El presidente Javier Milei ha descrito este miércoles a la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un organismo “nefando” y afirmó que, durante la pandemia de Covid-19, actuó como el “brazo ejecutor” del “mayor experimento de control social de la historia”.

Milei subrayó en un post en la red social X la decisión del Gobierno, anunciada por el vocero Manuel Adorni, de retirarse de la OMS, siguiendo una línea similar a la adoptada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Refiriéndose a la pandemia de 2020, el mandatario declaró: “hemos optado por alejarnos de un organismo tan nefando que fue el ejecutor del mayor experimento de control social que hemos visto”, y concluyó su comentario con su emblemática exclamación: “¡Viva la libertad carajo!”. “Nunca olvidaremos que fueron los responsables de la cuarentena cavernícola que, según el Estatuto de Roma de 1998 (artículo 7.k), constituyó, en complicidad con todos los Estados que siguieron sus directrices, uno de los delitos de lesa humanidad más absurdos de la historia”, enfatizó el jefe del Estado.

La declaración de Milei se suma al anuncio de Adorni y al comunicado oficial de la Presidencia, donde Argentina afirmó que la OMS “fracasó en su mayor desafío” al promover “cuarentenas interminables sin respaldo científico” durante la pandemia del Covid-19. “Actualmente, la evidencia muestra que las recomendaciones de la OMS son ineficaces porque surgen de la influencia política, no de la ciencia”, indicó el comunicado, además de criticar la existencia de organismos supranacionales “que no cumplen con los objetivos para los que fueron creados, se ocupan de la política internacional y pretenden imponerse sobre los países miembros”.

Luego de anunciar la eliminación de la jubilación de privilegio, el Gobierno presentó este martes una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” y defraudación al Estado, al afirmar que recibía una bonificación tras declarar vivir en zona austral mientras realmente residía en la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia fue interpuesta por el Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y acusa a la líder del Partido Justicialista Nacional de cometer los delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” por haber cobrado dicho plus que corresponde a ciertas zonas o provincias australes en sus dos beneficios previsionales, siendo “de dominio público su residencia en CABA”.

“Esto habría ocasionado un daño fiscal a ANSES, por lo que, además, el organismo solicita ser parte querellante en la causa”, subraya el documento al que tuvo acceso PERFIL, que recuerda que el derecho a su cobro está fundamentado “exclusivamente en la residencia efectiva o radicación real en las regiones o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.

Desde el ministerio liderado por la ministra Sandra Pettovello señalaron que la también excompañera de fórmula de Alberto Fernández tenía su domicilio en el distrito de la Capital Federal en el momento de recibir ambas asignaciones, mientras ocupaba, primero, el cargo de senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego el de Vicepresidenta de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023).

“Todo ello, constituiría una conducta penalmente reprochable, con perjuicio fiscal para ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”, prosigue la denuncia penal.

En atención a todo ello, el ente que gestiona las prestaciones de seguridad social solicitó “constituirse en parte querellante en virtud de los hechos denunciados, poniéndose a disposición de la Justicia para colaborar en la investigación y aportar todas las pruebas necesarias para esclarecer” lo que definió como un “posible caso de corrupción”.

El escrito se dio a conocer este martes, luego de que el Gobierno rechazara los reclamos iniciados por Cristina Kirchner y Amado Boudou, quien fue vicepresidente durante su segundo mandato, para recuperar las asignaciones mensuales vitalicias de privilegio que les quitaron a ambos a mediados de noviembre pasado.

“La justificación es la existencia de una sentencia definitiva que los condena por delitos contra la administración pública y enriquecimiento ilícito en su favor. No se trata de una jubilación o pensión lo que percibían, sino de una asignación graciable que la ley a los ex presidentes, pero que no tiene carácter contributivo”, había destacado en ese momento el titular de ANSES, Mariano de los Heros, siendo el fallo por la causa Vialidad -confirmado en segunda instancia-, el caso de la expresidenta.

El portavoz del presidente, Manuel Adorni, indicó que esta decisión representa para los argentinos en ese momento “un ahorro aproximado de $21.827.624” y anunció la revocación de la pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner, que también era percibida por Cristina. En cuanto a Boudou, el Gobierno le retiró la jubilación de privilegio pocos días después de la situación de la exJefa de Estado, una medida que fue oficializada en el Boletín Oficial.

La exmandataria tiene la opción de apelar ante la Justicia Federal de la Seguridad Social para solicitar la restitución de este privilegio, que se estima en alrededor de 32 millones de pesos mensuales. Este monto había sido solicitado por su jubilación y fue suspendido tras la confirmación de la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en su contra por parte de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

A días de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ Antifascista y Antirracista, en Casa Rosada le bajaron el precio a la protesta del colectivo al sostener que convocó a un número menor de personas al que esperaban, y confirmaron que irán por la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal.

Pese a la movilización que nucleó a más de 80.000 personas contra los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davis, fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron que los reclamos no incidirán en los planes del Poder Ejecutivo de avanzar con la agenda “anti feminista”.

“La marcha fue irrelevante. Está bien que movilicen, si así lo consideran, pero la verdad es que fue más chica de lo que se esperaba”, describieron al respecto al tiempo que alertaron a los sectores de la oposición que adhirieron a las premisas del colectivo LGBTIQ+.

Según esbozaron por los pasillos de Balcarce 50, los convocantes malinterpretaron el discurso del mandatario, lo que genera que el libertario continúe aclarando sus palabras.

Por otra parte, apuntaron contra los sectores de la oposición que criticaron al libertario al asegurar que “a todos los aliados, de alguna manera les terminó yendo mal. Todos terminaron escrachados”.

La referencia es en alusión a la figura del expresidente Alberto Fernández, autodenominado feminista, que por estos días es investigado por presunta violencia de género contra su expajera, Fabiola Yáñez.

Los dichos tienen un destinatario concreto: el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien se sumó a cuestionar la comparación del libertario que igualó a los homosexuales con pedófilos.

Se trata de uno de los referentes del PRO -partido aliado- que más diferencias marca con La Libertad Avanza, incluso es el blanco de los embates del espacio libertario que busca arrebatarle la Ciudad de Buenos Aires para desembarcar con nombres propios.

Pasada la movilización, en el Poder Ejecutivo desestimaron su daño y reiteraron que avanzarán con la agenda antifeminista que busca terminar con lo que definen como “discriminación positiva”, y que incluirá la eliminación de la caratula de femicidio contemplada en el Código Penal.

Una alta fuente involucrada en el tema admitió ante la agencia Noticias Argentinas que el equipo del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, trabaja en las modificaciones a aplicar para que la supresión de la figura no implique la libertad de ningún condenado.

“La idea es solo eliminar la distinción. No somos tontos, estamos trabajando para que ningún preso sea liberado, y poder mantener las penas para los homicidios tanto contra mujeres como contra los hombres, teniendo en cuenta los agravantes”, especificó.