Controversia: Cancillería contrató a la entidad que dirige la esposa de Sturzenegger

La Cancillería Argentina firmó un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) para ofrecer cursos de inglés al personal diplomático. Este acuerdo, que asciende a $113 millones, ha generado controversia debido a que la directora ejecutiva de la AACI es María Josefina Rouillet, esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La decisión ha suscitado críticas sobre posibles conflictos de interés en el manejo de recursos públicos.

El contrato fue procesado mediante una adjudicación simple, y las autoridades afirmaron que la acción siguió los procedimientos establecidos. Sin embargo, dada la relación entre Rouillet y Sturzenegger, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Sindicatura General de la Nación (Sigen) intervinieron para asegurar la transparencia del proceso. Se estableció un Pacto de Integridad que compromete a ambas partes a no solicitar compensaciones externas.

La capacitación está destinada a 132 agentes diplomáticos y se llevará a cabo entre marzo y noviembre. Este enfoque intensivo en el aprendizaje del idioma inglés es crucial para mejorar la comunicación en el ámbito diplomático. A pesar de la defensa por la legalidad del acuerdo, la oposición ha manifestado su descontento, señalando que el vínculo familiar plantea dudas sobre la imparcialidad de la contratación.

En medio de la polémica, el canciller Pablo Quirno salió en defensa del contrato, afirmando que no hay irregularidades en la decisión y que el proceso administrativo fue manejado correctamente. A través de un mensaje en redes sociales, resaltó la larga trayectoria de la AACI en la formación del personal diplomático desde 2018, destacando que la renovación del contrato es una práctica habitual.

Por otro lado, la senadora Juliana Di Tullio, del Frente de Todos, criticó el acuerdo, describiéndolo como un “choreo de acá a Júpiter” y cuestionando la exclusividad de la AACI en ofrecer cursos de inglés. Esta acusación ha añadido leña al fuego, sugiriendo que se está utilizando el vínculo para favorecer a la asociación de manera indebida.

El gobierno, en defensa de la legalidad y transparencia del proceso, ha reiterado que se han seguido todos los pasos necesarios para garantizar que no hay conflictos de interés. Este episodio pone de relieve la tensión entre la administración del presidente Javier Milei y las fuerzas opositoras, mientras se exploran temas de corrupción y gestión eficiente de los recursos públicos en el país.