El Gobierno oficializo la citación a sesiones extraordinarias entre el 20 de enero y el 21 de febrero para debatir la eliminación de las elecciones primarias PASO, los pliegos a la Corte Suprema y un paquete de proyectos de seguridad.

La decisión fue plasmada a través del DNU 23/2025 que firmaron el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

El Gobierno giró al Senado la convocatoria a sesiones extraordinarias desde el próximo lunes hasta el 21 de febrero, y luego se envió una copia del DNU al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. .

Uno de los principales temas que el Gobierno quiere abordar es la eliminación de las PASO que se deben realizar en agosto para definir los candidatos que presentarán los partidos políticos en los comicios de octubre para renovar 127 bancas de diputados y 24 del Senado.

Con la formalización de la convocatoria al período extraordinario, Diputados deberá armar una agenda para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia traten la reforma electoral, que tiene como punto central la derogación de las PASO.

Para poder lograr su objetivo el oficialismo debe alcanzar acuerdos con los bloques opositores y por el cual esta semana Francos avanzará con conversaciones, en primera instancia, con los bloques aliados del PRO y la UCR.

En ese sentido, el diputado de la Libertad Avanza, Lisandro Almirón, dijo que “la eliminación de las PASO es fundamental ya que demostraron su ineficacia”, aunque no descartó que, si no hay acuerdo con la oposición, se podría analizar en una primera instancia la suspensión de las elecciones primarias. .

Almirón agregó que “no se justifica que el Estado gaste el dinero de todos los argentinos para las internas de los partidos políticos” y resaltó la implementación de la Boleta Única de Papel para las próximas elecciones. .

Al ser consultado sobre la propuesta de suspender las PASO en lugar de su eliminación, Almirón dijo que el objetivo de “máxima” es eliminarlas y agregó: “Pero necesitamos consensos y, si no se logran los acuerdos, la suspensión sería un instrumento transitorio que podría tener sentido”.

La sanción del proyecto de reforma electoral requiere una mayoría agravada de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado, con lo cual necesita el respaldo de las bancadas de bloques aliados y de al menos un sector de Unión por la Patria.

También quiere que se aprueben los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Se incluye un nuevo proyecto de Ficha Limpia para evitar que puedan ser candidatos electivos los dirigentes condenadas en segunda instancia por casos de corrupción que deberá ser enviado por el Poder Ejecutivo.

En cuanto al resto del temario vinculado al paquete de proyectos de Seguridad, la ley Antimafia para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que tiene sanción de Diputados y dictamen de comisión en el Senado, con lo cual se podría tratar en la cámara alta.

Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos. .

Una de las modificaciones que se contempla es una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión, por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.

En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella.

Otro de los proyectos que quiere aprobar el oficialismo es la reforma del Código Procesal Penal sobre Reincidencia para evitar la puerta giratoria de los delincuentes, cuando ya tienen otros procesos por otros delitos. .

Esa propuesta tiene dictamen de comisión y no se pudo debatir porque estaba incluida en la misma sesión convocada para debatir el proyecto de Ficha Limpia, que no tuvo quórum porque no asistieron legisladores libertarios ni bloques que acompañan al oficialismo.

El despacho establece que si alguien está procesado y se comete un nuevo delito, se proceda a la detención, al modificarse el concepto de reincidencia por reiterancia para terminar con la denominada “puerta giratoria”.

La iniciativa modifica el artículo 17 del Código Procesal y, en ese sentido, establece que “las medidas restrictivas de la libertad solo podrán fundarse en la existencia de peligro real de fuga, de obstaculización de la investigación o de reiterancia delictiva, consistente en la imputación en una causa penal en forma coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada”.

En el temario se incluyó una reforma del Código Procesal Penal para implementar el Juicio en Ausencia que se podría aplicar para los acusados iraníes y libaneses del atentado terrorista a la sede de la AMIA, que tiene despacho de las comisiones de Legislación Penal y Justicia.

El proyecto que tiene dictamen de comisión permitirá juzgar a funcionarios del gobierno iraní acusados de ser los autores intelectuales y a los libaneses de Hezbollhá señalados por haber organizado el atentado que causó 85 muertos.

La Argentina había pedido la extradición de los ex ministros de Defensa Ahamad Vahidi; del ex ministro de Seguridad Alí Fallhijan; del ex ministro de Seguridad, del ministro de Economía y ex comandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai; del ex agregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires, Moshen Rabbani, y del ex secretario de esa sede diplomática Ahmad Reza Ashgari.

Este criterio de juzgamiento sin el imputado presente durante el juicio será válido para delitos de lesa humanidad, terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El juicio en ausencia sólo procederá cuando se hubieran cumplido una serie de requisitos, como por ejemplo que el imputado declarado rebelde, “conociendo la existencia del proceso en su contra no se presentare, no respondiere, no acatare o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial”.

También si “se hubieren hecho intentos razonables por tenerlo a derecho” durante cuatro meses “desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional”, sin poder dar con su paradero.

