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Nacionales

Buscan agilizar la prisión para los condenados por corrupción

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Germán Garavano abrió la presentación una vez que la mesa estuvo completa, con referentes del peronismo y la Justicia, para impulsar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal. “Estamos todos los actores y hay consenso para avanzar”, remarcó el ministro las presencias en el piso 11 del edificio de la calle Sarmiento, con el objetivo de arrancar a fin de año con su implementación, de manera gradual y de los extremos al centro del país: en octubre o noviembre en Salta y Jujuy, en marzo de 2019 en las provincias del sur.

Una transición al sistema acusatorio implicará una pérdida de poder para los jueces y el Gobierno buscará que los condenados con penas de cumplimiento efectivo sean encarcelados aun si quedan instancias de apelación. También tendrá como objetivo agilizar los procesos referidos a los casos de corrupción, aunque la reforma llegará a Comodoro Py -donde tramitan los casos más resonantes- más adelante.

“El compromiso del Poder Ejecutivo y del Ministerio de Justicia es acompañar a la comisión bicameral en el proceso de implementación del Código”, dijo Garavano antes de pasar el micrófono, rodeado del Procurador interino Eduardo Casal, Miguel Piedecasas -presidente del Consejo de la Magistratura-, el senador peronista y titular de la comisión Rodolfo Urtubey, Stella Maris Martínez -Defensora General de la Nación-, el juez Federal Julián Ercolini, Julio Piumato -del gremio de los Judiciales- y representantes de la Asociación de Magistrados y Colegios de Abogados, entre otros asistentes. La mayoría tomaron la palabra para apoyar el nuevo sistema y se escucharon algunos planteos.

Urtubey adelantó que el proyecto con su firma, la de Miguel Pichetto, Federico Pinedo y otros senadores será presentado el 2 de marzo, incluirá tres leyes ya sancionadas (flagrancia, proyección de las víctimas y unipersonalidad del juzgamiento) y comenzará a debatirse en Asuntos Penales, con el objetivo de aprobarlo “lo antes posible”. En un contacto con los medios, Garavano aclaró que la iniciativa no contendrá las modificaciones para el “cambio de doctrina” proclamado por Patricia Bullrich vinculado al accionar de las fuerzas de Seguridad, en tanto en todo caso será analizado por la comisión de reforma del Código Penal. Garavano a su vez marcó diferencias con Jaime Durán Barba y se pronunció en contra de la pena de muerte. Por el Ministerio de Seguridad asistió el jefe de Gabinete, Pablo Noccetti.

El Gobierno buscará con el nuevo Código que el Tribunal dicte la prisión preventiva o domiciliaria a los condenados con penas de cumplimiento efectivo, para “disminuir el riesgo de fuga” mientras no se encuentre firme la decisión. “El problema van a ser los establecimientos penitenciarios, no van a dar abasto”, dijo  uno de los referentes judiciales antes de la presentación. “Lo que hacemos es poner en el centro a las personas y correr los papeles. No es que habrá más personas detenidas, en todo caso serán más los detenidos con sus casos resueltos. Hoy por primera vez hay más detenidos con condena que procesados y este sistema debería consolidar esa tendencia”, aseguró luego Garavano ante la consulta de este diario. “Habrá más condenados y más absueltos”, buscó equiparar Urtubey. Habrá un tiempo perentorio de tres años entre el inicio del proceso y la condena, con la posibilidad de una prórroga en causas complejas aunque con fundamento. El objetivo será que las investigaciones que en la actualidad demoran unos cinco años no duren más de ocho meses. Y todas las decisiones se tomarán en audiencias orales.

La mayoría de los discursos fueron de apoyo. “Desde el Consejo estamos complacidos de compartir este emprendimiento, que es un cambio cultural”, expresó su apoyo Piedecasas. También Piumato se mostró de acuerdo, aunque reclamó recursos para la implementación: “La Justicia tiene que dejar de ser la Cenicienta de los poderes”. Funcionarios judiciales de Salta, donde arrancará la implementación, enfocaron sus exposiciones en la lucha contra el narcotráfico.

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El Gobierno modificará la Ley de Identidad de Género

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El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles en Casa Rosada que el Gobierno nacional modificará la Ley de Identidad de Género. Según detalló, estarán prohibidos los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años.

Esta decisión fue comunicada por el vocero presidencial, quien explicó que la medida busca establecer nuevas regulaciones en torno a la identidad de género en el país. También se derogará el artículo de la norma que permitía a los menores de 18 registrar su nuevo nombre y sexo.

“La Ley de Identidad de Género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad si no también a los menores de 18 años”, expresó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

Y continuó: “De esta forma hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Más aún, si bien necesitan del consentimiento de sus padres para estos procedimientos médicos, si alguno de ellos decide no otorgarlo se puede apelar a un juez para que lo autorice”.

El vocero sostuvo que dichas intervenciones exponen a los niños es un grave riesgo a su salud tanto física como mental ya que implican “una interrupción en su proceso de maduración”. Además, aseguró en muchos casos los efectos de estos tratamientos y cirugías son irreversibles.

“Países pioneros en cambio de género como Reino Unido, Suecia, Finlandia y hasta recientemente Estados Unidos están dando marcha atrás prohibiendo que los menores puedan someterse a estos procesos por considerarlos irreversibles y con devastadoras consecuencias a largo plazo”, señaló.

“Esta medida, lejos de afectar a un sector particular, tiene como fin garantizar el interés superior del niño y proteger la integridad física y mental de los menores. Es responsabilidad del Estado Nacional garantizar los derechos del niño y este es un paso en esta dirección”, agregó.

Los principales cambios

“A partir de ahora, los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, ampliaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

El PMO es la canasta básica de prestaciones que deben garantizar todas las coberturas a la población. La modificación de dos artículos de la denominada Ley de Identidad de Género, por la Ley N° 26.743, llega tras la marcha la marcha LGBTQI+ del sábado pasado en repudio del discurso del presidente Javier Milei durante la reunión en Davos.

Los cambios a la norma incluyen la derogación del artículo 5, que permitía a los menores de 18 cambiar el sexo, el nombre de pila y la fotografía del documento de identidad en el Registro Nacional de las Personas.

Mientras que al modificar el artículo 11, en adelante, los menores de edad “ya no podrán realizarse intervenciones quirúrgicas totales o parciales o tratamientos integrales hormonales para modificar su cuerpo, incluidos sus genitales”, ampliaron en Salud.

Este cambio en la legislación generó diversas reacciones en la sociedad, especialmente entre organizaciones que defienden los derechos de las personas trans y la salud de los menores.

El fundamento de esta medida, según explicaron desde el Gobierno, está en un informe técnico sobre ambos artículos. “Habilitaban acciones que podían generar graves perjuicios en la salud de los menores de edad –plantearon a partir de ese texto, que no fue difundido aún–. Teniendo en cuenta que el deber del Gobierno nacional es promover el bienestar general y garantizar la protección de los niños, se ha decidido avanzar con esta medida evitando la configuración de situaciones que puedan vulnerar sus derechos fundamentales.

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Milei habló de la salida de la OMS: “Impulsaron una cuarentena cavernícola”

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El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.

Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.

La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.

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Denuncia contra Cristina: cobró plus por vivir en el sur mientras estaba en CABA

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Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.

“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.

Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).

“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.

En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.

El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.

El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.

La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

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