Nacionales
Buscan agilizar la prisión para los condenados por corrupción
Germán Garavano abrió la presentación una vez que la mesa estuvo completa, con referentes del peronismo y la Justicia, para impulsar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. “Estamos todos los actores y hay consenso para avanzar”, remarcó el ministro las presencias en el piso 11 del edificio de la calle Sarmiento, con el objetivo de arrancar a fin de año con su implementación, de manera gradual y de los extremos al centro del país: en octubre o noviembre en Salta y Jujuy, en marzo de 2019 en las provincias del sur.
Una transición al sistema acusatorio implicará una pérdida de poder para los jueces y el Gobierno buscará que los condenados con penas de cumplimiento efectivo sean encarcelados aun si quedan instancias de apelación. También tendrá como objetivo agilizar los procesos referidos a los casos de corrupción, aunque la reforma llegará a Comodoro Py -donde tramitan los casos más resonantes- más adelante.
“El compromiso del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia es acompañar a la comisión bicameral en el proceso de implementación del Código”, dijo Garavano antes de pasar el micrófono, rodeado del Procurador interino Eduardo Casal, Miguel Piedecasas -presidente del Consejo de la Magistratura-, el senador peronista y titular de la comisión Rodolfo Urtubey, Stella Maris Martínez -Defensora General de la Nación-, el juez Federal Julián Ercolini, Julio Piumato -del gremio de los Judiciales- y representantes de la Asociación de Magistrados y Colegios de Abogados, entre otros asistentes. La mayoría tomaron la palabra para apoyar el nuevo sistema y se escucharon algunos planteos.
Urtubey adelantó que el proyecto con su firma, la de Miguel Pichetto, Federico Pinedo y otros senadores será presentado el 2 de marzo, incluirá tres leyes ya sancionadas (flagrancia, proyección de las víctimas y unipersonalidad del juzgamiento) y comenzará a debatirse en Asuntos Penales, con el objetivo de aprobarlo “lo antes posible”. En un contacto con los medios, Garavano aclaró que la iniciativa no contendrá las modificaciones para el “cambio de doctrina” proclamado por Patricia Bullrich vinculado al accionar de las fuerzas de Seguridad, en tanto en todo caso será analizado por la comisión de reforma del Código Penal. Garavano a su vez marcó diferencias con Jaime Durán Barba y se pronunció en contra de la pena de muerte. Por el Ministerio de Seguridad asistió el jefe de Gabinete, Pablo Noccetti.
El Gobierno buscará con el nuevo Código que el Tribunal dicte la prisión preventiva o domiciliaria a los condenados con penas de cumplimiento efectivo, para “disminuir el riesgo de fuga” mientras no se encuentre firme la decisión. “El problema van a ser los establecimientos penitenciarios, no van a dar abasto”, dijo uno de los referentes judiciales antes de la presentación. “Lo que hacemos es poner en el centro a las personas y correr los papeles. No es que habrá más personas detenidas, en todo caso serán más los detenidos con sus casos resueltos. Hoy por primera vez hay más detenidos con condena que procesados y este sistema debería consolidar esa tendencia”, aseguró luego Garavano ante la consulta de este diario. “Habrá más condenados y más absueltos”, buscó equiparar Urtubey. Habrá un tiempo perentorio de tres años entre el inicio del proceso y la condena, con la posibilidad de una prórroga en causas complejas aunque con fundamento. El objetivo será que las investigaciones que en la actualidad demoran unos cinco años no duren más de ocho meses. Y todas las decisiones se tomarán en audiencias orales.
La mayoría de los discursos fueron de apoyo. “Desde el Consejo estamos complacidos de compartir este emprendimiento, que es un cambio cultural”, expresó su apoyo Piedecasas. También Piumato se mostró de acuerdo, aunque reclamó recursos para la implementación: “La Justicia tiene que dejar de ser la Cenicienta de los poderes”. Funcionarios judiciales de Salta, donde arrancará la implementación, enfocaron sus exposiciones en la lucha contra el narcotráfico.
Nacionales
ARCA revela irregularidades en compañía con vínculos a Toviggino
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha confirmado serias irregularidades en Malte SRL, una empresa que se vio involucrada en un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y que está vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el informe de ARCA, la firma opera como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, y está en el centro de una investigación penal que incluye a importantes figuras de la AFA.
