El Senado aprobó el proyecto que propone implementar la Boleta Única de Papel (BUP) para las elecciones nacionales, una iniciativa que había sido impulsada por el oficialismo y aliados y que deberá volver a la Cámara de Diputados para que se revisen los cambios aplicados.

La votación se definió por 38 votos afirmativos y 30 negativos, y en caso de convertirse en ley se implementaría desde las elecciones legislativas del año próximo.

El dictamen de mayoría que se aprobó hoy en el recinto había tenido tenido el acompañamiento en la firma del 10 de enero último de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques federales, que fueron los que votaron a favor en el recinto, mientras el kirchnerismo y otros sectores habían impulsado uno de minoría.

Entre los cambios aplicados se quitó el casillero en blanco con la opción de votar lista completa, lo que había sido uno de los reclamos de los partidos provinciales.

La recuperación legislativa del proyecto de BUP se dio en medio del intento del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por eliminar las PASO, una iniciativa que no tuvo consenso y que obligó al Gobierno a conformarse con la boleta única.

El proyecto tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde 2022 y ahora volerá a ese cuerpo por los cambios aplicados durante el debate en Senado.

Según esta iniciativa, la Cámara Nacional Electoral (CNE) será la responsable dediseñar las BUP; mientras que las Juntas Electorales Nacionales serán las encargadas de adaptar la boleta a la oferta electoralde cada distrito.

En tanto, el Ministerio de Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE) es responsable de imprimir y distribuir las boletas.

La Cámara de Diputados ratificó el miércoles el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió avalar el veto presidencial con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones.

Para alcanzar ese número fue clave el apoyo de la bancada del PRO y de un grupo de diputados de la UCR que en la víspera se habían reunido con Milei en la Casa Rosada.

Los legisladores radicales que este miércoles decidieron desmarcarse de la conducción del bloque y concurrir a la Casa de Gobierno fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada.

La ley de reforma jubilatoria que había sido vetada por el mandatario establecía un aumento del 8,1 por ciento para compensar la inflación de enero y un nuevo mecanismo de actualización de los haberes de la clase pasiva.

Incidentes

Organizaciones de jubilados, la CGT, movimientos sociales y hasta periodistas fueron reprimidos en las inmediaciones del Congreso tras la ratificación de la Cámara de Diputados del veto.

Si bien el clima de tensión se vivió durante toda la mañana, los incidentes se registraron por la tarde, después de la ratificación del veto en la sesión de la Cámara de Diputados, cuando los manifestantes fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La protesta se realizaba frente al anexo del Parlamento en la Plaza Congreso, ubicada sobre la Avenida Entre Ríos entre Callao e Hipólito Yrigoyen.

Organizadores sociales, piqueteras y sindicales desafiaban a las fuerzas de seguridad, que tenían la orden de aplicar el protocolo antipiquetes, como sucedió durante las movilizaciones de las últimas semanas.

La cartera de Seguridad tenía desplegado un megaoperativo con fuerzas federales para evitar el corte de arterias y la circulación vehicular. Había apostados efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. También, a modo de prevención, se encontraban apostados oficiales de la Policía de la Ciudad.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que desde este miércoles los municipios no podrán incluir impuestos y tasas en las facturas de servicios que envían a los usuarios.

“Ante reiteradas denuncias públicas sobre municipios que incluyen tasas locales en la facturación de servicios esenciales tales como la luz y el gas, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía dispuso, a través de la Resolución 2024-267 que saldrá mañana en el Boletín Oficial, que las facturas de servicios esenciales deben contener de forma única y exclusiva la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado por el consumidor, quedando prohibido incluir cargos ajenos a la naturaleza del servicio”, aseguró Caputo en un mensaje en su cuenta de X.

Desde agosto, comenzaron los reclamos de diversas cámaras empresariales por los aumentos de las tasas municipales, que vienen incluidas en las boletas de los servicios públicos.

El vicepresidente de Cadam, la cámara que reúne a los comercios maristas, Armando Farina, advirtió que en el último tiempo Lanús subió la tasa de seguridad e higiene del 2,36% al 6%, al igual que Quilmes, mientras que otras localidades lo están evaluando.

“Malvinas Argentinas cobra un 1,2%, cuando era el 0,6%, y encima lo hizo retroactivo a enero pasado. Pero no se trata solo de la suba, sino que esto lo pagan el mayorista y el minorista e impacta en los precios”, explicó Farina.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advirtieron que “La Nación va haciendo una reducción de impuestos, pero, a nivel local, lamentablemente, se van fortaleciendo las tasas municipales y a los vecinos se les va encareciendo la producción y haciendo más gravoso mantener las empresas”.