Río Negro buscará impulsar la industria energética en las tierras fiscales

Río Negro buscará impulsar la industria energética en las tierras fiscales

El gobierno provincial quiere ampliar el destino de los 4 millones de hectáreas de tierras fiscales que existen en Río Negro e incluir a la minería, la industria energética, turística y tecnológica como actividades a desarrollar allí.

El Código de Tierras Fiscales rige en la provincia desde hace 57 años. Las modificaciones parciales de artículos y reglamentos fueron constantes en estas décadas y en 2016 el gobierno intentó una reforma profunda pero nunca avanzó en el trámite legislativo y caducó su vigencia.

Ahora el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo, desempolvó el borrador y removió el avispero hace dos semanas cuando sorprendió a las autoridades del Parlamento Mapuche y del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (Codeci) al anunciar la intención de promover una nueva reforma en la política de tierras fiscales. El principal cambio radica en la concepción del destino de la tierra rural que con las modificaciones “podrá destinarse a la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, tecnológica, mixta u otra económicamente rentable”, según indica el artículo 16 del proyecto al que accedió “Río Negro”.

La coordinadora del Parlamento Mapuche objetó la iniciativa. De inmediato enviaron notas a la Legislatura, los bloques políticos y al propio gobernador Alberto Weretilneck para pedir que se abra una instancia de debate amplio antes de promover cambios y también para poner el foco en los incumplimientos en el relevamiento de tierras que reclaman comunidades de pueblos originarios.

“La provincia falló en el marco del diálogo previo, pedimos que se ponga en discusión el proyecto, que se dé amplio debate no solo entre las comunidades mapuches sino en todos los sectores de la sociedad porque esta ley tiene un gran impacto social”, señaló a Javier Carriqueo, secretario del Parlamento Mapuche.

El ministro Di Giácomo aseguró que el proyecto “se puso sobre la mesa para discutir” y que la intención del gobierno es que se trate el año que viene. “El Ejecutivo entiende que hay que abordar estos temas, pretendemos la regularización de situaciones reales, no hablamos de salir a vender la tierra”, afirmó.

El proyecto impulsa mecanismos de adjudicación para otorgar títulos de propiedad a pobladores asentados en tierras rurales fiscales y en comisiones de fomento, antes del 31 de diciembre de 2017.

Según el proyecto, la política de regularización de tierras fiscales estará bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, desplazando así la facultad a la Dirección de Tierras y Colonias que interviene en la materia desde 1961.

Para Di Giácomo, “la ley ha perimido en muchos de sus aspectos, en la ley vigente el concepto tiene que ver con la colonización y nosotros queremos mantener un criterio de tipo desarrollista y productivista respecto de la tierra”.

Con esa premisa, el gobierno agrega a los destinos actuales de la tierra fiscal (agrícola, ganadera y forestal) la explotación de otras actividades como energéticas, mineras, tecnológicas, turísticas, industriales, mixtas u otras económicamente rentables. “Ya hay situaciones de hecho de explotación turística por ejemplo en tierras de la Comarca Andina y buscamos abrirnos a las inversiones productivas y de nuevas tecnologías, amplía el margen de posibilidad de utilización de la tierra”, justificó el ministro.

Aclaró que con la reforma no se contemplan cambios en la propiedad comunitaria de la tierra, no se titularizarán zonas donde existen reclamos vigentes por parte de pueblos originarios y que se mantendrán las restricciones vigentes en otras normas para zona de fronteras y extranjeros.

Con el nuevo escenario, el Parlamento Mapuche insistió en su reclamo para que se termine el relevamiento territorial exigido por la ley 26.160, al considerar que con una reforma en la Ley de Tierras habría “una afectación directa y grave de nuestros derechos e intereses”. También Carriqueo denunció que la Ley Integral Indígena de 1988 no se aplica en su totalidad y cuestionó que esté en facultades del Ejecutivo únicamente la decisión de “vender las tierras aptas”.

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