Río Negro apuesta a un centralización jurídica

Río Negro apuesta a un centralización jurídica

El Estado provincial creará un cuerpo de abogados, concentrando a la totalidad de los profesionales de la administración pública. La Fiscalía de Estado liderará este armado para unificar “criterios y pautas” en los procedimientos administrativos, intentando “mejorar” y “facilitar” los trámites internos.

Esta centralización jurídica ya tuvo otros intentos, pero no prosperaron por disparidades entre las asesorías legales y la Fiscalía, profundizadas por desigualdades salariales.

La conformación del “cuerpo de abogados” recaerá en la Fiscalía de Estado por su condición de órgano jurídico del Poder Ejecutivo. Esa organización preve “disponer requisitos o pautas de intervención de los asesores legales en los trámites administrativos, de manera de estandarizar y facilitar los procedimientos”; y además “diseñar, organizar y/o coordinar todas las actividades de capacitación jurídica”.

El Decreto 247 también prevé el armado de un “registro de todos los abogados del Estado, con carácter obligatorio” para su “valoración y un mejor diseño” de las capacitaciones. Esa pretendida nómina permitirá precisar el número de abogados estatales, que se estiman en cientos. En Viedma, los matriculados rondan los 450, de los cuales, dos terciosestarían -aproximadamente- relacionados con la Administración Pública, es decir, unos 300 profesionales.

Existe un recelo disimulado públicamente entre las áreas, originado en las diferencias de haberes entre los abogados del mismo Poder y, en principio, por iguales funciones. La Fiscalía de Estado lidera el ranking remunerativo en el Ejecutivo, con algo más de medio centenar de abogados. Su promedio salarial -según las ejecuciones del año pasado- está en los 55.000 pesos de bolsillo. Sus similares -en el mejor de los casos- llegan a la mitad y un porcentaje alto se vinculan con contratos de servicios.

Estas diferencias remunerativas complicaron una propuesta de coordinación anterior, planteada en 1996 por el Decreto 1.960.

En este caso, el fiscal Julián Fernández Eguía alentó la nueva norma para el “fortalecimiento de las áreas jurídicas”, procurando “dinamizar y mejorar los trámites y procedimientos administrativos”. Entiende -según los argumentos de la norma- que redundará “un mejor servicio”, “potenciando los principios de eficiencia, eficacia y transparencia en el obrar administrativo”.

Puntualmente, el primer artículo dispone la creación de un “cuerpo” integrado por “todos los servicios de asesoramiento jurídico permanente y todos los abogados” de la Administración Pública”, incluyendo Central, entes y sociedades. El mismo será presidido por el Fiscal de Estado, con el propósito de “coordinar el asesoramiento jurídico”, “disponer requisitos o pautas de intervención en los trámites administrativos” para “estandarizar y facilitar procedimientos”, y “establecer actividades de capacitación como requisito previo o concomitante para el ingreso de nuevos abogados a la Administración Pública Provincial”.

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