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Con la nuestra: Milei gastó $6 millones del Estado para ir a La Derecha Fest

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El gobierno nacional admitió que el viaje del presidente Javier Milei a la segunda edición de la “Derecha Fest”, realizada en Córdoba el 22 de julio pasado, le costó al Estado $6.340.684. La cifra —incluida en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó ante la Cámara de Diputados— desató una nueva controversia política: la utilización de la flota presidencial y un operativo de seguridad para un evento de acceso pago y perfil partidario volvió a poner en tensión el discurso oficial de “austeridad” y las normas que regulan las aeronaves públicas.

Según la documentación oficial y la cobertura periodística, el traslado se hizo con aparatos de la flota estatal —identificados por medios como el Tango 10 (Learjet 60) de Presidencia— y requirió la movilización de agentes de Casa Militar y distintas fuerzas federales. Las crónicas difieren en el total de efectivos desplegados: mientras algunos medios hablan de un despliegue aproximado de 250 personas entre seguridad y fuerzas federales, otros consignan cifras menores (alrededor de 168 o de 40 efectivos en distintos puntos del operativo). Esa dispersión en los recuentos alimenta la demanda de explicaciones formales sobre el detalle real del gasto y la logística.

La polémica tiene además una arista jurídica: en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 712/2024, que regula el uso de aeronaves públicas y establece que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del Poder Público”. Esa norma, publicada en el Boletín Oficial, es invocada por la oposición para cuestionar la justificación oficial del traslado a un acto con entrada pagada.

Frente a las críticas, la Casa Rosada y el propio jefe de Gabinete defendieron la operación: el informe de Francos ante Diputados describe el viaje como enmarcado en actividades institucionales y la Secretaría de Presidencia publicó que Milei “participó” en Córdoba, mientras que voceros ejecutivos apuntaron a encuentros informales y a saludos con autoridades provinciales como el gobernador Martín Llaryora y a interlocuciones con enviados internacionales como elementos que, según el Gobierno, convertirían el viaje en una salida con carácter oficial. Esa versión, sin embargo, no convenció a sectores de la oposición que reclaman documentación detallada que respalde cada rubro del gasto.

La reacción parlamentaria fue inmediata: legisladores de distintos bloques presentaron pedidos de informes y proyectos para que la Jefatura de Gabinete y la Secretaría General de la Presidencia informen sobre el detalle del desembolso —transporte, combustible, horas de vuelo, personal de Casa Militar, seguridad y viáticos— y expliquen bajo qué norma se amparó la utilización de aeronaves públicas para un evento de corte partidario. Entre quienes exigieron explicaciones figuraron la diputada Gabriela Estévez y otros representantes que plantearon la posible contradicción entre el episodio y el discurso de achique del gasto público.

La “Derecha Fest” no fue un acto de Estado sino un encuentro organizado por referentes del ecosistema libertario, con entradas de pago y un componente netamente militante; medios y analistas calcularon además que la venta de entradas y la magnitud del evento le significaron a la organización ingresos millonarios, por lo que la utilización de recursos públicos para asistir a una actividad que, en principio, no responde a un interés público singular plantea dudas sobre prioridades y equidad en el uso de las arcas públicas. El contraste entre lo recaudado por la organización del festival y lo gastado por el Estado amplificó la percepción de hipocresía política.

Desde el punto de vista institucional, especialistas en derecho administrativo consultados por la prensa recordaron que el decreto que limita el uso de aeronaves estatales admite excepciones (por ejemplo, contratos interjurisdiccionales entre entes públicos) pero exige justificación técnica y legal cuando la operación se sale de los usos habituales. En la práctica, esa exigencia implica que el Ejecutivo deberá exhibir documentación probatoria —órdenes de vuelo, actas de reuniones con autoridades provinciales o extranjeras, liquidaciones de horas de vuelo y memos de Casa Militar— si quiere cerrar el episodio sin costos reputacionales mayores.

El suceso deja en evidencia el “doble estándar” moral del Gobierno y reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo de la flota estatal y la necesidad de normativas más claras para evitar interpretaciones discrecionales.

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El Gobierno fija agenda parlamentaria con Presupuesto, reforma penal y laboral

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló el viernes los proyectos legislativos que el Gobierno nacional presentará en las sesiones extraordinarias del Congreso, convocadas por decreto presidencial entre el 10 y el 31 de diciembre. La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, busca avanzar en reformas estructurales para consolidar la estabilidad económica y jurídica del país, en un contexto de recuperación post-crisis.

El temario prioriza el Presupuesto 2026, que establece las bases fiscales para el próximo año, junto con la ley de Inocencia Fiscal, un mecanismo diseñado para incentivar la inclusión de dinero no declarado en la economía formal. Esta última norma, ya girada al Parlamento en junio pero pendiente de debate, ofrece certeza jurídica a quienes blanqueen fondos, eximiéndolos de persecuciones por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el fin de dinamizar la circulación de capitales reprimidos.

Otro eje central es el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, un pacto que compromete al Estado y a los actores privados a mantener la disciplina macroeconómica, evitando emisión descontrolada y déficits recurrentes. Adorni enfatizó que esta medida busca generar confianza en los inversores, sentando precedentes para un crecimiento sostenido y la atracción de divisas externas en un escenario de volatilidad global.

