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9 aciertos, 12 desaciertos y 4 “ni” en el primer año de la economía de Cambiemos

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Hacer un balance del primer año de Gobierno, sin tener muy en claro el punto de partida, no sólo por la singular devaluación que en el pasado lustro sufrieron las estadísticas públicas, y por los severos desajustes que arrastraban las principales variables de la economía, como tipo de cambio, tarifas, tasas de interés, déficit fiscal, estancamiento de la actividad agregada y persistencia de un estado default parcial por más de 14 años que impidió acceder al mercado internacional de deuda en uno de los períodos históricos de tasas de interés por el piso, sino también porque aparecieron deudas no registradas, pagos a proveedores con atrasos de más de seis meses, oficinas públicas desmanteladas e infinidad de obras paralizadas-según denunciaron varios funcionarios a poco de asumir-, resulta complejo y naturalmente incompleto.

Desde el 10 de diciembre de 2015 se anunció casi hasta el cansancio el propósito de encarar cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntarían a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad, y recrear un clima de negocios.

Sin embargo, en el primer año los logros no sólo fueron parciales, sino que peor aún estuvieron desdibujados por la incapacidad o resistencia a atacar uno de los principales males que se arrastran desde hace más de 60 años: el crecimiento de un estado que gasta mucho más de lo que recauda y de modo altamente ineficiente, porque no sólo no cumple plenamente con las tareas primarias definidas en la Constitución Nacional, sino porque además es la causa del ascenso de la pobreza y la degradación de la Argentina en cualquier ranking internacional, porque con una singular presión tributaria en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, desalienta la actividad privada y promueve el estancamiento y el atraso de la sociedad en su conjunto, que crece de modo desarticulado.
Shocks, gradualismo y más de lo mismo
En primer lugar el Gobierno fue contundente en levantar el cepo y liberar el tipo de cambio. Fue un acierto porque terminó con dos grandes ataduras al desarrollo económico y una inquietante inflación reprimida, como quedó demostrado en el primer semestre de gestión.

Pero al mismo tiempo fue desacertada la estrategia de no exponer y explicar la herencia recibida y de no cumplir con todas las formas legales para normalizar la economía, dentro de las limitaciones que impone una situación socioeconómica alarmante, y del programa de colocación de deuda para pagar vencimientos y compromisos que no estaban registrados, como con los holdouts, -con un aumento neto muy acotado- porque alimentó las críticas de la oposición por un supuesto aumento del atraso cambiario que recibió, o que incentivó la fuga de capitales, cuando fue el acto natural de quitar los obstáculos para el movimiento de divisas, porque nadie entra donde no lo dejan luego salir; y tampoco sobre los tiempos inerciales con que reaccionan las variables macroeconómicas, expansivas como las monetarias, o las reprimidas, como las tarifas y el tipo de cambio.

También fue un acierto la rápida eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, de productos de economías regionales y a la actividad minera y mayoritariamente a la economía pampeana, con la exclusión del complejo sojero para el que diseño un esquema de baja gradual, porque constituye un impuesto distorsivo que desalienta la producción y las exportaciones.

Fueron acertados los pasos tomados para cerrar definitivamente en sólo cuatro meses el default parcial que se extendió por 14 años, con amplio apoyo legislativo, porque con ello se reabrió la puerta del mercado internacional de deuda, no sólo por parte del sector público, sino también del privado, a tasas sustancialmente menores que en el pasado reciente, porque el índice de riesgo país descendió más de 200 puntos básicos y los intereses pactados llegaron a reducirse en hasta 500 puntos básicos.

Por el contrario, incurrió en un claro y costoso desacierto en materia de recomposición de los cuadros tarifarios, en particular del gas domiciliario y energía eléctrica, porque no sólo desoyó las recomendaciones de cumplir con la exigencia normativa de convocar a audiencias públicas, antes de aplicar aumentos que, por no advertir el campo minado heredado, llegaron a más de 20 veces, tanto para algunas familias, como para muchas pymes electro y gas intensiva.

