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Cesantías y exoneraciones: la Provincia toma medidas por faltas laborales
El Gobierno provincial continúa con su política de ordenamiento de la administración pública. Desde 2024 la Junta de Disciplina aplicó 513 sanciones.
Río Negro mantiene constante la política de ordenamiento estatal y el proceso disciplinario sigue activo. Entre 2024 y lo que va de 2025, se trataron más de 900 expedientes y se aplicaron 513 sanciones: 82 cesantías, 6 exoneraciones, 403 suspensiones y 22 apercibimientos.
“Estas sanciones reflejan la continuidad de la política de ordenamiento de la administración pública”, expresó la Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra. “Buscamos garantizar que el sueldo, que paga cada rionegrino con sus impuestos, sea por un trabajo bien hecho. Es la mejor forma de respaldar a los miles de agentes que sí cumplen con su tarea”, agregó.
Desde enero de 2024 se iniciaron 172 nuevos sumarios y se dictaron 86 suspensiones preventivas. Como muestra de que el proceso ofrece garantías, en el mismo período también se resolvieron 70 sumarios con sobreseimiento de los agentes y se archivaron 193 expedientes en los que no se acreditó una falta.
Una sanción nunca es automática. Primero, se abre un sumario administrativo y se realiza una investigación interna para analizar el incumplimiento. Este proceso está a cargo de instructores (abogados) que garantizan que el procedimiento sea justo y que el agente tenga el derecho a defenderse.
La Secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, explicó que “el objetivo de estos procedimientos es garantizar un ambiente de trabajo justo y dar respuesta a situaciones que perjudican tanto al servicio que presta el Estado, como a los propios compañeros que sí cumplen con sus tareas”.
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos, que van desde faltas graves en el servicio (como la desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en la gestión y el cuidado de insumos) hasta inconductas y conflictos interpersonales en el lugar de trabajo, incluyendo denuncias por malos tratos, insultos y peleas entre compañeros.
Finalmente, se encuentran las sanciones más severas. La cesantía, que implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso al Estado transcurridos cinco años, se aplica cuando hay una acumulación de sanciones previas, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad.
La exoneración es la medida más dura: no solo supone la desvinculación definitiva de la administración pública, sino que también inhabilita de forma permanente al agente para volver a trabajar en el Estado. Esta sanción se reserva para casos extremos, como los delitos dolosos con condena penal firme. Recientemente, por ejemplo, se aplicó la exoneración a un agente que había sido condenado por la Justicia por un caso de violencia de género.
El organismo encargado de resolver es la Junta de Disciplina. Su composición asegura la transparencia del proceso: está integrada por un presidente abogado, dos vocales del Poder Ejecutivo y dos vocales gremiales, uno por ATE y otro por UPCN.
“El fortalecimiento institucional es un pilar de la gestión. Corregir lo que está mal también es rendir cuentas y valorar el esfuerzo de los agentes que sostienen el servicio público cada día”, concluyó la secretaria Tania Lastra.
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El Gobierno proyecta $260 mil millones en deuda flotante para 2026
El Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro ha enviado a la Legislatura un Proyecto de Ley que busca asegurar la capacidad financiera operativa del Estado Provincial desde el inicio del Ejercicio Fiscal de 2026. Este ambicioso proyecto, respaldado por un Acuerdo General de Ministros, solicita una autorización total cercana a los $260.000 millones en financiamiento.
La relevancia de esta medida ha llevado al Ejecutivo a pedir que se trate en única vuelta, de acuerdo con el Artículo 143°, Inciso 2) de la Constitución Provincial. La urgencia de la presentación se debe a una “necesidad imperativa” de garantizar que las herramientas financieras estén disponibles desde el 1º de enero de 2026.
Según el Ejecutivo, si no se aprueba anticipadamente, la implementación se verá retrasada, lo que impediría al Gobierno Provincial contar con el financiamiento necesario para el correcto funcionamiento del Estado y el cumplimiento de sus obligaciones desde el inicio del año. La aprobación de este proyecto se considera esencial para mantener la continuidad de los recursos destinados a servicios como salud, educación y seguridad, además de la asistencia a los sectores más vulnerables.
El contexto macroeconómico actual presenta inestabilidad y una baja recaudación de impuestos vinculada al nivel de actividad económica. Por ello, la sanción de esta ley es vista como fundamental para garantizar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad financiera de la provincia.
El proyecto de ley propone dos herramientas financieras clave para su implementación, que entrarán en vigor el 1º de enero de 2026: la autorización de un sobregiro operativo por $140.000 millones y la emisión de Letras de Tesorería por $120.000 millones.
Esta propuesta marca un paso decisivo hacia la consolidación de un marco fiscal que permita enfrentar los desafíos económicos que atraviesa la provincia, garantizando así el bienestar de sus ciudadanos.
