La Cámara de Diputados de la provincia realizó esta mañana la 23° sesión ordinaria, ocasión en la que aprobó la comunicación N° 313 que solicita al Poder Ejecutivo nacional que restablezca el pago de pensiones no contributivas por discapacidad, situación que afecta a 128 familias neuquinas.

La comunicación dirigida al Ejecutivo nacional apunta a que se dejen sin efecto las resoluciones 3695/26 y 3702/26 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y se restablezca el pago de las pensiones no contributivas por invalidez alcanzadas por ambas medidas.

Durante el debate, el diputado Darío Peralta (UxP) informó que la suspensión afecta a 21 mil beneficiarios en todo el país, de los cuales 128 residen en la provincia. Explicó que las resoluciones suspenden el pago de las prestaciones durante 60 días, período en el que se realizarán auditorías para determinar si los beneficiarios y beneficiarias cumplen con los requisitos para continuar percibiendo la prestación. Cuestionó que la medida se aplique en el marco de la emergencia en discapacidad y afirmó que “ordenar las cuentas está bien, el equilibrio fiscal también está bien, pero también está bien ocuparse de las personas”.

Desde Comunidad, el diputado Ernesto Novoa respaldó la propuesta y cuestionó que las medidas de ajuste recaigan sobre los sectores más vulnerables. En ese sentido, puso en duda el impacto de la suspensión de estas prestaciones sobre el déficit fiscal y advirtió que, para muchas familias, constituyen su único ingreso. También criticó las condiciones en las que se realizan las auditorías a personas con dificultades de movilidad y expuso la contradicción entre las medidas de ajuste del gobierno nacional y los valores de solidaridad y piedad que promueve la fe cristiana. “¿Por qué esta crueldad?”, planteó tras cuestionar los malos tratos reiterados hacia los sectores más vulnerables.

Por su parte, la diputada Mónica Guanque (Democracia Neuquén) anticipó el acompañamiento de su bloque y destacó la importancia de visibilizar la problemática a través de un pronunciamiento legislativo. Advirtió que, en experiencias anteriores, la restitución de las pensiones implicó iniciar nuevamente trámites médicos y administrativos que, según señaló, llegaron a demorar entre uno y dos años. En ese marco, criticó que el ajuste recaiga sobre las personas con discapacidad y otros sectores vulnerables.