Fue un acierto la política monetaria del Banco Central de ocuparse y preocuparse por fijarse como meta principal la preservación del valor de la moneda, esto es en la baja de la tasa de inflación. Pero fue incapaz en explicar a la sociedad en su conjunto que el pico de suba de los precios, de un ritmo de 25% al año cuando asumió el Gobierno, a un pico de más de 43% anual entre el segundo y tercer trimestre, fue la consecuencia del desborde de la emisión de moneda en los últimos seis meses de la gestión de Alejandro Vanoli, cuyo efecto en precios se manifestó entre 6 y 8 meses después.

Fue desacertada la decisión del Banco Central de no revertir el aumento de la deuda asumida con la colocación de Letras como principal instrumento de regulación monetaria, y reemplazarla por una suba gradual de los encajes bancarios no remunerados, porque no sólo el pago de intereses genera un alto costo cuasi fiscal al duplicarse en un año y equiparar el nivel de la cantidad de dinero en circulación y en bancos, sino que además afecta a las expectativas de los agentes económicos, y contribuye a que la flotación del tipo de cambio no sea tan limpia, porque está afectada por la fijación de tasas de interés reales positivas, esto es por arriba de la inflación esperada, que conspiran contra la competitividad cambiaria de la producción nacional.

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Asfalto rionegrino: un proyecto busca reducir costos y agilizar la pavimentación

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El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del partido Vamos con Todos, ha presentado un ambicioso proyecto de ley en la Legislatura de Río Negro destinado a crear el Programa “Asfalto Rionegrino”. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir los costos de pavimentación y acelerar la obra pública a lo largo de la provincia, garantizando un acceso equitativo a la infraestructura vial en áreas urbanas y barriales.

El proyecto subraya la crítica situación de la infraestructura vial en Río Negro, donde la falta de pavimento y el deterioro de las calles representan una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según el texto presentado, estas condiciones afectan la transitabilidad, incrementan los costos de mantenimiento urbano y deterioran la calidad de vida de la población. Ante este escenario, se propone la adquisición e instalación de cinco plantas asfálticas de menor escala y coste accesible, con un valor estimado de 370,000 dólares cada una.

La inversión total de 1.85 millones de dólares sería comparable al costo de una sola planta tradicional, pero con un impacto territorial, productivo y social superior. El legislador explica que el mercado actual solo ofrece plantas de gran porte que alcanzan precios entre 1.2 y 2 millones de dólares, lo que las hace inaccesibles para la mayoría de los municipios de la provincia.

Estas cinco plantas se distribuirían estratégicamente en diferentes regiones de Río Negro: Alto Valle, Valle Medio, Valle Inferior, Línea Sur y región Cordillerana. Esta organización alentaría la reducción de costos en el traslado de materiales, mejorando previsibilidad en la ejecución de obras y asegurando el acceso a la pavimentación para todos los municipios, independientemente de su ubicación geográfica.

Cada planta está diseñada para producir aproximadamente 50 toneladas de asfalto por hora, permitiendo la pavimentación de una cuadra estándar de 100 metros en solo dos horas. La propuesta no solo busca solucionar problemas de infraestructura, sino también abordar cuestiones sociales, como el acceso de servicios esenciales en barrios populares que sufren las consecuencias de las calles de tierra.

Además, el proyecto resalta la importancia de la gestión estatal, ya que la operación y mantenimiento de las plantas estarán a cargo del personal de la Dirección de Vialidad Rionegrina. Con una visión ambientalista, se establece que las plantas deberán operar de manera 100% eléctrica, eliminando así la quema de combustibles fósiles y alineándose con políticas públicas sostenibles. La propuesta enfatiza que la financiación no implicará nuevos impuestos, sino que se basará en la redistribución de recursos existentes, haciendo que este programa sea un paso crucial para mejorar la calidad de vida de los rionegrinos.

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Infraestructura y energía: la Ruta 9 como apuesta de futuro en Río Negro

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El Gobierno Provincial avanza con una obra estratégica para el desarrollo productivo y energético de la provincia: el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, acceso directo a Punta Colorada, donde se construye la Terminal de Exportación del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

El Gobernador Alberto Weretilneck estimó que en febrero se realizará el llamado a licitación para la obra. “La Ruta 9 no es un camino más. Es el acceso a una de las obras energéticas más importantes del país. Es desarrollo y trabajo para nuestra gente”, afirmó.