El informe revela que Malte SRL fue clasificada por la AFIP por presentar anomalías significativas, como cambios frecuentes de domicilio fiscal y una estructura financiera poco clara. La empresa registró un volumen de operaciones desproporcionado en comparación con su capacidad económica real, evidenciando patrones típicos de empresas pantalla. Además, se señalaron transferencias de bienes de alto valor, incluyendo vehículos y propiedades, sin la debida documentación que justifique esos movimientos.
Un aspecto notable del análisis es la falta de personal declarado en la empresa, ya que durante todos los períodos revisados solo se registró un trabajador. Este hecho contradice la magnitud de las operaciones financieras que llevaban a cabo, lo que generó suspicacias sobre su actividad real. Las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes también fueron compartidas con otras empresas del grupo, lo que plantea más preguntas sobre su funcionamiento.
Los vínculos de Malte SRL con la AFA han despertado atención en el juicio en curso que enfrenta a sus dirigentes. El juez federal Diego Amarante ha convocado a indagatoria a los principales responsables de la AFA, incluidos Toviggino y el presidente Claudio Tapia. Se les prohíbe salir del país en el marco de una causa que investiga la apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos argentinos en aportes impositivos y de la seguridad social.
ARCA basó su investigación en pruebas documentales y testimonios internos que sugieren una evasión fiscal deliberada por parte de la AFA. La gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, describió un sistema en el que cualquier orden de transferencia de fondos debía ser aprobada exclusivamente por el tesorero, mientras que los balances eran firmados por los directivos claves de la organización.
La situación de Malte SRL, que ha sido calificada como una sociedad apócrifa destinada a facilitar maniobras de evasión fiscal, continúa bajo estricta vigilancia judicial. La acusación de ARCA, junto con la investigación penal en curso, sugiere que las irregularidades son parte de un esquema más amplio de administración fraudulenta y lavado de activos, que afecta a la gestión de la AFA y ha generado un gran escándalo en el fútbol argentino.
Nacionales
Mahiques asumió con mano firme: renuncias en la cúpula y Amerio al Tesoro
La mano del flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, comenzó a sentirse: fuentes oficiales confirmaron que el funcionario pidió la renuncia al jefe de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.
“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con “fiscales y jueces capacitados”,
El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales, indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
Con Mahiques, el Gobierno volvió a insistir la necesidad de completar las más de 300 vacantes del Poder Judicial, pero no quiere dar pasos en falso en su misión y, primero, buscará consolidar en el Senado una mayoría que brinde la tranquilidad necesaria de que los candidatos que promueva no sean vetados por la mayoría de los legisladores que integran la Cámara alta.
Para la designación de jueces federales, que requieren mayoría absoluta, es decir 37 votos del Senado, se podría avanzar con mayor celeridad, acotan en Balcarce 50.
Mahiques asumió el jueves como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona; prestó juramento ante Milei en un breve acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada y ante la plana mayor del Gobierno libertario.
El ex funcionario judicial será secundado en la cartera por Santiago Viola, lugar que correspondía a Amerio.
Cerca de Mahiques señalaron que el verdadero nexo entre la administración libertaria y él fue Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados.
En su cuenta de X, Mahiques le agradeció a Milei “por la confianza para asumir” el cargo y agregó: “Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”.
“Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”, escribió el funcionario judicial.
Para el designado funcionario, “necesitamos instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”.
Asimismo, agradeció también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.
Mahiques también manifestó su “reconocimiento” a la labor de Cúneo Libarona: “Quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”.
“La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”, dijo.
Nacionales
Más del 50% de las fábricas reporta desplome de ventas al iniciar el año
El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) de la Unión Industrial Argentina (UIA) se ubicó en 36,5 puntos en enero de 2026, muy por debajo del umbral de expansión de 50 puntos, según supo la Agencia Noticias Argentinas a partir del informe de la primera encuesta del año elaborado por el Centro de Estudios de la UIA (CEU-UIA).
El indicador acumuló su decimoquinto relevamiento consecutivo en zona de contracción, y registró una caída de 7,5 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior y de 5,6 p.p. en términos interanuales.
