El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, mediante Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada.

Entre las modificaciones principales se destaca la baja en la edad de imputabilidad, acompañada por la creación de un nuevo régimen de penas graduadas. Este esquema contempla tanto la edad del menor como las particularidades del contexto en el que se cometió el delito.

Durante el periodo de sesiones extraordinarias del 27 de febrero, el Senado aprobó la iniciativa con una votación con 44 votos positivos y 27 negativos. Así, La Libertad Avanza (LLA) logró un nuevo triunfo legislativo.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Originalmente, el oficialismo había impulsado el proyecto que fijaba la edad de imputabilidad en los 13 años. Sin embargo, en el marco de una compleja “negociación parlamentaria” con los bloques dialoguistas, el Ejecutivo aceptó elevar el piso a los 14 años con el objetivo de destrabar el consenso político y garantizar los votos necesarios para la media sanción en la Cámara de Diputados.

Con esta modificación, el Gobierno se aseguró el respaldo de aliados estratégicos como el PRO y la UCR. Desde estos espacios señalaban que el límite de los 14 años representaba un punto de equilibrio más sólido, alineando la legislación local con los estándares de la mayoría de los países de la región.

El nuevo ministro de Justicia de Argentina, Juan Bautista Mahiques, ha realizado cambios significativos en su cartera, comenzando por la designación de Alejandro “Chule” Ramírez como el nuevo titular de la Inspección General de Justicia (IGJ). Ramírez asumirá el cargo en sustitución de Daniel Vítolo, mientras que Gabriela Zangaro será la nueva líder de la Oficina Anticorrupción, anteriormente a cargo de Alejandro Melik.

Mahiques, quien asumió la cartera el jueves, ha pedido la renuncia de todos los funcionarios políticos, marcando así un nuevo rumbo en la gestión judicial. Con el enfoque en la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones, esta reestructuración busca brindar un nuevo impulso a las funciones del ministerio.

Alejandro Ramírez es un abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde también se desempeña como profesor. Su experiencia incluye representación de Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), participando en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.

Gabriela Zangaro, la nueva responsable de la Oficina Anticorrupción, trae consigo una sólida trayectoria en el ámbito judicial. Desde 2003, ha ocupado el cargo de jueza de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas en la Ciudad de Buenos Aires. Su formación académica, que incluye un doctorado en Derecho Penal, y su experiencia en la Asociación de Magistrados aportan un fuerte componente a su nuevo rol.

Sebastián Amerio, quien fue el número dos del saliente Mariano Cúneo Libarona, también ha sido nombrado para liderar la Procuración del Tesoro, un organismo clave para la representación legal del Estado. Estos cambios reflejan un enfoque en la continuidad y la experiencia en posiciones clave dentro del gobierno.

Con estos nuevos nombramientos, Mahiques busca no solo modernizar la administración de justicia, sino también garantizar un control más riguroso y eficaz en las instituciones que manejan la transparencia y la integridad en el ámbito público. La expectativa es alta respecto a cómo estos cambios impactarán en la percepción pública sobre la justicia en Argentina y su capacidad para combatir la corrupción.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha confirmado serias irregularidades en Malte SRL, una empresa que se vio involucrada en un blanqueo de activos por 1,4 millones de dólares y que está vinculada a Pablo Toviggino, actual tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Según el informe de ARCA, la firma opera como una “usina sin capacidad operativa económica y/o financiera”, y está en el centro de una investigación penal que incluye a importantes figuras de la AFA.

El informe revela que Malte SRL fue clasificada por la AFIP por presentar anomalías significativas, como cambios frecuentes de domicilio fiscal y una estructura financiera poco clara. La empresa registró un volumen de operaciones desproporcionado en comparación con su capacidad económica real, evidenciando patrones típicos de empresas pantalla. Además, se señalaron transferencias de bienes de alto valor, incluyendo vehículos y propiedades, sin la debida documentación que justifique esos movimientos.

Un aspecto notable del análisis es la falta de personal declarado en la empresa, ya que durante todos los períodos revisados solo se registró un trabajador. Este hecho contradice la magnitud de las operaciones financieras que llevaban a cabo, lo que generó suspicacias sobre su actividad real. Las direcciones IP utilizadas para emitir comprobantes también fueron compartidas con otras empresas del grupo, lo que plantea más preguntas sobre su funcionamiento.

Los vínculos de Malte SRL con la AFA han despertado atención en el juicio en curso que enfrenta a sus dirigentes. El juez federal Diego Amarante ha convocado a indagatoria a los principales responsables de la AFA, incluidos Toviggino y el presidente Claudio Tapia. Se les prohíbe salir del país en el marco de una causa que investiga la apropiación indebida de más de 19.300 millones de pesos argentinos en aportes impositivos y de la seguridad social.

ARCA basó su investigación en pruebas documentales y testimonios internos que sugieren una evasión fiscal deliberada por parte de la AFA. La gerente de Control y Administración, Mónica Bouvet, describió un sistema en el que cualquier orden de transferencia de fondos debía ser aprobada exclusivamente por el tesorero, mientras que los balances eran firmados por los directivos claves de la organización.

La situación de Malte SRL, que ha sido calificada como una sociedad apócrifa destinada a facilitar maniobras de evasión fiscal, continúa bajo estricta vigilancia judicial. La acusación de ARCA, junto con la investigación penal en curso, sugiere que las irregularidades son parte de un esquema más amplio de administración fraudulenta y lavado de activos, que afecta a la gestión de la AFA y ha generado un gran escándalo en el fútbol argentino.