Los trabajos forman parte de un paquete de obras viales que la Provincia financia con fondos del Bono VMOS, obtenido a partir del acuerdo con las empresas petroleras que operan el oleoducto. La inversión prevista para esta obra es de $3.251 millones.

La intervención permitirá mejorar de manera sustancial la transitabilidad y la seguridad vial en un tramo clave para la logística provincial: el recorrido que conecta la Ruta Nacional 3 con Punta Colorada. Se trata de un corredor fundamental para el movimiento de equipos, servicios y tareas vinculadas a la construcción del oleoducto, y para acompañar el crecimiento que se proyecta en la región.

Con esta obra, el Gobierno de Río Negro se anticipa a las necesidades de infraestructura que impone el desarrollo energético. “Invertimos en rutas, servicios e infraestructura para que el desarrollo quede en la provincia y se traduzca en oportunidades concretas para nuestra comunidad”, remarcó Weretilneck.

El proyecto contempla el enripiado integral de la Ruta Provincial 9, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta Nacional 3 y el acceso a Punta Colorada, con una extensión total de 28,1 kilómetros.

Los trabajos previstos incluyen el ensanche de la calzada hasta 7 metros, la ejecución del enripiado, movimiento de suelos con terraplenes y compactación especial en sectores puntuales, intervención sobre alcantarillas existentes, señalización vertical con cartelería reflectiva y la colocación de defensas metálicas en sectores definidos del tramo.

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Pesatti sobre los incendios: “El ajuste de Milei lo están pagando nuestros bosques”

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El vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, ha emitido fuertes declaraciones sobre la situación actual de los incendios forestales en la Patagonia y las implicaciones de la gestión del gobierno. “Decía el gran escritor Tomás Eloy Martínez que los argentinos padecemos un mal crónico: callamos cuando hay que gritar y gritamos cuando es tiempo de reflexionar sobre el silencio que hicimos cuando era necesario alzar la voz”, comenzó Pesatti. Su crítica se centra en lo que considera una “asincronía cívica” que ha llevado a una tragedia ambiental y humana, mientras el país enfrenta devastadores incendios.

Pesatti criticó la narrativa del oficialismo, que intenta atribuir responsabilidades a la comunidad mapuche en lugar de asumir su propia inacción. “Se trata de una cortina de humo para ocultar una responsabilidad deliberada: el Gobierno decidió desfinanciar las acciones preventivas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego”, subrayó, señalando que el verdadero problema radica en la falta de inversiones en tareas esenciales para prevenir tales desastres. Resaltó que en 2024, el gobierno solo ejecutó el 26% del presupuesto destinado a estas actividades.

El vicegobernador también abordó el impacto de las políticas del gobierno sobre el sistema de salud y la seguridad social. “El vaciamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas ha dejado en vulnerabilidad a una política que salvaba la vida de 7,000 recién nacidos cada año”, indicó. Acusó a la administración de convertir a las personas con discapacidad en meros “gastos” y de desmantelar proyectos clave para la salud pública y el bienestar social.

A su juicio, la gestión actual se basa en un modelo que sacrifica a los sectores más vulnerables en favor de las grandes corporaciones. “Mientras se licúa el ingreso de los jubilados en un 27,4% y se pulveriza el salario real, el Gobierno beneficia a un círculo de apenas 144 grandes empresas que concentran el 56% del beneficio fiscal”, explicó. Este análisis refleja una creciente preocupación por la desigualdad económica y social que se profundiza bajo el actual gobierno.

Pesatti concluyó su crítica alertando sobre la insostenibilidad de un país gobernado únicamente con eslóganes. “Una macroeconomía sostenida exclusivamente sobre el endeudamiento externo y el ajuste de los más vulnerables es un gigante con pies de barro”, afirmó. Instó a la sociedad a no quedarse callada: “Expresarse con la voz a pleno es un acto de legítima defensa frente a un modelo de ajuste que están pagando nuestros bosques en llamas y los ciudadanos más desprotegidos”.

Las palabras de Pesatti resaltan la urgencia de un cambio en la política ambiental y social de Argentina, reflejando la necesidad de un enfoque más equilibrado que priorice tanto el bienestar de la población como la protección del medio ambiente.

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