Hacer un balance del primer año de Gobierno, sin tener muy en claro el punto de partida, no sólo por la singular devaluación que en el pasado lustro sufrieron las estadísticas públicas, y por los severos desajustes que arrastraban las principales variables de la economía, como tipo de cambio, tarifas, tasas de interés, déficit fiscal, estancamiento de la actividad agregada y persistencia de un estado default parcial por más de 14 años que impidió acceder al mercado internacional de deuda en uno de los períodos históricos de tasas de interés por el piso, sino también porque aparecieron deudas no registradas, pagos a proveedores con atrasos de más de seis meses, oficinas públicas desmanteladas e infinidad de obras paralizadas-según denunciaron varios funcionarios a poco de asumir-, resulta complejo y naturalmente incompleto.

Desde el 10 de diciembre de 2015 se anunció casi hasta el cansancio el propósito de encarar cambios profundos, tanto en lo referente a las políticas que apuntarían a la normalización de la economía, como a dar respuesta a viejos reclamos sociales en pos de una mejor distribución de los recursos en la sociedad, y recrear un clima de negocios.

Sin embargo, en el primer año los logros no sólo fueron parciales, sino que peor aún estuvieron desdibujados por la incapacidad o resistencia a atacar uno de los principales males que se arrastran desde hace más de 60 años: el crecimiento de un estado que gasta mucho más de lo que recauda y de modo altamente ineficiente, porque no sólo no cumple plenamente con las tareas primarias definidas en la Constitución Nacional, sino porque además es la causa del ascenso de la pobreza y la degradación de la Argentina en cualquier ranking internacional, porque con una singular presión tributaria en todos los órdenes, nacional, provincial y municipal, desalienta la actividad privada y promueve el estancamiento y el atraso de la sociedad en su conjunto, que crece de modo desarticulado.
Shocks, gradualismo y más de lo mismo
En primer lugar el Gobierno fue contundente en levantar el cepo y liberar el tipo de cambio. Fue un acierto porque terminó con dos grandes ataduras al desarrollo económico y una inquietante inflación reprimida, como quedó demostrado en el primer semestre de gestión.

Pero al mismo tiempo fue desacertada la estrategia de no exponer y explicar la herencia recibida y de no cumplir con todas las formas legales para normalizar la economía, dentro de las limitaciones que impone una situación socioeconómica alarmante, y del programa de colocación de deuda para pagar vencimientos y compromisos que no estaban registrados, como con los holdouts, -con un aumento neto muy acotado- porque alimentó las críticas de la oposición por un supuesto aumento del atraso cambiario que recibió, o que incentivó la fuga de capitales, cuando fue el acto natural de quitar los obstáculos para el movimiento de divisas, porque nadie entra donde no lo dejan luego salir; y tampoco sobre los tiempos inerciales con que reaccionan las variables macroeconómicas, expansivas como las monetarias, o las reprimidas, como las tarifas y el tipo de cambio.

También fue un acierto la rápida eliminación de las retenciones a las exportaciones industriales, de productos de economías regionales y a la actividad minera y mayoritariamente a la economía pampeana, con la exclusión del complejo sojero para el que diseño un esquema de baja gradual, porque constituye un impuesto distorsivo que desalienta la producción y las exportaciones.

Fueron acertados los pasos tomados para cerrar definitivamente en sólo cuatro meses el default parcial que se extendió por 14 años, con amplio apoyo legislativo, porque con ello se reabrió la puerta del mercado internacional de deuda, no sólo por parte del sector público, sino también del privado, a tasas sustancialmente menores que en el pasado reciente, porque el índice de riesgo país descendió más de 200 puntos básicos y los intereses pactados llegaron a reducirse en hasta 500 puntos básicos.

Por el contrario, incurrió en un claro y costoso desacierto en materia de recomposición de los cuadros tarifarios, en particular del gas domiciliario y energía eléctrica, porque no sólo desoyó las recomendaciones de cumplir con la exigencia normativa de convocar a audiencias públicas, antes de aplicar aumentos que, por no advertir el campo minado heredado, llegaron a más de 20 veces, tanto para algunas familias, como para muchas pymes electro y gas intensiva.

Fue un acierto la política monetaria del Banco Central de ocuparse y preocuparse por fijarse como meta principal la preservación del valor de la moneda, esto es en la baja de la tasa de inflación. Pero fue incapaz en explicar a la sociedad en su conjunto que el pico de suba de los precios, de un ritmo de 25% al año cuando asumió el Gobierno, a un pico de más de 43% anual entre el segundo y tercer trimestre, fue la consecuencia del desborde de la emisión de moneda en los últimos seis meses de la gestión de Alejandro Vanoli, cuyo efecto en precios se manifestó entre 6 y 8 meses después.

Fue desacertada la decisión del Banco Central de no revertir el aumento de la deuda asumida con la colocación de Letras como principal instrumento de regulación monetaria, y reemplazarla por una suba gradual de los encajes bancarios no remunerados, porque no sólo el pago de intereses genera un alto costo cuasi fiscal al duplicarse en un año y equiparar el nivel de la cantidad de dinero en circulación y en bancos, sino que además afecta a las expectativas de los agentes económicos, y contribuye a que la flotación del tipo de cambio no sea tan limpia, porque está afectada por la fijación de tasas de interés reales positivas, esto es por arriba de la inflación esperada, que conspiran contra la competitividad cambiaria de la producción nacional.