Además, se aplicaría el juicio en ausencia si “el requerimiento de extradición formulado por la República Argentina a un país extranjero ha sido denegado o no ha tenido respuesta en el plazo establecido, siempre que el Poder Ejecutivo Nacional no hubiese admitido el juzgamiento en aquel país”.

La agenda se completa con otra iniciativa de Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos que deberá ser enviado por el Gobierno Nacional.

El presidente Javier Milei firmó este viernes el decreto que convocó a sesiones extraordinarias en el Congreso, que se llevarán a cabo entre los próximos 20 de enero y 21 de febrero. Así lo informó el vocero Manuel Adorni.

En un posteo en X, el portavoz detalló que el temario incluye la Ley Antimafias, la modificación del Código Procesar Penal a fin de regular el “juicio en ausencia”, el régimen de reiterancia y unificación de condenas, la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, Ficha Limpia, la Ley sobre Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos y la consideración de pliegos que requieran acuerdo Senado de la Nación.

Unas horas antes de que el Gobierno oficializara la medida, el jefe de Gabinete Guillermo Francos había ratificado las razones para convocar a sesiones extraordinarias: “La reforma electoral es una de las propuestas que queremos tratar, porque en particular el tema de la eliminación de las PASO no puede esperar mucho tiempo más”.

“La preparación de una elección técnicamente lleva mucho tiempo, hay que llamar a licitaciones para la emisión de boletas, la compra de sobres, las urnas”, advirtió el funcionario en diálogo con Radio Mitre, a la vez que recordó que se utilizará la Boleta Única de Papel a nivel nacional por primera vez.

“Una PASO en el orden nacional debe estar costando 150 millones de dólares. ¿Tiene lógica que gastemos esa suma para resolver una interna partidaria?”, insistió Francos, al ser consultado una vez más por los argumentos de la iniciativa.

“Es un gasto ridículo, un mal uso de los fondos del Estado, un aprovechamiento del sistema y eso hay que cambiarlo. Si somos serios, hay que cambiar el sistema que se ha ido degradando”, concluyó.

Por otra parte, el jefe de Gabinete consideró que el oficialismo se encuentra “en momentos de trabajar en conjunto y llevar adelante leyes pendientes”. En ese sentido, confió que intentará “buscar los consensos para llevar estos proyectos adelante” y que, para ello, el próximo martes se reunirá con los diputados del PRO, del radicalismo y los demás bloques aliados.

Otro de los proyectos sensibles que se tratarán será Ficha Limpia, una propuesta introducida inicialmente por el PRO y que busca prohibir a todos aquellos que tienen condenas en segunda instancia por corrupción que se presenten a cargos electivos.

Esta iniciativa no había conseguido el quórum necesario en la sesión que se realizó en el periodo ordinario, pero finalmente Milei tuvo un acercamiento con Silvia Lospennato, su principal impulsora, y le aseguró que se volvería a tratar. “Operaron, difamaron, desinformaron. Otros simplemente no quisieron escuchar. Ficha limpia”, escribió el vocero presidencial en X luego de oficializar el llamado a sesiones extraordinarias.

Con respecto a los pliegos, el Gobierno presentó los de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, sus candidatos para ocupar las vacantes en la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que se había considerado nombrarlos por decreto, finalmente la decisión pasará por la Cámara alta, donde el oficialismo no tiene asegurada la mayoría de los votos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el desalojo de una comunidad mapuche en el parque nacional Los Alerces es “una recuperación para toda la sociedad argentina de un territorio tomado” y advirtió que estos grupos deben entender que de ahora en más “el que usurpa pierde derechos”.

La funcionaria explicó que “la Constitución Nacional contempla la posibilidad de acceso a la tierra (por estas comunidades), pero no usurpando y no ejerciendo violencia”, sino mediante una “negociación” y por eso recalcó que quienes usurpen no tendrán ese derecho.

“El que usurpa pierde su derecho a tener tierras, así como dijimos el que corta no cobra”, dijo la funcionaria haciendo un parangón con los movimientos sociales que utilizaban recurrentemente el corte de calles como medida de protesta.

Destacó que “una cosa es negociar un principio que está en nuestra Constitución Nacional, y otra es esta situación en la que avanzaban con violencia, usurpando, incendiando, cerrando caminos, cobrando peajes”.

Sostuvo que este tipo de situaciones no son exclusivas del sur del país, sino que “también hay casos en el norte” y ratificó que se va a hablar con los jueces que entienden en las “causas abiertas para desalojar tierras” para efectivizar los desalojos que correspondan.

Recordó que este tipo de ocupaciones viene siendo combatido “desde 2016” y añadió: “Cuando teníamos a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) que se desarticuló, pero quedaron comunidades que en vez de una búsqueda de acuerdos usurpan, cobran peajes, cierran caminos y hasta se instalan en zonas peligrosas”.

Agregó que desde el Poder Ejecutivo se avanza en conversaciones “con todos los jueces que tienen desalojos para llevarlos adelantes y recuperar tierras robadas” y que cualquier negociación sobre tierras se llevará a cabo a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.