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Bonadio intervino dos sociedades de los Kirchner

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El juez Claudio Bonadio investiga si a través de la sociedad “Los Sauces”, propiedad de la familia Kirchner, se cometieron los delitos de lavado de dinero y cohecho. Esa sociedad recibió pagos por alquileres de sus propiedades casi con exclusividad de empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López, dos hombres de negocios que crecieron exponencialmente durante el kirchnerismo.

Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, en los más de seis meses que lleva la investigación se detectaron irregularidades en el funcionamiento tanto de “Los Sauces” como en el de la “Sucesión de Néstor Carlos Kirchner”.

Esas dos sociedades fueron intervenidas judicialmente por medio año por orden de Bonadio. No será el juez quién designe a los interventores: saldrán de un sorteo que se realizará-mediante sistema informático- entre los disponibles en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los interventores asumirán la conducción de las dos sociedades.

En el primer caso, el juez ordenó remover al diputado nacional por el Frente para la Victoria Máximo Kirchner del cargo de administrador de la “Sucesión de Néstor Carlos Kirchner”. El interventor judicial designado allí deberá administrar la sucesión y además deberá informarle al juez diferentes situaciones. Tendrá que dar a conocer todos los pagos realizados y recibidos por esa sucesión y la sociedad “Los Sauces” o cualquiera de sus socios: la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. También debe reportar si hubo pagos cruzados entre la sucesión y empresas de Lázaro Báez, de Cristóbal López y del histórico socio de los Kirchner Osvaldo Sanfelice.

El interventor judicial tendrá que dar -a partir de la documentación disponible de la sociedad- la mayor cantidad de detalles que expliquen cada una de las operaciones.

Otro interventor judicial se deberá hacer cargo de “Los Sauces”. Durante seis meses deberá informar al juzgado de Bonadio si existieron transferencias desde esa sociedad con la sucesión, con los socios de esa firma, y con las empresas de Báez, López y Sanfelice. Y deberá explicar cómo se hizo cada una de esas operaciones.

Bonadio también ordenó que sean designados interventores informantes en todas las sociedades de Báez, López y Sanfelice que aparecen en la investigación realizando operaciones cruzadas con los Kirchner. En este caso los interventores deberán solo informar de los movimientos entres las empresas y las dos sociedades de los Kirchner.

Según fuentes judiciales, Bonadio llegó a esa determinación luego de constatar en la causa un maraña de operaciones en las que se mezclaban todas las sociedades en las que las mismas personas aparecían en diferentes estructuras jurídicas que interactuaban entre sí.

Se detectaron durante la investigación, por ejemplo, numerosas transferencias entre “Los Sauces” y la sucesión sin que exista una justificación desde el punto de vista comercial o financiero.

Se hallaron pagos cruzados entre las sociedades investigadas que no tienen respaldo documental. Y también sociedades que pagaron haberes de empleados de “Los Sauces”.

Según determinó la Unidad de Información Financiera (UIF) parte de 4,6 millones de dólares que terminaron en las cajas de seguridad de Florencia Kirchner provienen de transferencias realizadas desde cuentas de socios de los “Los Sauces” o desde la cuenta de la sucesión.

Según explicaron las fuentes, Bonadio tomó la decisión de intervenir judicialmente las empresas para que finalice la posible comisión del delito de lavado de dinero que configurarían las operaciones cruzadas entre las sociedades bajo investigación judicial.

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Inflación bajo lupa: Transformaciones en la medición oficial

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El Gobierno Nacional, a través de su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ha anunciado que se implementarán modificaciones en la manera de calcular el Índice de Precios al Consumidor (IPC), publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Durante una sesión informativa en la Honorable Cámara de Diputados, el jefe de Ministros expuso durante más de siete horas sobre los logros alcanzados por el Gobierno y respondió a más de 2.300 preguntas, aunque el total de consultas alcanzó las 4.000, de las cuales se depuraron las repetidas.

Aproximadamente el 40% de las preguntas se centraron en temas económicos, incluyendo detalles sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los montos del nuevo desembolso y la “Fase 3” del programa económico, que abarca el levantamiento del cepo y un nuevo régimen cambiario.

Otra cuestión abordada en la Cámara Baja fue la nueva medición de la inflación que el INDEC tiene lista. Esta consulta surgió tras conocer que la inflación de marzo superó las expectativas del Gobierno, cerrando en un 3,7%, lo que representa un aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto a febrero.

