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ADPRA alertó por el estado del PAMI
La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) manifestó su profunda preocupación por la situación crítica que atraviesa el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – PAMI). En un comunicado oficial fechado el 15 de abril de 2026, ADPRA advirtió que esta crisis afecta directamente el derecho a la salud de las personas mayores, cuya cobertura depende del acceso a beneficios jubilatorios o previsionales.
Desde distintas Defensorías del país se ha registrado un aumento sostenido de reclamos relacionados con demoras en autorizaciones de prácticas y tratamientos, falta de acceso a medicamentos e insumos, discontinuidades en prestaciones de salud y rehabilitación, así como problemas en la asignación y funcionamiento del sistema de médicos de cabecera. Además, se denuncian dificultades en la relación con prestadores de servicios de salud vinculadas a condiciones de contratación y pago, y la existencia de deudas millonarias del Gobierno Nacional con estos prestadores.
Uno de los focos de tensión está en la implementación de la resolución RESOL-2026-1107-INSSJP-DE, que unifica el nomenclador y concentra la retribución de los médicos de cabecera en un pago por cápita. Esta medida ha provocado una reducción de ingresos superior al 50% para los profesionales, quienes han declarado un paro nacional y advirtieron que abandonarán la cartilla si no se revierte la situación. A este problema se suma una deuda millonaria con prestadores de medicina, odontología, óptica y farmacia, que en algunos casos acumula más de seis meses de atraso.
ADPRA señala que el origen de esta crisis radica en decisiones tomadas por la conducción del INSSJP-PAMI que carecen de previsibilidad y presentan dificultades de implementación, afectando tanto a los prestadores como a los afiliados. El desfinanciamiento del organismo impacta especialmente en las personas mayores, generando situaciones de vulnerabilidad que el Estado debe revertir con urgencia.
En este marco, la Asociación exhortó a las autoridades a adoptar medidas urgentes que incluyan la regularización de los pagos adeudados a prestadores, la derogación o revisión de la resolución polémica en diálogo con los profesionales de la salud, y la garantía de continuidad en tratamientos, medicamentos e insumos en todo el país. También pidió restablecer la previsibilidad y transparencia en el financiamiento y contratación, asegurar una retribución justa y oportuna, garantizar canales de atención personalizada para los afiliados y promover la articulación entre niveles nacionales y locales.
Finalmente, ADPRA advirtió que la persistencia de esta situación constituye una vulneración concreta y actual de los derechos constitucionales de los adultos mayores, por lo que consideró “impostergable la adopción de medidas urgentes, coordinadas y sostenidas que permitan revertir el escenario actual y garantizar condiciones dignas de atención”.