El intendente de Allen, Marcelo Román, rechazó la decisión del Concejo Deliberante que dispuso su suspensión preventiva y anunció que recurrirá a la Justicia para dejar sin efecto la medida. El jefe comunal calificó la resolución como un "golpe institucional" y sostuvo que continuará ejerciendo sus funciones hasta que exista una definición judicial. La suspensión fue aprobada por mayoría y se fundamentó en la causa penal que enfrenta por presunta administración fraudulenta y peculado.

Tras conocerse la decisión del cuerpo legislativo, Román aseguró que la ordenanza "es totalmente ilegal e inconstitucional" y confirmó que sus abogados presentaron una acción de amparo para solicitar su nulidad. "Esto es un golpe institucional. No existe ninguna condena en mi contra y se está vulnerando la voluntad popular expresada en las urnas", afirmó el mandatario, quien insistió en que la medida viola el principio de inocencia.

El intendente sostuvo además que no abandonará el cargo mientras la Justicia no se expida sobre la validez de la suspensión. "Voy a seguir al frente del municipio porque fui elegido por los vecinos y no voy a permitir que un sector político me saque por una maniobra que considero ilegítima", expresó, al remarcar que la decisión del Concejo responde a intereses políticos más que institucionales.

La ordenanza aprobada por el Concejo establece la suspensión preventiva de Román hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial que lo tiene imputado. Mientras dure esa medida, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, quedará a cargo del Ejecutivo municipal con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la prestación de los servicios públicos.

El conflicto político se produce en medio de la investigación judicial que involucra al jefe comunal por presuntos delitos de administración fraudulenta y peculado, vinculados al supuesto uso irregular de recursos municipales y a la participación de un empresario local en decisiones de gobierno. La causa continúa en etapa de investigación y todavía no registra una sentencia definitiva.

Con la presentación judicial ya formalizada, el escenario institucional de Allen quedó abierto a una definición de los tribunales, que deberán resolver si la suspensión preventiva puede mantenerse vigente. Mientras tanto, la disputa entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante suma un nuevo capítulo, con Román decidido a sostener su permanencia en el cargo y denunciando que detrás de la medida existe un intento de desplazarlo por vías políticas antes que judiciales.