“¿El INDEC tiene planes para actualizar la canasta de bienes y servicios utilizada en el cálculo del IPC, para reflejar con precisión los cambios en los hábitos de consumo y así proporcionar una medición más exacta de la inflación y su impacto en el costo de vida?”, fue la pregunta formulada por la Coalición Cívica (CC), liderada por Maximiliano Ferraro.

Francos respondió que se han completado “todos los desarrollos técnicos y metodológicos”, así como “las consultas y testeos técnicos” del nuevo IPC, según información del Ministerio de Economía. “Mientras tanto, el Instituto sigue realizando análisis técnicos sobre la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se efectúen en períodos atípicos”.

Esta será la primera modificación al índice desde finales de 2016. El índice actual utiliza un período de referencia de gastos desde octubre de 2004 hasta diciembre de 2005, mientras que el objetivo del nuevo IPC es obtener datos de la canasta entre 2017 y 2018. Aunque aún no hay una fecha oficial para el lanzamiento del nuevo medidor, el Jefe de Gabinete mencionó que el organismo está “a la espera de los avales institucionales” para llevar a cabo la “campaña de sensibilización y alfabetización” del nuevo IPC.

Marco Lavagna, director del INDEC, aseguró en septiembre de 2024 que el Gobierno lanzaría el nuevo medidor en dos meses. “Estamos en las pruebas finales. Debemos ser cautelosos sobre cuándo implementamos los cambios para que sean comprendidos adecuadamente”, comentó en declaraciones radiales. Desde diciembre de 2019 en su cargo, Lavagna explicó que el nuevo índice incluirá un total de 500.000 precios y 24.000 informantes, en comparación con los 320.000 precios y 16.700 informantes del índice actual. “Debemos asegurar cómo llevamos a cabo estos procesos; toda estadística tiene sus particularidades, pero debemos generar confianza en la población”, añadió.

Para medir la inflación, el INDEC utiliza el índice de Laspeyres, que compara los precios actuales con los del período base, manteniendo constantes las cantidades, y calcula un promedio ponderado de los precios de los productos que forman parte de la canasta.

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Vialidad Nacional mejora la transitabilidad de las RN23 y 1s40

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Vialidad Nacional informó que agentes y equipos viales del 20° Distrito Río Negro realizan diferentes tareas de conservación en la ruta nacional 23 para mejorar las condiciones de transitabilidad entre Jacobacci y Dina Huapi. También se trabaja en el mantenimiento de la 1s40 norte, entre Alicurá y la RN23.

Cumpliendo con la planificación del Distrito, personal del campamento de Pilcaniyeu trabaja en el repaso, ensanche, relleno con material, señalización vertical y nivelación del tramo sin pavimentar en el sector de La Fragua, a pocos km de Dina Huapi. Esta es una zona de obra que se encontraba abierta a la circulación y por donde, temporalmente, el tránsito será encauzado hacia la traza vieja para poder continuar con las tareas de cara a la temporada invernal.

Sumado a esto, se realizó aporte de material y nivelación en la vieja traza, por donde se circulará temporalmente, para que los usuarios que transiten por el tramo lo hagan de forma segura, siempre respetando las velocidades de circulación.

Por otra parte, personal del campamento de Jacobacci llevó adelante el relleno con material en caliente, distribución y compactación de la ondulación presente en el puente sobre en el arroyo Comallo. Se tiraron alrededor de 20 toneladas de material en una extensión de 15 metros, donde posteriormente se niveló y compactó con equipos pesados del Distrito.

Estas tareas buscan mejorar las condiciones de circulación en los últimos 150 km de la ruta nacional 23 en dirección a la cordillera, considerando la proximidad de la temporada invernal y el incremento del tráfico vehicular durante el próximo fin de semana largo de Semana Santa.

De forma simultánea, personal del 20° Distrito trabaja en el repaso de la calzada y optimización de cunetas en la RN 1s40 norte, desde Alicurá hacia la RN23. Si bien no es un recorrido con mucho tráfico vehicular, las tareas buscan optimizar la calzada para que durante el período invernal presente mejores condiciones de circulación y pueda ser utilizada, principalmente, por los pobladores de la zona.

