El Poder Ejecutivo de Río Negro remitió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que autoriza la donación de ocho parcelas del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV) al Ministerio de Gobierno y Trabajo. La transferencia, que se enmarca en la ley provincial de donación de inmuebles, tiene como destino específico la instalación y puesta en funcionamiento de las actividades de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas en la localidad de General Roca.

Según el texto de la iniciativa, los terrenos objeto de la donación son las parcelas identificadas catastralmente como 05-1-E-404-03-F003 a F010, actualmente inscriptas a nombre del IPPV en el registro patrimonial correspondiente. La normativa establece que la transferencia se realizará a título gratuito y con cargo, es decir, condicionada al cumplimiento de un fin de interés público dentro de un plazo determinado.

Los fundamentos del proyecto señalan que “el objeto de la presente donación radica en poner en funcionamiento las actividades de la Dirección de Veteranos de Guerra de Malvinas en el plazo indicado”. Para ello, se fija un plazo de doce meses a partir de la instrumentación de la donación para que el Ministerio de Gobierno y Trabajo efectivice la instalación de las actividades destinadas a excombatientes en los predios de General Roca.

La iniciativa se ajusta a los requisitos establecidos en la ley provincial nº 3682, que regula las donaciones de bienes inmuebles del Estado con fines de interés público. Entre las condiciones que debe cumplir la operación figuran la inscripción previa de los bienes en el Registro Patrimonial, la presentación de una memoria descriptiva del uso que se dará al inmueble y el establecimiento claro del cargo y el plazo de cumplimiento.

El proyecto solicita tratamiento en única vuelta, una modalidad reservada para iniciativas que el Ejecutivo considera de “relevancia institucional”. Si la Legislatura aprueba la autorización, la transferencia deberá instrumentarse mediante escritura pública a celebrar por la Escribanía General de Gobierno, una vez que se verifique el cumplimiento de todos los recaudos previstos en la normativa vigente.

En caso de que el Ministerio de Gobierno y Trabajo no cumpla con el cargo establecido dentro del plazo de doce meses fijado, la donación podría ser revocada y los inmuebles reintegrados al pleno dominio del Estado provincial, según lo dispuesto en el artículo 10 de la ley nº 3682. El donatario también deberá presentar informes anuales sobre el estado del bien y las acciones realizadas en cumplimiento del fin de interés público asignado.