En materia laboral, se impulsará una modernización del régimen vigente, con énfasis en la flexibilidad contractual y la reducción de costos para las empresas, sin menoscabo de derechos básicos de los trabajadores. Paralelamente, la reforma integral del Código Penal apunta a endurecer penas por delitos graves como corrupción y narcotráfico, actualizando el marco normativo para adaptarlo a las demandas de seguridad contemporáneas, según detalló el funcionario durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Adicionalmente, el paquete incluye la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglaciar, una actualización ambiental que equilibra el desarrollo extractivo con la protección de recursos hídricos estratégicos. El Gobierno aspira a aprobar el Presupuesto y la reforma penal en diciembre, dejando las iniciativas laboral, tributaria y de glaciares para febrero, en un esfuerzo por agilizar el trámite parlamentario.

La estrategia de negociación involucra a figuras clave como Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; y Diego Santilli, ministro del Interior. Adorni y Santilli ya iniciaron diálogos con los 20 gobernadores del Pacto de Mayo para sumar consensos provinciales. Desde el Ejecutivo, se califica este paquete como un “paso decisivo hacia la prosperidad”, reafirmando el compromiso con una agenda transformadora en tiempos de ajuste fiscal.

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El FMI elogió la baja de inflación pero reclamó más reservas al Banco Central

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha solicitado a Argentina establecer un “camino más ambicioso de acumulación de reservas” para poder acceder a los mercados financieros internacionales. Julie Kozack, portavoz del FMI, resaltó la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central, declarando que “esto ayudará a la Argentina a abordar mejor los shocks” y facilitará el reacceso a los mercados de capital.

Kozack elogió los resultados del plan de ajuste implementado por la administración de Javier Milei, especialmente en lo relacionado con la “baja de la inflación y la reducción de la pobreza”. Sin embargo, enfatizó que “se sigue avanzando sustancialmente en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”.

El FMI ha acordado conceder un waiver respecto a la meta de acumulación de reservas de aproximadamente 5.000 millones de dólares, a pesar de que se anticipa que Argentina no cumplirá con esta meta antes de fin de año. Kozack sugirió que las autoridades argentinas deben “hacer un esfuerzo concertado” en el corto plazo para reconstruir las reservas internacionales.

“El FMI”:
Por las declaraciones de su portavoz Julie Kozack sobre Argentina pic.twitter.com/uOQY2DgsNH— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) December 4, 2025

Además, la portavoz mencionó la importancia del swap realizado con Estados Unidos, que asciende a 20.000 millones de dólares, señalando que este acuerdo podría ser parte de las reservas del Banco Central. “Lo que puedo decir es que tenemos un marco en el FMI para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo”, afirmó Kozack.

El directorio del FMI ya ha asumido que acordará otro waiver a Argentina, respaldado por la Casa Blanca. Kozack indicó que “no voy a especular en esta etapa” sobre el posible perdón en cuanto a las metas de reservas, pero dejó claro que se considerará en las discusiones para la próxima revisión del programa.

El FMI ha reiterado que “cumplir con la meta de reservas de fin de año será un desafío” y ha instado al gobierno argentino a fortalecer su posición financiera. Esta medida es considerada crucial para mejorar la resiliencia del país ante futuros shocks económicos y asegurar la estabilidad a largo plazo.

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Villaverde renunció al Senado: “No voy a poner en riesgo a mi familia”

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En medio de la controversia generada por presuntos vínculos con el narcotráfico en el pasado, Lorena Villaverde anunció este miércoles su decisión de renunciar a la banca en el Senado para la que había sido electa. La dirigente de La Libertad Avanza comunicó su determinación mediante una carta enviada directamente al presidente Javier Milei, donde priorizó la seguridad de su entorno íntimo.

“No voy a poner en riesgo a mi familia”, sentenció Villaverde en el escrito, fundamentando su paso al costado en la protección de sus hijos frente a lo que describió como un ataque sistemático. Según expresó, su renuncia “es una decisión que nace desde el amor, la responsabilidad y la coherencia: mis hijos están antes que cualquier cargo, porque ninguna ambición política vale más que su bienestar”.

La legisladora, que confirmó que continuará desempeñándose como diputada nacional, apuntó duramente contra los sectores que impulsaron las acusaciones en su contra. Calificó lo sucedido como “operaciones mediáticas obscenas, maliciosas y profundas”, diseñadas con el único fin de “destruir, desgastar y humillar”.

En su descargo, Villaverde desestimó que las críticas respondieran a un debate ideológico o de gestión, enmarcándolas en una agresión personal. “No fueron discusiones políticas: fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política”, manifestó.

Asimismo, advirtió que representantes del “viejo régimen” intentaron instrumentalizar su situación personal para convertirla “en una herramienta para frenar las reformas” que impulsa el oficialismo. Con esta decisión, se espera que la situación de su banca en la Cámara Alta sea resuelta en los próximos días, mientras Villaverde retoma sus funciones en la Cámara de Diputados.

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