Los agentes públicos de Río Negro podrán desvincularse del Estado y obtener una serie de beneficios, tras haberse modificado en la Legislatura la Ley Nº 3135. El proyecto fue originado en el Poder Ejecutivo y contó con el respaldo mayoritario del Parlamento.

El personal que adhiera a esta medida percibirá por única vez una suma equivalente a 1,2 sueldos por año de antigüedad o fracción mayor a seis meses, que se abonará al contado o en cuotas, de acuerdo a la antigüedad laboral. El monto de esas cuotas se actualizará de acuerdo al aumento salarial que se produzca en las categorías que revestían al momento de retirarse.

También continuarán recibiendo las prestaciones del IPROSS por un año y quienes inicien alguna actividad económica en la provincia gozarán de exenciones en el impuesto a los ingresos brutos.

La legisladora Marcela González Abdala (Juntos Somos Río Negro) fundamentó la iniciativa diciendo que se basa en la necesidad de modernizar el Estado, evaluando la cantidad y calidad de sus agentes.

Tras mencionar que “la sociedad pide un cambio de rumbo” en ese aspecto, sostuvo que “muchas provincias atraviesan por la misma situación, y lo están discutiendo. Todo ello producto del rumbo económico actual”.

Indicó que el gobierno nacional eligió despedir a algunos sectores de trabajadores, mientras que Río Negro “optó por el diálogo y por poner en marcha esta desvinculación para aquellos agentes que creen que han cumplido un ciclo en el Estado”.

Opiniones, aportes y críticas

Al tomar la palabra otros legisladores, César Domínguez (Primero Río Negro) argumentó su acompañamiento, aunque pidió el congelamiento de nuevos ingresos por el término de tres años. “Si eso no ocurre se va a convertir en una puerta giratoria, porque se irán retirando pero también incorporando”.

El bloque de Vamos con todos no apoyó la iniciativa. Ayelén Spósito consideró que la suma estimada que recibirá en promedio cada desvinculado (unos 10 millones de pesos) “no alcanza para iniciar una actividad privada”. Resaltó el incremento de la cantidad de agentes públicos “previo a las campañas electorales”.

Leandro García (Partido Justicialista-Nuevo Encuentro) explicó que el respaldo a la propuesta se debe a la necesidad de modernizar el Estado y al deseo de “darle una mano” a los empleados estatales.

No obstante solicitó que las cuotas que se les abonarán tras desvincularse se actualicen y de esa manera no ser tan afectados por la inflación. También requirió que tengan atención prioritaria por parte de la Agencia de Desarrollo Económico en materia de capacitación y asistencia financiera, si optan por comenzar con un emprendimiento privado.

Por otra parte, García anticipó que presentará otra propuesta para que también puedan desvincularse quienes se encuentren a menos de cinco años de acceder a la jubilación y ya tienen lo 30 años de aportes.

La Coalición Cívica ARI-Cambiemos también votó a favor de la iniciativa, según lo adelantó antes de la votación el legislador Javier Acevedo: “Sabemos que hay sobredimensióon de empleados, que muchas veces llegan con las elecciones, pero un retiro voluntario es mucho mejor opción que los despidos”.

Asimismo propuso que se aumenten algunos montos que se abonarán a quienes se retiren y se acorte la cantidad de cuotas. También que se invite a adherir a otros poderes del Estado y a los municipios.

Si bien acompañaron el proyecto porque entendieron que “es mejor que nada”, desde el bloque PRO-Unión Republicana criticaron varios aspectos de la presentación.

María Laura Frei sostuvo que el proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo “fue por necesidad y no por convicción. Este mismo gobierno aumentó la planta mediante sucesivos pases a planta permanente, pero no mejoró el servicio. Ahora llegó el momento en que no hay plata. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen con el agua hasta el cuello y no hay un plan”.

Juan Martín, por su parte, manifestó que la Provincia comenzó a “desandar un camino de festival de empleo públicos”. “En este tiempo de gobiernos verdes y un gremio que usa el mismo color, la cantidad de agentes estatales creció de 48.000 a 68000. Ésto se paga con déficit y deudas, y las consecuencias las tenemos hoy”.

Para Lorena Matzen (UCR) se trata de “un retiro con dignidad económica” debido a los montos que recibirán quienes decidan retirarse. Destacó además que es una medida voluntaria y no forzosa.

