialistas en mercado de trabajo advierten que el aumento de la informalidad en un contexto de alta precarización no solo implica un problema de calidad del empleo, sino también un desafío para la sustentabilidad del sistema previsional y de protección social. Menos trabajadores aportando de manera regular se traduce en menor recaudación y en un futuro más incierto para quienes hoy sostienen su ingreso en ocupaciones sin registro, profundizando un círculo de desigualdad que golpea con fuerza a mujeres y jóvenes.

El caso en el que se investiga al jefe de Gabinete del Gobierno argentino, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito, generó repercusiones en España, donde el asunto fue comparado con el de un ex alto funcionario del gobierno de Pedro Sánchez que terminó preso. Según informó el diario digital El Español, Adorni sería visto como “el Ábalos” de Milei, por el avance de una causa que —según el enfoque periodístico— busca establecer aumentos patrimoniales y eventuales delitos.

El artículo remite al caso de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, quien se encuentra detenido desde noviembre del año pasado. En este marco, el texto señala que Ábalos está bajo prisión preventiva y sin fianza, y que la Fiscalía Anticorrupción española habría pedido una condena de 24 años de cárcel.

De acuerdo con la nota, la acusación contra el ex ministro se vincula a presuntos cobros de coimas durante la compra de barbijos en los primeros tiempos de la pandemia de coronavirus. Asimismo, se lo acusa de adjudicaciones de obras públicas a empresas privadas durante su gestión ministerial, y el proceso judicial incluye además cargos vinculados a delitos como organización criminal, malversación, tráfico de influencias, cohecho continuado y utilización de información privilegiada.

El Español agrega que el 6 de abril comenzó el primero de los juicios a los que será sometido Ábalos. También recuerda que Ábalos fue un colaborador cercano de Sánchez en las primarias del Partido Socialista, y que más tarde integró su gabinete, hasta dejar su cargo como ministro en 2021, cuando el presidente lo apartó.

En lo que respecta a Adorni, la publicación indica que su patrimonio “se ha multiplicado” en los últimos meses, con adquisiciones de viviendas de lujo y altos gastos de viaje, en el marco de la investigación abierta en Argentina. Del mismo modo, el medio español sostiene que los escándalos vinculados a supuestos hechos de corrupción que salpican al gobierno de Javier Milei habrían impactado negativamente en la imagen presidencial ante la opinión pública.

Mientras en España se traza ese paralelismo con un caso judicial de alta exposición, en Argentina la investigación sobre Adorni sigue su curso, en un escenario político en el que la evolución del “caso” se mira con especial atención tanto por el oficialismo como por la oposición. En ese contexto, la comparación con Ábalos funciona como termómetro internacional del seguimiento mediático que despierta el expediente local.

La directora de un colegio secundario de la provincia de Río Negro presentó una denuncia luego de que un alumno amenazara con llevar un arma al establecimiento y asesinar a sus compañeros. El hecho involucra al hijo de la diputada nacional Lorena Villaverde y generó fuerte preocupación en la comunidad educativa de la ciudad de Cipolletti.

Según la denuncia, el adolescente —que cursa el segundo año— habría manifestado ante otros estudiantes su intención de concurrir al colegio con un arma para “matarlos a todos”. Ante la gravedad de los dichos, las autoridades escolares decidieron dar intervención inmediata a la Policía y a la Justicia.

La presentación fue realizada en la Comisaría Cuarta por la directora del establecimiento, mientras que la Fiscalía N.º 1 tomó intervención en el caso. Desde ese organismo se dispusieron medidas preventivas, incluyendo un refuerzo de la seguridad en las inmediaciones del colegio y la articulación con organismos de protección de la niñez.

Debido a su edad, el menor no puede ser imputado penalmente. No obstante, se activaron protocolos de contención y seguimiento, y se resolvió que el estudiante no asista a clases mientras avanza la investigación judicial.

En paralelo, efectivos policiales permanecen custodiando el establecimiento educativo, donde las clases continuaron con normalidad. Sin embargo, la situación generó inquietud entre las familias, que se acercaron a la escuela para exigir explicaciones y mayores medidas de seguridad.

El episodio reavivó el debate sobre la prevención de la violencia en ámbitos escolares y la necesidad de reforzar los mecanismos de intervención temprana ante amenazas de este tipo, especialmente cuando involucran a menores de edad