El relevamiento se realizó entre el 2 y el 16 de febrero de 2026, con la participación de 644 empresas de diversas actividades, regiones y tamaños, en conjunto con ADIMRA y FISFE.
El 53,3% de las empresas encuestadas registró una caída en su nivel de producción en comparación con el promedio del cuarto trimestre de 2025, mientras que solo el 13,0% reportó aumentos.
El índice de difusión de producción —diferencia entre empresas con subas y con caídas— se ubicó en -40,3 puntos porcentuales, profundizando el retroceso observado en los últimos relevamientos.
En materia de ventas internas, el panorama fue aún más desfavorable: el 54,7% de las firmas reportó bajas, el tercer valor más elevado de toda la serie histórica, frente a solo el 13,3% que registró aumentos.
El índice de difusión de ventas internas se ubicó en -41,4 p.p.
Reducción de personal
En el mercado laboral, el 22,2% de las empresas registró caídas en el empleo durante enero. Entre las firmas con reducción de personal, la mitad recurrió directamente a la desvinculación de trabajadores.
El 41,4% ajustó mediante reducción de turnos laborales y el 22,9% implementó suspensiones.
De cara a los próximos doce meses, el 26,0% de las empresas prevé una nueva reducción de planteles, frente al 19,4% que anticipa incorporaciones.
Por otra parte, en el segmento de micro y pequeñas empresas, el impacto fue más pronunciado que en las medianas y grandes.
El informe muestra diferencias significativas según el tamaño de las empresas. Para la producción, el índice de difusión fue de -43,3 p.p. en micro y pequeñas, frente a -34,8 p.p. en medianas y grandes. En cuanto a ventas internas, la brecha fue aún mayor: -46,5 p.p. para micro y pequeñas versus -30,8 p.p. para medianas y grandes.
En empleo se observó la situación inversa: las medianas y grandes registraron un impacto negativo mayor, de -18,5 p.p., frente a -13,3 p.p. en micro y pequeñas. El informe atribuye esto a un menor margen de ajuste por otras vías en las empresas de mayor tamaño.
El informe indica que todos los sectores industriales relevados mostraron un MDI por debajo de 50, es decir, en zona de contracción. Los valores más bajos se registraron en Productos Textiles (23,1 puntos), Papel y Madera (30,1) y Confecciones, cuero y calzado (30,2).
Los sectores con mejor desempeño relativo fueron Metalmecánica (40,9), Alimentos, Bebidas y Tabaco (40,6) y Productos Químicos y Petroquímicos (40,3), aunque todos permanecen en zona de contracción.
Atrasos en los pagos
El 45,6% de las firmas reportó dificultades para afrontar al menos uno de los siguientes compromisos: salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos e impuestos.
Las mayores complicaciones se concentraron en el pago de impuestos (33,2%) y proveedores (31,9%). El 5,4% presentó atrasos en la totalidad de los pagos relevados.
Entre las principales consecuencias, el 39,8% de las empresas con atrasos señaló el pago de intereses y mayores costos financieros, y el 38,1% indicó el aumento del endeudamiento o la necesidad de financiamiento a corto plazo.
Por otra parte, el 46,1% de las empresas identificó la caída de la demanda interna como su principal desafío. En segundo lugar se ubicó el aumento de costos, con el 19,7%, con el costo laboral como el componente más señalado (49,6% dentro de ese grupo).
En tercer lugar, con el 19,4%, aparece la dificultad para competir con bienes importados, un ítem que no registraba menciones en el relevamiento de octubre de 2024 y que creció de manera sostenida en un contexto de mayor apertura comercial y apreciación cambiaria.
Capacidad instalada y expectivas
La utilización de la capacidad instalada promedió el 52,0% en enero. El 72,4% de las firmas operó por debajo de su nivel considerado óptimo, y el 70,4% proyecta alcanzar ese umbral recién en el segundo semestre de 2026.
Las expectativas para los próximos doce meses también mostraron una moderación respecto al relevamiento anterior. El 47,8% de las empresas prevé una mejora en su situación económica propia, frente al 60,4% del trimestre anterior; el 41,0% anticipa mejoras en su sector de actividad (contra 57,0%); y el 51,0% espera un mejor contexto económico nacional (frente al 68,6%).
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