López: “No hay que temerle al Estado”

Cerró las deliberaciones el presidente del bloque oficialista, Facundo López, quien -en principio- desmintió los dichos de Juan Martín sobre el incremento del personal: “No es verdad que aumentamos la planta, eran agentes que estaban contratados y adquirieron estabilidad”. Añadió que sí se contrataron más trabajadores, pero para cubrir cargos tras la apertura de nuevas escuelas y hospitales.

López afirmó que “no hay que temerle al Estado, porque el Estado siempre equilibra y elimina extremos”.

Finalmente informó que se incorporaron algunas modificaciones en el proyecto, producto de sugerencias de otros bloques, como que las cuotas indemnizatorias se actualicen de acuerdo a los aumentos salariales de las categorías que revestían al momento de retirarse.

El proyecto fue votado por 40 legisladores y rechazado por 5.

El vicegobernador Pedro Pesatti anticipó en una declaración para la prensa que en las próximas semanas se aprobarán las reformas para poner en simetría la actividad económica, comercial e industrial de Viedma con el Partido de Patagones.

“El gobernador Weretilneck me encomendó la ejecución de esta decisión para que las empresas radicadas y a radicarse en el Parque Industrial de Viedma tengan los mismos beneficios impositivos que existen en el Parque Industrial de Patagones. La asimetría impositiva ha sido muy negativa para nuestra provincia -indicó Pesatti- porque un gran número de empresas que trabajan en Río Negro y que tienen su origen en nuestra jurisdicción decidieron radicarse en Patagones por los beneficios impositivos que fijó la provincia de Buenos Aires para estimular la radicación de empresas en el Parque Industrial de Patagones.”

Pesatti que durante su paso por la intendencia de Viedma eliminó el pago de todo tipo tributo para la habilitación de cualquier tipo de negocios o empresas con el programa FOPYME, consideró que “esta decisión del gobierno provincial servirá para recuperar la simetría impositiva y los estímulos que necesitamos para hacer crecer la actividad económica en general y para acompañar, por sobre toda las cosas, a las PYMES y micro PYMES de nuestra región”.

En un contexto de desfinanciamiento de la obra pública por parte del Gobierno nacional, la provincia de Río Negro puso en marcha un programa de acceso a la tierra y la vivienda.

En un acto del que participaron el Gobernador Alberto Weretilneck; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; el presidente de UOCRA, Damian Miler y el presidente de la cooperativa de viviendas Santa Clara Ltda, Felisario Melillán, se firmó un convenio para la ejecución de 50 viviendas nuevas en Viedma.

Serán unidades habitacionales de 36 metros cuadrados con posibilidad de futuro crecimiento. En esta oportunidad se harán obras en tres etapas, que iniciará con la construcción de 20 viviendas, luego serán 16 y en la tercera y última etapa habrá 14 nuevas casas.

“Llevan 9 años esperando por esto así que es una gran alegría para las y los beneficiarios y también para el Gobierno provincial, que les pudo dar una solución a su demanda de acceso a la vivienda. Es el lanzamiento de un programa provincial de viviendas que va a financiar Río Negro”, explicó Alejandro Echarren.

El programa tiene como objetivo principal promover la eficiencia energética en las viviendas, permitiendo clasificarlas según su grado de eficiencia en el requerimiento global de energía primaria, marcando un hito en la búsqueda de un hábitat más ecológico y eficiente.

Dicha obra se encuentra en proceso de llamado a licitación en los próximos meses con un presupuesto aproximado a la fecha de $ 600.000.000.

Una oferta para terminar la obra del edificio de Ipross en Viedma

Durante el mismo acto, el Gobierno provincial recibió una oferta este miércoles para la finalización de la construcción del edificio del Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) en Viedma, obra a la que le resta un 28% para ser terminada.

El presupuesto oficial para la obra es de $ 1.729.118.708, con un plazo de ejecución de la misma de 360 días. Ante la presencia de la presidente del IPROSS, Marcela Avila, la empresa Silpa ofreció $ 2.445.121.936,67.

Las nuevas instalaciones de la obra social provincial proveerán de espacios más amplios y adecuados para el desarrollo de las rutinas laborales de los 250 empleados de la sede central y para optimizar la atención de las y los afiliados.