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Mainqué celebró su centenario con obras que apuntalan su desarrollo
La comunidad de Mainqué celebró sus 100 años con la presencia del Gobernador Alberto Weretilneck, quien confirmó avances para modernizar el Centro de Salud, ampliar el Polideportivo y extender el servicio de gas a 129 familias. Todas las obras se ejecutan con fondos provinciales y mejorarán la calidad de vida de la localidad.
Acompañado por el Intendente Miguel Petricio, el Gobernador Weretilneck destacó que Mainqué “tiene un enorme destino que se viene construyendo hace muchos años”, y convocó a la comunidad a sostener un camino de acuerdos. Señaló que los cien años representan un punto de inflexión para proyectar el futuro y remarcó que Provincia y Municipio “son una sola cosa, están hermanados”, trabajando para que las próximas generaciones vivan mejor.
El acto central incluyó la firma del convenio para la reforma y ampliación del Centro de Salud de la localidad. Una inversión provincial de $386 millones para modernizar sus espacios, mejorar la accesibilidad, optimizar los circuitos internos y ampliar la superficie cubierta.
También se formalizó el convenio para la ampliación del Polideportivo, que permitirá sumar nuevas áreas deportivas: una sala de boxeo, una sala de taekwondo y un depósito de materiales. La obra demandará una inversión de $433 millones y fortalecerá la actividad deportiva y recreativa en la localidad.
El Intendente Miguel Petricio destacó que cada una de estas obras “se piensa para el Mainqué que viene”, y remarcó que el crecimiento urbano proyectado —con nuevos lotes y futuras urbanizaciones— transformará el perfil de la localidad. Agradeció el acompañamiento provincial y valoró el trabajo conjunto con las instituciones y los vecinos: “Aquí lo único que importa es Mainqué”.
Weretilneck y Petricio firmaron el contrato para ejecutar la segunda etapa de ampliación de la red de gas, obra que permitirá incorporar nuevas conexiones domiciliarias y mejorar la prestación del servicio. La inversión asciende a $115 millones y beneficiará a 129 familias.
Finalmente, en el marco del programa provincial “Mi Escritura, un Derecho”, se entregaron escrituras a vecinos y vecinas de la localidad. Este paso otorga seguridad jurídica sobre sus viviendas y regulariza situaciones históricas en la comunidad.
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El fallo de la 40 reordena el tablero: Río Negro espera definiciones por la 151
Con la sentencia de la Ruta Nacional 40 ya firme y en marcha, el Gobierno de Río Negro insistió en que la situación de la Ruta Nacional 151 continúa sin avances por la apelación de Nación, pese al deterioro extremo acreditado en la Justicia y a un fallo que ya ordenó un plan de obras urgentes, con plazos de ejecución y un mantenimiento integral que sigue sin cumplirse.
La Ruta 151 atraviesa uno de los corredores más transitados y productivos del norte rionegrino. Su deterioro extremo está acreditado judicialmente: baches profundos, deformaciones, banquinas descalzadas, señalización insuficiente y un nivel de riesgo que afecta todos los días a miles de personas. Es un tramo clave para la conectividad entre Cipolletti y el límite con La Pampa, y para actividades esenciales como la educación, los traslados sanitarios, la producción frutícola, la minería, el turismo y la industria hidrocarburífera.
El Juzgado Federal de General Roca ya había hecho lugar al amparo colectivo impulsado por el Gobernador Alberto Weretilneck, junto a intendentes y entidades empresariales, y ordenado a Vialidad Nacional presentar un plan de acción en diez días e iniciar las obras dentro de los noventa. La sentencia, firmada por el juez Hugo Greca, también responsabilizó al organismo nacional por el incumplimiento de su deber legal de conservación y le exigió elaborar un plan integral de mantenimiento para sostener la seguridad vial en el tiempo.
Aquella decisión judicial reconoció la gravedad del abandono y el impacto real sobre la vida cotidiana: más de 10.000 estudiantes y 2.300 docentes de 70 escuelas afectados por los traslados, dificultades en emergencias sanitarias y perjuicios directos a sectores productivos centrales para la región. “Teníamos razón. No era un capricho, es un derecho. La Ruta 151 pone en riesgo vidas todos los días y necesita una solución definitiva”, había expresado el Gobernador, al conocerse el fallo.
Pero, a diferencia de lo ocurrido ahora con la Ruta 40, cuya sentencia quedó firme y obliga a Nación a ejecutar obras inmediatas con plazos estrictos y tareas precisas, la causa por la 151 continúa frenada por la apelación del Gobierno Nacional. Esa decisión impide que comiencen las obras ordenadas judicialmente y prolonga un problema que ya fue comprobado, documentado y reconocido incluso por el propio organismo vial.
La Provincia reiteró que sigue esperando definiciones y que la 151 no admite más demoras. “Cuando el Estado Nacional se desentiende, Río Negro defiende lo suyo”, había señalado Weretilneck. El planteo vuelve a tomar fuerza ante el contraste con la sentencia firme de la Ruta 40.
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