Avilez defendió el proyecto de modernización laboral en la Legislatura

La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, expuso este lunes en la comisión de Asuntos Sociales los lineamientos del proyecto de ley que propone modernizar el organismo, con foco en la digitalización, la mejora de las inspecciones y el desarrollo de nuevas herramientas para asegurar el cumplimiento de la normativa laboral.

Avilez sostuvo que la iniciativa responde a una “demanda necesaria” para la propia Secretaría, los trabajadores y el sector privado, y remarcó que cuenta con el respaldo del gobernador. En ese marco, destacó el acompañamiento de la CGT y de diferentes gremios, entre ellos UOCRA, que participaron del diálogo previo.

Uno de los ejes centrales es la actualización de una ley vigente desde 2016, considerada desfasada a partir de los cambios posteriores a la pandemia. Según explicó, el proyecto avanza hacia la digitalización total de los trámites, incorporando herramientas como el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), expedientes digitales y notificaciones electrónicas para “agilizar procesos y mejorar la atención”.

También se propone fortalecer el rol de los inspectores laborales, que en la práctica no solo fiscalizan sino que cumplen funciones de mediación para resolver conflictos en territorio. El informe de la propuesta remarca que cerca del 80% de los conflictos laborales se solucionan en sede administrativa, y en esa dirección plantea sumar la “audiencia de regulación laboral” antes de aplicar sanciones, con el objetivo de corregir irregularidades y regularizar trabajadores no registrados.

Además, el proyecto mantiene el patrocinio legal gratuito para trabajadores en el ámbito administrativo y lo articula con la instancia judicial. En los casos en que no se logre una resolución administrativa, se emite el certificado habilitante para la vía judicial, con patrocinio gratuito garantizado por ley, sujeto posteriormente a la regulación de honorarios que disponga la Cámara laboral interviniente.

Entre los cambios normativos, Avilez destacó una modificación del sistema de sanciones: se reemplazarían las multas atadas al salario mínimo, vital y móvil por una unidad de medida vinculada a parámetros usados por el Poder Judicial, para actualizar automáticamente los montos y dar mayor previsibilidad. También se incorporaría un criterio que evalúa la conducta del empleador durante todo el procedimiento, apuntando a que el cumplimiento no sea equivalente al incumplimiento, especialmente cuando están en juego la registración y la seguridad laboral.

El respaldo sindical fue expresado por Damián Miler, secretario general de UOCRA Viedma y titular de la CGT Zona Atlántica, quien afirmó que la propuesta fortalece el diálogo social institucionalizado en la provincia y ayuda a garantizar la protección de trabajadores en situación de vulnerabilidad. En tanto, desde la oposición, Daniel Belloso (PJ – Nuevo Encuentro) planteó reparos respecto a la autoinspección laboral y cuestionó posibles efectos sobre el rol del Estado; aun así, el proyecto obtuvo dictamen favorable por mayoría, con pedidos de analizar modificaciones en las próximas 48 horas.