Es importante destacar que la circulación por los tramos no pavimentados de la ruta nacional 23 requiere una conducción segura y a velocidad precautoria. En ese sentido, se debe prestar atención a las transiciones de asfalto/ripio y, ante la presencia de viento y poca humedad, al polvo en suspensión que dificulta la visibilidad.

Vialidad Nacional solicita circular a baja velocidad, respetar las indicaciones del personal y la señalización transitoria presente sobre la calzada, llevar las luces bajas encendidas y verificar que todos los ocupantes del vehículo lleven correctamente colocado el cinturón de seguridad.

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Francos negó una devaluación al defender el plan económico

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defendió el miércoles con firmeza la política económica del gobierno, rechazando la posibilidad de una devaluación tras el levantamiento del cepo y solicitando la aprobación de un conjunto de proyectos relacionados con la seguridad en una sesión informativa en la Cámara de Diputados, donde no abordó el escándalo vinculado a la criptomoneda $Libra.

Francos mencionó que no se referiría a este escándalo ya que regresará la próxima semana, cuando será interrogado nuevamente en una sesión programada para el próximo martes por la tarde, para explicar la participación del presidente Javier Milei y otros funcionarios en el escándalo del criptogate.

El jefe de Gabinete subrayó que su deber era asistir al Congreso “pero no responder preguntas”, pidiendo un mecanismo “más razonable” sobre este tema, en respuesta a las críticas por haber presentado su informe una hora y media antes de la sesión. En su tercer informe de gestión, realizó una defensa contundente del plan económico, la reforma del Estado y las privatizaciones, instando al Congreso a avanzar en la aprobación de las leyes antibarras y en la reducción de la baja de imputabilidad.

“El Gobierno nunca habló de una devaluación”, afirmó Francos, explicando que el levantamiento del cepo para los ahorristas se implementa como un “sistema de bandas para gestionar el tipo de cambio”.

“Desde el comienzo de nuestro gobierno, hemos vivido una drástica disminución de la inflación. Este es un descenso histórico que afecta positivamente a los sectores más vulnerables de la sociedad”, enfatizó. Además, agregó que “entre febrero de 2024 y enero de 2025, todas las categorías de trabajadores han experimentado, en promedio, aumentos salariales por encima de la inflación”.

Francos también destacó que “los niveles de pobreza han disminuido de manera significativa en comparación con el período anterior” y aseguró que el Gobierno “ha puesto fin al control y abuso por parte de los gerentes de la pobreza”, quienes, según indicó, “sometían a los beneficiarios de programas sociales a prácticas intimidatorias”.

“El programa económico del Gobierno de Javier Milei ha recibido un gran respaldo internacional”, afirmó Francos, citando como ejemplos el acuerdo aprobado por el Fondo Monetario Internacional y los préstamos de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial. Asimismo, resaltó “la visita a Argentina del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent”, quien, según dijo, “subrayó el apoyo del Gobierno norteamericano”. “Se logró la renovación del swap con China por otros 12 meses”, destacó, lo que, según explicó, “permite al Banco Central reducir los riesgos en nuestra transición hacia un régimen monetario y cambiario sostenible”.

Francos también mencionó que el Gobierno ha eliminado más de 40.000 puestos de trabajo en el sector público, lo que ha generado un “ahorro de 800 millones de dólares anuales en salarios”. En detalle, precisó que “se redujeron 41.142 empleos en el sector público”, lo que “se traduce en un ahorro estimado de 1.600 millones de dólares anuales si se consideran otros costos asociados”. Subrayó, además, “el arduo trabajo de desburocratización” del Estado, mediante “la eliminación de organismos ineficientes, duplicados o sin funciones”.

Finalmente, Francos solicitó la aprobación de la ley Anti Barras, que “tipifica los delitos cometidos por barras bravas como asociación ilícita especial”. “Esto complementa la Ley Antimafia, permitiendo al Gobierno abordar un tipo de violencia que ha perjudicado al país durante muchos años”, argumentó. También enfatizó la necesidad de avanzar en la reducción de la edad de imputabilidad, afirmando: “Quien comete un delito como adulto, debe enfrentar una pena de adulto; por lo tanto, proponemos bajar la edad a 13 años”. Durante la sesión, fue interrogado por legisladores sobre jubilaciones, la situación del cepo cambiario y el acuerdo con el FMI, entre otros temas.

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